Un proceso previo de investigación es lo que la Fiscalía abrió el viernes último para analizar la existencia de irregularidades en el pago que superaría los $ 4 millones realizado durante el gobierno de Rafael Correa a las empresas Kinema y Mi País Consultores. Ambas empresas habrían sido contratadas para brindar asistencia legal a migrantes ecuatorianos en España.
La investigación se abre casi dos meses después de que el legislador independiente Fernando Villavicencio presentó una noticia criminis ante un “presunto financiamiento a compañías relacionadas con funcionarios del partido político español Podemos”. Aunque el asambleísta creía que en esa trama se podían haber cometido delitos como peculado y concusión, la Fiscalía abrió la etapa reservada de investigación bajo el delito de peculado.
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“Con base en mi denuncia, la Fiscalía abrió indagación penal por el pago ilegal de 4,06 millones de euros, durante el régimen de Rafael Correa a Kienema y Mi País Consultores, empresas presuntamente vinculadas al movimiento Podemos de Pablo Iglesias”, escribió Villavicencio en su cuenta personal de Twitter.
Dentro de este análisis previo se revisarían los contratos realizados entre 2013 y 2016 por la Embajada de Ecuador en España con Kinema, una cooperativa que, según medios españoles, está vinculada con Podemos. Aparentemente Kinema recibió 1,6 millones de euros, cerca de $ 2 millones, por ofrecer asesoramiento jurídico sobre hipotecas y acompañamiento psicológico a ecuatorianos residentes en España.
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En el documento presentado por Villavicencio, el 31 de octubre pasado, se explica que el contrato con Kinema Sociedad Cooperativa Madrileña se suscribió por servicios de “Orientación y asesoramiento jurídico individual y colectivo a ciudadanos ecuatorianos afectados por las hipotecas en las ciudades de Madrid, Murcia y Valencia, así como en la Embajada de Ecuador en España”.
Todos los pagos se habrían dado desde la Embajada de Ecuador en España por orden del Gobierno, se señala dentro de la información entregada por quien preside la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.
“La exembajadora de Ecuador en España Aminta Buenaño reconoció en una entrevista en el medio de comunicación español Okdiario que durante su gestión se contrataron los servicios profesionales de Kimena por directrices recibidas desde el eje central del Estado”, se indica en el escrito entregado por Villavicencio.
Una vez terminado el contrato con Kimena, este habría pasado a manos de Mi País Consultores SL, empresa que habría cobrado por entregar, entre 2016 y 2018, servicios similares cerca de 2,9 millones de euros, algo más de $ 3 millones. Todos estos servicios se habrían brindado luego de iniciarse la crisis inmobiliaria que se registró en España. (I)