A poco de concluir los 60 días de la instrucción fiscal abierta para investigar el asesinato al estilo sicariato del presidenciable Fernando Villavicencio, los asambleístas electos de la alianza Construye-Gente Buena, que respaldaba la candidatura, llegaron a la Fiscalía General del Estado (FGE), en Quito, para exigir que se recoja la versión y toda la información que posee Diego Vallejo, exfuncionario del gobierno de Rafael Correa que se ha declarado perseguido por ese régimen y vive en Estados Unidos como asilado.

Vallejo hace poco envió un escrito a la Fiscalía ecuatoriana señalando estar dispuesto a rendir su versión dentro de la causa que analiza el asesinato del candidato presidencial y periodista de 59 años, y además aseguró que tenía en su teléfono celular información que podría ayudar a esclarecer el caso. Indicó estar dispuesto a que se precie su equipo celular para extraer los datos que podrían ser útiles para el proceso penal por el que mantienen prisión preventiva trece personas.

La asambleísta electa por la alianza Construye-Gente Buena Sofía Sánchez cree que es indispensable recoger la versión y la información de Vallejo, pues, dice, ha hecho graves declaraciones manifestando la supuesta vinculación al caso de José Serrano, exministro del Interior de Rafael Correa. Anunció la legisladora que una vez que hayan sido posesionados formalmente en la Asamblea Nacional, ellos solicitarán la creación de una Comisión Ocasional para investigar el asesinato.

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“La Fiscalía deberá hacer su trabajo, investigar a quien tenga que investigar. Lo mismo hará la Comisión Ocasional que se creará en la Asamblea Nacional. Esto no es un juego (...). Hoy estamos aquí para exigir que comparezca Diego Vallejo y entregue toda la información que será de mucha utilidad para la investigación que sigue la FGE”, insistió la legisladora reelecta por la provincia del Azuay, quien rechazó a quienes como actores individuales o representando a actores o movimientos políticos quieren tomarse el nombre de Fernando Villavicencio y sacar provecho del asesinato.

La Fiscalía ya ha llamado a rendir versión a Vallejo, pero este no asistió y pidió que sea nuevamente señalada la diligencia. El viernes 29 de septiembre próximo ha sido llamado Vallejo para que rinda por vía telemática una versión libre y voluntaria.

Antonio López Cabrera, abogado del caso por parte de la familia de la víctima, también cree que son de suma importancia la versión y los elementos que pueda aportar Vallejo dentro de una causa que se cerraría el 7 de octubre próximo. Reconoce el trabajo y la celeridad que ha impuesto la FGE en este caso en el que habría varios equipos de agentes investigadores y dos fiscales directamente involucrados.

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Patricio Carrillo, también asambleísta por la alianza que respaldó a Villavicencio en las elecciones del 20 de agosto pasado, dijo que llegaron a la Fiscalía para exigir transparencia y menos especulación.

Pericias a teléfonos de procesados por el asesinato a Fernando Villavicencio van dibujando las relaciones delictivas entre los implicados

“La pregunta no es qué sucedió (en el asesinato), es por qué sucedió (el asesinato) en un mitin político, antes de un debate presidencial, cuando Fernando Villavicencio era quien encabezaba el crecimiento de este cambio y transformación que necesita el Ecuador. Desde ahí podemos ir determinando dónde están las motivaciones y las motivaciones son político-criminales y, por consiguiente, vamos a exigir que con transparencia todas las instituciones determinen hasta dónde se llega en estas investigaciones. (...) Si tuvieron toda la valentía para asesinar a un político de la talla de Fernando Villavicencio, también van a tener la probabilidad de esconderlo”, explicó Carrillo.

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Quien fue comandante de la Policía Nacional y ministro del Interior refiere que ellos como cercanos al candidato asesinado, el 9 de agosto pasado luego de un mitin político, no quieren que se especule, y explica que no porque diga un cierto grupo político que son víctimas electorales ya están justificados ante la sociedad ecuatoriana. “Ecuador tiene claridad de hacia dónde están las sospechas, pero eso necesitamos ahora que en una prueba procesal se determine”. (I)