Hay indignación en amigos y familiares del expresidenciable Fernando Villavicencio Valencia, al conocer que en las últimas 48 horas siete procesados por su asesinato fueron hallados muertos en sus celdas en las dos cárceles que están a cargo del Estado ecuatoriano.
Entre la tarde del viernes 6 de octubre y el amanecer de este sábado 7, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) confirmó el asesinato de siete personas vinculadas al crimen de Fernando Villavicencio, político y periodista ecuatoriano que corría por la Presidencia de la República para los comicios anticipados del 20 de agosto, auspiciado por el movimiento político Construye.
Publicidad
Fue ejecutado a tiros el 9 de agosto, al salir de un mitin político en medio de la campaña electoral.
Su asesino, el colombiano Jhojan Castillo, murió luego del ataque por golpes y disparos infligidos por la seguridad del presidenciable.
Publicidad
Al siguiente día de los hechos fueron detenidos los colombianos Andrés M., José L., Adey G., Camilo R., Jules C. y Jhon Gregore R.; y, el 8 de septiembre, se sumaron a los procesados Laura C., Carlos A., Érick R., Víctor F. (colombiano), Alexandra Ch., José M. y Óscar F.
Caso Villavicencio: Fiscalía solicita los teléfonos celulares de 25 personas
De estas trece personas, siete fueron encontradas muertas justo cuando terminaron los 60 días de instrucción fiscal que abrió la Fiscalía General del Estado para investigar el asesinato, al tiempo que el Gobierno de los Estados Unidos ofreció una recompensa de $ 5 millones a quien dé información sobre el suceso.
Extraoficialmente se conoció que, como parte de las investigaciones y a propósito de esta recompensa, algunos de los procesados habían ofrecido rendir versiones.
Según el SNAI, Jhon Gregore R., Andrés Manel M., Adey Fernando G., Camilo Andrés R., Jules Osmin C. y José Neyder L. fueron encontrados muertos en el pabellón 7 de la Penitenciaría del Litoral, en Guayas, a eso de las 16:00 del viernes, 6 de octubre del 2023.
Ni la Fiscalía ni el SNAI detallaron cómo murieron. Extraoficialmente se conoció que habrían sido ahorcados.
Luego, la mañana de este sábado 7 de octubre, se encontró el cuerpo de José M., quien guardaba prisión en el Centro de Privación de Libertad de Pichincha n.º 1, más conocido como la cárcel de El Inca, ubicada en el norte de Quito.
A raíz de estas muertes, la Fiscalía informó que un jefe y dos guías penitenciarios de la cárcel del Litoral fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia para que rindan versiones y se abrió una investigación por las acciones del SNAI, ya que existía una orden de traslado por seguridad de los reos que no se cumplió.
Christian Zurita, amigo de Villavicencio y quien lo reemplazó como candidato en las presidenciales pasadas, cree que lo sucedido es justamente por el cierre de la instrucción fiscal y porque algunos de los vinculados en el caso pudieron llegar a acuerdos a cambio de información.
«Ellos iban a ser acusados y se iba a pedir no menos de 32 años. Eso implicaba que podían llegar a acuerdos (para reducir penas), pero para evitar cualquier tipo de acuerdo futuro o de colaboración los matan. Fue deliberado haberlos dejado ahí pese a que había una medida para cambiarlos de cárcel», reclamó Zurita.
Acusó al Estado de no haber comprendido la gravedad del crimen de Villavicencio y que los detenidos actúen como «cooperadores de la justicia para encontrar e identificar a los autores intelectuales».
«El momento en que fueron capturados, todos sabíamos que podían ser asesinados. Por tanto, la responsabilidad pasa por el Estado, de una organización como es el SNAI y otras, como el Ministerio del Interior y su ministro Juan Zapata, son los responsables de esta estupidez. No existe Estado, capacidad de control. El Estado no tiene ninguna capacidad de control sobre los hechos brutales que se han cometido y se evidencia que no pueden ni podrán», agregó.
La viuda de Villavicencio, Verónica Sarauz, cree que las muertes son parte de estrategias de los autores intelectuales para no dejar cabos sueltos.
«Que hayan asesinado a los sicarios de mi esposo es porque los autores intelectuales están cerrando los cabos sueltos que podrían, de alguna forma, dar información para llegar a ellos. Es consecuencia de que los autores intelectuales están muy interesados en no dejar piezas sueltas para no llegar hasta ellos», recalcó.
Sarauz participó del gabinete de seguridad que instaló, este 7 de octubre, el presidente de la República, Guillermo Lasso, en el Palacio de Gobierno, y le había pedido que el director del SNAI sea investigado, porque es él quien debe «dar respuestas», dijo.
Recordó que de los trece autores materiales procesados por el asesinato de Villavicencio, aún seis están con vida, por lo que aspira a que este crimen no quede en la impunidad.
«Entiendo que se seguirá el proceso de investigación con los que están vivos y así llegar a los autores intelectuales. El caso no se cierra, la investigación continúa», aseveró.
Las hijas mayores de Villavicencio, Amanda y Tamia, suscribieron un comunicado en el que repudiaron este suceso y exigieron respuestas al Gobierno nacional.
«Con un profundo sentimiento de dolor, repudiamos los asesinatos de siete implicados en el asesinato de nuestro padre. Este dolor refleja nuestra indignación porque nos han arrebatado la posibilidad de que estos sujetos hubiesen podido guiar la investigación para hallar a los autores intelectuales», indicaron.
Cuestionaron al Estado porque no pudieron cuidar la vida de su padre y «ahora demuestran una vez más su incapacidad de cuidar la vida de quienes podrían haber sido parte para llegar a la verdad y que siguen siendo seres humanos, a pesar de sus crímenes. Exigimos respuestas concretas, necesitamos que lo antes posible la Fiscalía y el Gobierno dejen sus tibiezas y continúen los procesos de investigación de las amenazas de muerte que en vida nuestro padre ya denunció», señalaron Amanda y Tamia Villavicencio.
Estas muertes obligaron al primer mandatario, Guillermo Lasso, a suspender un viaje que había iniciado hacia Corea del Sur y la mañana de este sábado instaló el Gabinete de Seguridad en Carondelet, en Quito.
Del concilio quedaron cuatro decisiones: trasladar a otras seis personas presas vinculadas con la investigación del asesinato de Villavicencio «para resguardar su seguridad».
Removió de su cargo al director del SNAI, Luis Ordóñez, y designó como encargado a Fausto Cobo, militar en servicio pasivo que se encuentra al frente del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES).
Dispuso la «separación» de su cargo y la respectiva baja como general de la Policía Nacional de Alain Luna, y con ello, reorganizará el alto mando de la institución.
El régimen ofreció presentar la denuncia contra José M., director subrogante de la Penitenciaría del Litoral, quien ha sido detenido por la Policía.
La asambleísta electa por el movimiento Construye Ana Galarza se mostró consternada por este hecho y recriminó el «desgobierno» del Ecuador.
«Claramente se ve que el Estado no hizo los esfuerzos necesarios para precautelar la vida de estas personas y llegar al fondo de la investigación para conocer quiénes fueron los autores intelectuales», manifestó.
Reiteró la propuesta con la que llegará la bancada de Construye a la Asamblea Nacional, electa en los comicios anticipados del 20 de agosto, de conformar una comisión de investigación para determinar las «omisiones del sistema carcelario en las que se ha dado el asesinato de estos detenidos».
La propuesta de conformar esta comisión tiene por objetivo indagar el asesinato de Villavicencio y las omisiones de la cápsula de seguridad dispuesta por la Policía, a la que se sumará este reciente suceso. (I)