Dudas, exigencias y preguntas marcan los primeros 30 días de la investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio

En medio de exigencias para que se conozca a los autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, preguntas sobre qué y quiénes fallaron en los anillos de seguridad del presidenciable y dudas de por qué no se actuó de forma más contundente si existían informes del riesgo inminente de muerte del periodista de 59 años es como cierran los primeros 30 días de la instrucción fiscal abierta luego del crimen que se cometió al estilo sicariato el 9 de agosto pasado.La Fiscalía arrancó sus investigaciones inmediatamente conoció, pasadas las 18:30 del miércoles 9 de agosto último, que Fernando Villavicencio fue atacado por un sicario que iba a bordo de una moto y aprovechó que el presidenciable de la alianza Gente Buena-Construye salía de un mitin político en un coliseo ubicado entre las avenidas Gaspar de Villarroel y Amazonas, en el norte de Quito. El sicario luego de ser detenido cerca del lugar del crimen recibió una golpiza y a su llegada a la Unidad de Flagrancia solo se confirmó su fallecimiento.El ataque se produjo por el costado izquierdo de una camioneta de color gris que no era blindada. El acta de levantamiento del cadáver y la autopsia médica realizada al cuerpo de la víctima determinaron como causa de muerte un “traumatismo craneoencefálico consecutivo a penetración, paso y salida de proyectil de arma de fuego, hemorragia y laceración cerebral, fractura de cráneo”. De las varias balas que ingresaron por la ventana del vehículo tres impactaron en el cuerpo y una que llegó a la cabeza de Villavicencio fue la fatal.Según la Fiscalía, el protocolo de autopsia indicaba que la víctima recibió disparos de larga distancia, mientras que el informe balístico definió que las vainas calibre 2.23 coinciden con uno de los fusiles encontrados en los allanamientos. Además, se habría identificado una huella dactilar hallada en una moto abandonada por los ahora procesados. En la escena del crimen fueron levantadas 61 vainas 9 mm y tres vainas calibre 2.23.La noche del jueves 10 de agosto último, la fiscal del caso expuso 22 elementos de convicción que para ella revelaban la responsabilidad en el asesinato del exasambleísta de los ciudadanos de nacionalidad colombiana Andrés M., José N., Adey G., Camilo R., Jules C. y Jhon R. Informes de indicios, versiones de testigos y de agentes policiales, protocolo de autopsia, resultados de pericias balísticas, análisis de videos de cámaras de seguridad, entre otros, estuvieron entre los elementos presentados.En la continuación de la investigación de la Fiscalía, la cual ha contado con el respaldo de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, la institución ha llamado a rendir versión a decenas de personas. Entre ellas han estado Christian Zurita, periodista y amigo de Villavicencio, que lo reemplazó en la papeleta de presidenciable para las elecciones del 20 de agosto pasado; el general (sp) Patricio Carrillo, candidato a la Asamblea Nacional por Construye; familiares, amigos e integrantes del equipo político de la víctima; exasambleístas que trabajaron junto con Villavicencio en el cesado Legislativo; integrantes del equipo de seguridad del candidato asesinado; exasambleístas a quienes denunció el presidenciable...Sobre cómo avanza la investigación y los hallazgos de esta, la Fiscalía ha sido reservada. Algunos familiares de Villavicencio, quienes llegaron con resguardo policial y usando chalecos antibalas, y otros versionantes también han preferido no pronunciarse sobre lo dicho a la Fiscalía. Aseguraban que los riesgos son evidentes, pues el proceso es delicado y la investigación compleja.Marco Yaulema, abogado de una parte de la familia Villavicencio, a la salida de una versión reconoció que hay riesgos en esta investigación, porque, dijo, tras todo esto existen mafias, el mismo crimen organizado e incluso posibles vinculaciones políticas. “Los presuntos infractores podrían realizar cualquier acción no solo contra la Fiscalía, sino contra cualquiera”, señalaba el defensor, quien además advertía de que hay “agentes externos y personas interesadas” que no quieren que salgan a la luz los nombres de los responsables intelectuales.En estos primeros 30 días de investigación la jueza encargada del proceso ha dado autorización para una serie de pericias que tienen que ver con elementos ubicados en los allanamientos (cascos y gorras) y los procesados. También se han dispuesto pericias para analizar fluidos corporales y sanguíneos de los seis extranjeros investigados, así como el reconocimiento del inmueble allanado en la zona de Monjas, en el suroriente de la capital, en donde no solo fueron detenidos varios de los sospechosos, sino que se encontró un auto robado en cuyo interior había una maleta con armas, municiones y explosivos.Se ha autorizado además que se realicen audiencias privadas para que se abra, exhiba, examine, extraiga, analice y materialice la información que contienen tres tablets , un dron y más de 20 celulares que han sido incautados a los procesados en los allanamientos realizados en Quito, que fueron entregados por un capitán, un sargento segundo y tres cabos primeros de la Policía, entre otros. Videos y audios también han sido periciados.Zurita ha señalado en entrevistas que la investigación penal que se está dando en este caso es lenta, aunque resalta que lo importante es que no pierda ritmo. Respecto a ciertas acciones y comentarios en relación a las investigaciones del crimen contra Villavicencio, el también periodista Zurita ha dicho que hay personas que no están buscando descubrir quién ordenó el crimen de su amigo, sino que pretenden saber qué estaban él y Villavicencio investigando sobre “narcopolíticos”.“La muerte de Fernando (Villavicencio) no es suficiente. El correísmo, con José Serrano (exministro del Interior de Rafael Correa) a la cabeza, tratan de ensuciar la investigación y ponerle presión. Qué raro que un comedido abogado relacionado a los bajos mundos, que tiene investigaciones pendientes con la justicia y que su hermano fue el abogado de los mayores capos, ahora ande pidiendo cosas a la justicia que no vienen al caso. Ellos quieren saber qué estaba investigando Fernando y sobre todo qué estamos investigando nosotros. ¿Cuál es el miedo?”, señaló Zurita en su cuenta personal de la red social X.Hace pocos días, Ricardo Vanegas, exasambleísta y compañero de Villavicencio en el Grupo Parlamentario Anticorrupción de la cesada Asamblea, informó que había asumido la defensa de tres familiares del candidato asesinado. En su cuenta de la red social X aseguraba que había pedido a la fiscal que investiga el asesinato de Villavicencio que realice la explotación de los celulares de quienes integraron el buró político de la alianza Construye-Gente Buena, entre ellos, Zurita, Carlos Figueroa, Antonio López y otros en los que incluía a Martha Roldos.Para Vanegas, supuestamente era importante establecer quién de ellos había insistido a Fernando Villavicencio para que vaya al evento en el que al final se produjo el asesinato. Gloria Valencia, madre del candidato asesinado, ha sido tajante en desautorizar a Vanegas a que hable en nombre de ella o de su familia. Ella culpó a Vanegas de utilizar el nombre de la familia Villavicencio Valencia “en beneficio político y personal, lo cual está entorpeciendo el proceso de investigación del asesinato”.Carlos Figueroa, uno de los aludidos en el pedido de Vanegas, afirmó que está dispuesto a entregar su versión si se lo requiere y su celular para que se lo pericie, pues no tiene nada que ocultar e incluso no ha borrado ni uno solo de los mensajes que mantuvo con su “amigo”. Aclaró que ellos no entorpecerán la investigación que lleva la Fiscalía y en la que confían, y que los únicos autorizados a intervenir dentro de la indagación que lleva la Fiscalía son la esposa y las dos hijas mayores de edad de Fernando Villavicencio.Ante las dudas de la actuación policial durante el hecho en el que se asesinó a Fernando Villavicencio, el ministro del Interior, Juan Zapata, anotó que ya está listo un informe con la evaluación general de la orden de servicio que se ejecutó ese 9 de agosto por parte del personal definido para la seguridad del candidato. Dijo que este no es un informe investigativo, pues este, tomando en cuenta los tiempos del cuerpo legal para estos casos, podría demorar hasta 60 días hacerlo.Aunque ya estaría listo el informe con la evaluación general de la orden de servicio, Zapata es claro en decir que primero debe hablar con la fiscal del caso antes de hacerlo público, pues no es la pretensión del Ministerio del Interior ni de la Policía entorpecer las indagaciones. “La Policía es transparente. (...) No tenemos que esconder nada. Sin embargo, este informe también aclara muchas dudas de gente que genera conclusiones y conceptos que no son los correctos”.Al filo de que se completen los 30 días de instrucción fiscal, la Fiscalía anunció que encontró nuevas evidencias para ordenar allanamientos en los centros de privación de la Libertad (CPL) de Cotopaxi, en Latacunga; El Inca, en Quito; y en viviendas ubicadas en el sur de la capital ecuatoriana y en la provincia de Chimborazo. Según la Fiscalía, existían órdenes de detención que fueron ejecutadas en estos operativos contra varias personas. Finalmente se habrían concretado seis: una en el CPL de El Inca, tres en el CPL de Cotopaxi y dos en allanamientos hechos en el sur de Quito.Con las detenciones y la vinculación al caso que se ha anunciado se dará no solo pasarían a ser doce los procesados penalmente en esta causa, sino también la instrucción fiscal se extendería por 30 días más, es decir, estaría terminando a inicios del mes de octubre próximo si es que no hay nuevas vinculaciones. (I)

Dudas, exigencias y preguntas marcan los primeros 30 días de la investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio

Compañía

Ayuda / Asistencia

Nuestras marcas