Aquellos funcionarios públicos o privados que hayan sido notificados con una predeterminación de responsabilidades civiles o administrativas por la Contraloría General del Estado deberán reintegrar en un plazo de 30 días los documentos con los que contestaron a dichas predeterminaciones.

Lo resolvió el organismo de control en un reglamento titulado “Reposición de documentos correspondientes a expedientes administrativos de predeterminaciones y resoluciones de sanciones administrativas y/o civiles”, luego de que sus instalaciones en Quito fueron quemadas durante las protestas del 2019.

Las áreas afectadas por el incendio y de donde se perdieron documentos son las de Documentación y Archivo, Secretaría General, Cauciones, Predeterminación, Responsabilidades y Revisión.

De esta forma, se solicita que aquellos que han contestado las predeterminaciones, solicitaron reconsideración, órdenes, recursos de revisión de las resoluciones expedidas antes del 7 de octubre de 2019, cuando se inició el paro del movimiento indígena, repongan una copia auténtica de los documentos y sus anexos, dentro de 30 días.

Publicidad

Pero se aclara que esa documentación deberá ser íntegra, legible, por lo que no se recibirán aquellos que estén “raídos, borrados, mutilados o en cualquier otro estado que impida leer claramente su contenido”, para incorporarlas al expediente administrativo.

El plazo empezó a correr el 19 de marzo pasado, cuando se publicó el reglamento en el Registro Oficial.

Dentro de la investigación del caso, el 2 de marzo pasado la jueza penal Ana Guerrón declaró la nulidad de lo actuado durante la instrucción fiscal a partir del impulso fiscal del 5 de diciembre de 2019.

Fiscalía procesa por estos hechos a 27 personas, a quienes acusa en concurso ideal de delitos por sabotaje, paralización de un servicio público y destrucción de registros.

Durante la instalación de la primera parte de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, Guerrón encontró un vicio de nulidad insubsanable: durante la etapa de instrucción fiscal no se había realizado una pericia sociológica y antropológica, pues entre los investigados existían miembros de nacionalidades y pueblos indígenas y la norma nacional y los acuerdos internacionales ordenan que se la realice.

La jueza dio diez días a la Fiscalía para que se haga una valoración intercultural.

Según Ernesto Pazmiño, abogado de tres procesados, el plazo para la entrega se cumplió después de que Ecuador ingresó en la emergencia sanitaria por el coronavirus, pero cree que el informe no ha sido entregado, pues hasta el momento el fiscal del caso no ha puesto en conocimiento de las partes procesales el documento.

Pazmiño explicó que aunque el tiempo que dio el fiscal al perito se cumplió luego de que se inició la emergencia, los plazos y términos en los procesos judiciales fueron suspendidos por el Consejo de la Judicatura. Por ello cree que lo prudente es que cuando se retorne a la normalidad se dé más plazo. (I)