Por tercer día consecutivo, la mañana de este miércoles se reinstaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra 27 personas acusadas de participar en el ataque al edificio principal de la Contraloría General del Estado (CGE), durante las protestas sociales de octubre de 2019.
La Fiscalía, en concurso ideal de delitos, procesa a todos por sabotaje, paralización de un servicio público y destrucción de registros. La diligencia se instaló la mañana del lunes último en el auditorio del Complejo Judicial Norte, en Quito, y está a cargo de la jueza de Pichincha Ana Guerrón.
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Entre el lunes y el martes último la jueza escuchó a las defensas de los procesados los argumentos que mantenían para asegurar que existen vicios que afectan la validez de todo lo actuado en la etapa de instrucción fiscal, por lo que pedían se declare la nulidad de todo lo realizado por la Fiscalía.
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Luego de un análisis, Guerrón descartó la existencia de vicios y declaró la validez de todo lo actuado por la Fiscalía.
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Inmediatamente se pasó a que el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, emita su dictamen, el cual fue acusatorio contra todos. La Fiscalía insiste en que existen elementos suficientes para probar la participación de cada uno de los 27 procesados en los hechos ocurridos el 12 de octubre de 2019 dentro del edificio de la Contraloría, ubicado el norte de la capital.
Desde la tarde del martes último, las defensas de los procesados estarían respondiendo la acusación y el pedido de llamado a juicio que hace la Fiscalía y además anunciando la prueba pericial, testimonial y documental que usarían de llegar el caso que la jueza Guerrón defina que el proceso penal debe pasar a etapa de juzgamiento.
Respecto a que la Fiscalía insiste en la acusación contra todos, Ernesto Pazmiño, abogado de Lenín Y., Segundo P. y Danny F., cree que eso responde a que hay una costumbre generalizada en la Fiscalía de acusar sin evidencias fuertes.
“La acusación fue por ‘destrucción de archivos’ y no hay en el expediente prueba o pericia alguna de qué tipo de expedientes fueron destruidos, de qué casos, de qué personas o instituciones. (...) Las evidencias de Fiscalía son muy débiles y existen muchas dudas sobre la participación de los acusados en el incendio que se produjo a las 14:30 cuando ellos fueron detenidos a las 10:30″, apuntó.
El exdefensor público general recuerda que la pericia de valoración intercultural es muy clara en analizar las consideraciones culturales de la movilización de octubre de 2019 y añade que sugiere se decline la competencia de la justicia ordinaria. Él confía en que la jueza Guerrón dicte el auto de sobreseimiento de los procesados, pues, dice, es lo que legalmente corresponde.
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Pese a esa visión del caso, Ernesto Pazmiño no descarta la posibilidad de que en este caso todos sean llamados a juicio, pues, desde su perspectiva, en el país hay jueces que no actúan en derecho sino a base de presiones, especialmente mediáticas.
Pazmiño critica que por el incendio al edificio de la Contraloría se insista en acusar, pero por las muertes ocurridas durante las protestas sociales de octubre no existe ningún proceso que avance, según él, pese al informe de la Comisión de la Verdad elaborado, afirma, inclusive por “anticorreístas”.
En octubre de 2019, la capital ecuatoriana, al igual que otras ciudades del país, registró una paralización debido a protestas sociales contra medidas económicas que adoptó el gobierno del presidente Lenín Moreno. Las movilizaciones derivaron en actos de violencia contra ciudadanos e instalaciones de instituciones públicas. (I)