Los seis colombianos detenidos por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio debían ser trasladados a una cárcel más segura, ya había una orden judicial al respecto, pero esta no fue cumplida por el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI).

Aquello fue publicado por la Fiscalía horas después de que se confirmara la muerte de los procesados que estaban en la Penitenciaría del Litoral.

SNAI confirma que los seis reos muertos en Penitenciaría eran los detenidos por asesinato de Fernando Villavicencio

La Fiscalía anunció que se investigará el accionar del SNAI para determinar quién no cumplió la orden judicial para poner a los presos en un lugar más seguro porque su vida corría peligro.

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Además, se conoció que al mismo tiempo que Medicina Legal trasladaba los cuerpos de los reos a la morgue, un jefe de la entidad carcelaria y dos guardias fueron llevados a la unidad de flagrancia de la Fiscalía del Cuartel Modelo para tomar sus versiones.

Según datos preliminares, los seis extranjeros, identificados como Jhon Gregore R., Andrés Manuel M., Adey Fernando G., Camilo Andrés R., Jules Osmin C. y José Neyder L., se encontraban en el pabellón 7 de la Penitenciaría y fueron hallados colgados en sus celdas.

Eso aún no ha sido confirmado por el SNAI, instancia que señaló que tras el levantamiento de los cuerpos la Fiscalía dispuso que se realicen las autopsias para determinar las causas de las muertes.

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¿Quiénes controlan el pabellón 7 de la Penitenciaría en el que murieron seis reos?

Los colombianos fueron detenidos en Quito horas después del asesinato de Villavicencio, el 9 de agosto, por ser presuntamente los autores materiales del crimen, junto con un séptimo compatriota que realizó los disparos que acabaron con la vida del candidato y que murió poco después en la Fiscalía de la capital, aparentemente por los disparos recibidos del personal de seguridad del candidato.

La muerte del resto de los procesados ocurre pocos días después de que el Gobierno de Estados Unidos ofreciera una recompensa de $ 5′000.000 a quien diera información sobre el autor intelectual del asesinato. (I)