Con poco más de una hora de retraso a la hora convocada, el juez Felipe Córdova, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), reinstaló, la tarde de este lunes, la audiencia de vinculación en el caso Las Torres y resolvió no acoger la medida cautelar de prisión preventiva que solicitaba la fiscal general Diana Salazar en contra tres de los cinco vinculados, al denominado caso Las Torres, entre ellos para Pablo Flores Cueva, exgerente de Petroecuador, Roy Calero y Álvaro De Guzmán Pérez.

Finalmente y luego de más casi tres horas de análisis, Córdova determinó para el exgerente Flores Cueva y su padre Marco Flores Troncoso, para De Guzmán, Pedro Saona Roca y Calero la medida de presentación periódica ante la autoridad.

Para los primeros cuatro la presentación deberá darse cada ocho días, tendrán la prohibición de salir del país y además usarán grillete electrónico, el cual se les colocará el próximo lunes 31 de mayo. Mientras que Calero, quien vive en Estados Unidos, deberá presentarse una vez cada tres semanas ante el juez de la causa desde el 31 de mayo próximo.

Sobre Flores Cueva, De Guzmán y Saona se determinó la orden de inmovilización de cuentas y la prohibición de enajenar bienes de los cinco vinculados.

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Horas antes, prisión preventiva fue la medida cautelar que solicitó la fiscal Salazar para tres de los cinco vinculados, pues por ser adultos mayores para el padre Flores Troncoso y Saona Roca se pidió las medidas cautelares de arresto domiciliario y uso del dispositivo de vigilancia electrónica. Para estos últimos, la Fiscalía solicitó que regresen al país y presenten arraigos domiciliarios.

Los cinco vinculados se suman a la lista de nueve personas que ya eran parte de la causa como procesadas y está encabezada por el contralor (s) Pablo Celi, el exsecretario general de la Presidencia José Agusto Briones y Elsie Cueva, madre de Pablo Flores.

Bajo el delito de delincuencia organizada que habría ocurrido dentro de la Contraloría General del Estado, la empresa pública Petroecuador y la Secretaría General de la Presidencia de la República, la fiscal general, Diana Salazar, investiga una estructura que habría exigido pagos indebidos a cambio del desvanecimiento de glosas y la liberación del pago de planillas correspondientes a contratos suscritos entre Petroecuador y la empresa Nolimit C. A., entre el 2017 y el 2020.

El juez Córdova en su resolución señaló que el principio de voluntariedad es fundamental para determinar la prisión preventiva y, en este caso, apuntó, todos han dicho que desean comparecer al proceso, han presentado arraigos que indican que tienen domicilios en Ecuador, dos de los procesados se han presentado de forma virtual en la audiencia, por lo que para el juez existen indicios de que otras medidas distintas a la prisión preventiva son suficientes.

Salazar explicó durante la audiencia de vinculación que los hechos analizados hasta el momento revelan la existencia de una organización para planificar y ejecutar tramas delictivas relacionadas con el lavado de activos, concusión, entre otros delitos.

Respecto a los vinculados, la fiscal general dijo que Pablo Flores habría liderado la exigencia y el recibimiento de dineros; que el padre de este, Marco Flores Troncoso, colaboró en la recepción de dineros indebidos por parte de la empresa Nolimit; así como también Calero, De Guzmán y Saona colaboraron en la recepción, entrega y ocultamiento de dineros irregulares llegados desde Nolimit.

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Para formular cargos contra los cinco, la Fiscalía presentó al juez Córdova 34 elementos de convicción que indicarían la presunta participación de los ahora vinculados a una estructura delictiva en la que funcionarios públicos abusando de su cargo y función, en coordinación con los otros procesados, quienes facilitaron su conocimiento financiero para delinquir, armaron una organización para obtener ilícitamente beneficios económicos.

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Ante el posible peligro de fuga o la intromisión de los vinculados en el proceso de investigación, la fiscal Salazar solicitó prisión preventiva como medida cautelar para todos, además de la retención de cuentas y la prohibición de enajenar bienes por el monto de $ 4 millones, con el fin de garantizar el pago de una eventual multa y reparación integral por los daños causados.

La Fiscalía fundamentó su pedido de prisión preventiva explicando que los miembros de esta organización mantuvieron reuniones en Miami, tienen empresas en Panamá, trataron de colocar montos de dinero en Suiza, la organización criminal tendría miembros a nivel internacional, existen altos movimientos migratorios de los procesados, poseen recursos económicos, tienen raíces en países extranjeros, no se encontrarían en el país los procesados y no hay un rastro real de la ubicación de ellos.

La defensa de Pablo Flores, Pablo Encalada, criticó el que la Fiscalía acuse a su cliente de gestionar pagos para Nolimit, pero no presentó los elementos necesarios para demostrarlo. Recordó que se lo está procesando porque es nombrado por otras personas en conversaciones, que jamás supo que Raúl De la Torre usaba su nombre para exigir dineros y que Flores colaboró con las investigaciones de Estados Unidos y que ese país jamás lo ha procesado penalmente.

Por su parte, la defensa de Marco Flores Troncoso, María Teresa Torres, aseguró que su cliente, de 69 años de edad, no está prófugo de la justicia sino que se encuentra en Estados Unidos sometiéndose a un tratamiento médico. Flores Troncoso aparentemente habría dado positivo para COVID-19 y eso le dejó secuelas.

La defensa del padre del exgerente de Petroecuador negó que haya recibido recursos de algún acto ilegal con el empresario Roberto Barrera, sino que el dinero transferido corresponde a una obligación comercial que mantenía con él Barrera.

En su réplica, la fiscal Salazar insistió en que la mayoría de las personas vinculadas están fuera del país y no hay garantías de que estén presentes durante el proceso penal. También agregó que lo que ha presentado en contra de los vinculados han sido hechos, elementos, evidencias y no agendas mediáticas.

Salazar solicitó que se rechacen los pedidos de los procesados y se ratifiquen las medidas pedidas por la Fiscalía con los cambios señalados en la réplica, es decir, prisión preventiva para tres y medidas alternativas para dos de los procesados debido a que son adultos mayores.

Con la decisión de vincular a cinco personas más no solo se incrementa a catorce los procesados por el delito de delincuencia organizada, sino que también pasa de 90 a 120 días la etapa de instrucción fiscal. (I)