El dinero que el Estado asigna a las organizaciones políticas a través del Fondo Partidario Permanente (FPP) se utiliza también con otros fines no inherentes a la formación o capacitación política de sus miembros, según lo revelan los procesos de fiscalización que realiza el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El artículo 355 del Código de la Democracia, respecto del financiamiento público, establece la asignación del 0,3 mil de los egresos fiscales del presupuesto del Estado, los que serán utilizados exclusivamente para propiciar actividades de formación, publicaciones, capacitación e investigación, así como para su funcionamiento institucional.

Sin embargo, de acuerdo con los informes de fiscalización que ejecutó el CNE al gasto privado y financiamiento público de ocho organizaciones políticas entre el 2012 y 2018, no se observó la norma.

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El pasado 30 de noviembre, los consejeros electorales resolvieron sobre ocho informes de fiscalización a partidos y movimientos políticos relacionados con el monto y origen de los recursos privados y destino de los recursos públicos del Fondo Partidario Permanente.

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A cinco les aprobaron los informes económicos financieros, pues presentaron los justificativos y cumplieron con la norma, estos son: Fuerza Compromiso Social (ahora Revolución Ciudadana), el extinto Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), el extinto Movimiento Popular Democrático (MPD) que se fusionó con Unidad Popular, el Partido Social Cristiano (PSC) y el movimiento Creando Oportunidades (CREO).

A los partidos Avanza, Izquierda Democrática (ID) y Sociedad Unida Más Acción (SUMA) les otorgaron quince días adicionales de plazo para que presenten justificativos.

En el caso de Avanza -que fue fundado por Ramiro González, exdirector del Seguro Social (IESS) y hoy prófugo de la justicia-, el CNE le hizo varias observaciones respecto de sus gastos entre el 2013 y 2016. Durante esos cuatro años se le asignaron por FPP $ 3′776.000.

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Según el informe, no se presentó documentación que justifique gastos por $ 1,7 millones realizados con cargo al Fondo en 2014, 2015 y 2016.

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En tanto que del 2015 y 2016 se había observado que los recursos se invirtieron en actividades ajenas a los fines del Fondo, como compras de alimentos, mantenimiento de jardines, compra de plantas, alquiler de bandas de pueblo, pago de bonos, consumo de bebidas alcohólicas, videos de Navidad, pagos de mora al IESS y al SRI, que sumaron $ 78.000.

Justificaron $ 12.842 por la compra de una almohada, uniformes deportivos, pagos de bonos, alquiler de la banda de pueblo, entre otros, que se habían hecho con fondos privados.

Otros $ 58.000 del FPP, que no se justificaron, se destinaron para la compra de juguetes, caramelos, campaña electoral, publicación de condolencias en prensa, compra de televisores, cocinetas, cilindros de gas, bebidas alcohólicas y cigarrillos.

El movimiento CREO realizó también gastos cargados al Fondo, de los que hicieron los ajustes contables, por lo que el Consejo aprobó sus descargos.

Por ejemplo, se observó que en el ejercicio fiscal del 2015 y 2016 se compraron medicinas, pago de parqueadero, propinas, campaña electoral y recargas electrónicas celulares por $ 229, que se justificaron. En el 2017 se pagó combustible, comida, propinas, parqueadero, botellones de agua por $ 400 que se justificaron.

El PSC en el 2017 destinó $ 200 del FPP en pagos por mora al IESS; con relación al 2018, fue observado por pagar multas al IESS, impuestos prediales y publicación de condolencias por más de $ 1.000 que también se justificaron.

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Incluso se había otorgado un préstamo por $ 3.000 a una de sus trabajadoras y se pagó anticipadamente a proveedores, que el partido subsanó ante la autoridad electoral.

De estos informes también se observó que los aportes privados no superan al aporte público.

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El Código de la Democracia en su artículo 353 permite que los partidos y movimientos, de manera general, se financien con los aportes de sus afiliados, simpatizantes o adherentes.

En el caso de Fuerza Compromiso Social, en el 2018 recibió aportes privados por $ 300; CREO, por $ 165.000; el PSC, por $ 5.277.

Entre otros hallazgos, el CNE llamó la atención a las agrupaciones políticas porque no publican la información contable en sus páginas web.

Esto está determinado en el artículo 359 de la Ley electoral, que ordena que todos los ingresos deben ser registrados en la contabilidad y publicados en la página web de la respectiva organización. (I)