La Procuraduría General del Estado fue la que abrió el camino para que el Consejo de la Judicatura (CJ) pueda seleccionar a Carlos Alarcón Argudo como fiscal General “subrogante” y también como fiscal “encargado”, y así reemplace al también fiscal general encargado, Wilson Toainga, en su ausencia temporal o definitiva, aspecto que no está contemplado en el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).