La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que se fije fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos en contra de ocho funcionarios del Consejo de la Judicatura (CJ), entre los cuales figuran el presidente de la entidad, Wilman Terán, y los vocales Maribel Barreno, Xavier Muñoz y Juan José Morillo.
A ellos se los investiga por el presunto delito de obstrucción a la justicia, dentro del denominado caso Independencia Judicial, proceso que se inició el 11 de mayo de 2023.
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Así lo dio a conocer la fiscal general, Diana Salazar, la tarde de este martes 29 de agosto, mediante un video difundido en redes sociales. Además del presidente y tres vocales de la Judicatura, también son procesados Andrés J., Marcela B., Carlo G. y Katherin L.
“Hemos encontrado los suficientes elementos de convicción para que sean procesados por su presunta participación en el delito de obstrucción a la justicia, que se habrían cometido en dos casos de connotación: Las Torres, en el que se encuentra sentenciado en primera instancia el excontralor general Pablo C.; y los vocales en los cuales el mismo juez debía resolver la situación jurídica de estos”, explicó Diana Salazar, al tiempo de instar a la sociedad a “mantenerse vigilantes de estos procesos.
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Remarcó que los casos mencionados involucran al máximo organismo de control de la justicia. “Ninguna persona está sobre la ley”, dijo la fiscal general, en un video que dura casi dos minutos.
El anuncio de Salazar sobre el caso Independencia Judicial se da un día después que el pleno de la Corte Nacional de Justicia resolvió retirar la confianza al presidente de la Judicatura, Wilman Terán, luego de la polémica derivada por la destitución del juez Walter Macías el 19 de agosto, con dos votos.
Además, la Corte exhortó a los vocales del Consejo a “dar un paso al costado” e instó a los demás órganos nominadores de los vocales del Consejo de la Judicatura “a rever la delegación otorgada a los vocales”, porque “están volcados en actos que hoy el pleno de la Corte Nacional rechaza y condena”.
El pasado 12 de mayo agentes de la Fiscalía y la Policía allanaron las instalaciones del edificio matriz del Consejo de la Judicatura, en Quito, donde intervinieron en las oficinas de los vocales Juan José Morillo y Maribel Barreno, con el fin de levantar elementos de convicción. Se recabaron varios indicios, como dispositivos electrónicos, computadoras, documentación y otros.
Aquel día, mientras se ejecutaba el allanamiento, el entonces asambleísta Fernando Villavicencio (posteriormente asesinado el 9 de agosto), cuando era presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, informó que inició un proceso de fiscalización en contra del titular de la Judicatura, Wilman Terán.
Villavicencio había solicitado previamente a Terán documentos sobre el expediente administrativo disciplinario iniciado en contra del juez Walter Macías, de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado, quien para ese momento se encontraba suspendido tras una sesión del pleno del CJ celebrada el 11 de mayo.
Macías tenía a su cargo el caso relacionado con un audio filtrado en el que se escucharía al vocal de la Judicatura Juan José Morillo -cuyo despacho fue allanado-, en presencia de la vocal Barreno, pidiendo el apoyo al presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Gustavo Osejo, ante una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, y así salvarla de su destitución.
En otra intervención, la Fiscalía allanó nuevamente las oficinas de la Judicatura el 24 de agosto por la investigación del presunto delito de obstrucción de la justicia, luego de sanciones y destitución del juez Walter Macías.
El magistrado Macías, inmerso en la discordia, también tenía conocimiento de varios procesos judiciales de connotación, entre los que se encuentran los casos Las Torres, Sobornos 2012-2016, Sinohydro, Balda. Además, tenía en sus manos el proceso contra dos vocales de la Judicatura, Maribel Barreno y Juan José Morillo, y el juez de Pichincha Vladimir Jhayya, por presunto tráfico de influencias. (I)