Uno de los testimonios dados bajo juramento y que son parte de la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio alienta las teorías de una probable omisión de autoridades de la Policía Nacional por, aparentemente, no atender los requerimientos logísticos para garantizar su protección.

Dentro de 33 días se cumplirá un año del asesinato del político, exasambleísta y excandidato presidencial Fernando Villavicencio Valencia, en tanto la Fiscalía General del Estado no ha podido dar con los autores intelectuales del crimen, por la que hay una investigación previa en curso.

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Como autores materiales del crimen hay cinco personas procesadas: Carlos Edwin A. L., alias Invisible, autor mediato; Laura Dayanara C. B., alias la Flaca, como coautora; Érick Marcelo R. P.; Alfonso F. V.; y, Alexandra Elizabeth Ch. F., como cómplices.

Están detenidos a la espera de saber si serán sentenciados por un tribunal penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha por el delito de asesinato, que se sanciona con 22 a 26 años de prisión, según el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Antes de llegar a ese momento, en los últimos siete días, el Tribunal instaló la audiencia de juzgamiento y la Fiscalía, a través de su agente, Ana Hidalgo Guayaquil, presentó como prueba decenas de testimonios de peritos, testigos y 19 pruebas documentales que fueron aceptadas en el expediente.

La audiencia se suspendió el viernes, para reinstalarla el próximo 12 de julio a las 08:30, para escuchar la prueba testimonial de la defensa, en la que los sospechosos podrían dar su versión de los hechos o acogerse al silencio.

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El 1 de julio, Cristian Cevallos fue convocado como testigo de la Fiscalía y reveló algunos detalles de lo que ocurrió el 9 de agosto, cuando corría la campaña electoral por las elecciones presidenciales anticipadas, producto de la disolución de la Asamblea Nacional.

Él era jefe de la cápsula de seguridad de Villavicencio desde febrero del 2022 y después de lo ocurrido, la Dirección de Asuntos Internos le abrió dos procesos administrativos.

En el coliseo en donde funcionaba el colegio Anderson, en las calles Gaspar de Villarroel y Amazonas, en el norte de Quito, a eso de las 17:00 Villavicencio llegó para participar de un mitin político.

A las 18:20, cuando el acto acabó, una multitud lo rodeaba en los exteriores. De repente hubo disparos y la cápsula de seguridad se rompió. Lo metieron en el asiento trasero de la camioneta, en donde recibió los disparos en la cabeza.

En shock, lo llevaron a la Clínica de la Mujer, cerca al sitio, en donde se confirmó su muerte.

QUITO (20-06-2024).- Plantón, frente a la Fiscalía General del Estado, de familiares y amigos de Fernando Villavicencio, excandidato a la presidencia de la República, asesinado el pasado 9 de agosto de 2023. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas.

El nivel de riesgo era alto, debido a las amenazas de muerte que recibía por sus cuestionamientos a ciertos sectores económicos, políticos y también al crimen organizado.

Según Cevallos, su cápsula no tenía información de posibles atentados, tampoco armamento, vehículos o medios para comunicarse.

El oficial — que venía de la Dirección Nacional de Protección — aseguró que no recibió alertas de Inteligencia de que se estaba fraguando el asesinato. Al contrario, era él quien advertía. «¿Que me digan una situación a mí? Jamás», aclaró.

Apenas lo asignaron a la seguridad del político pidió vehículos, radios, dotación, chalecos antibalas, motos, equipos de inteligencia. Nada de eso llegó.

Los había dirigido al director nacional de Seguridad y Protección, William Guevara (luego de la disolución de la Asamblea Nacional, ordenada por el expresidente de la República Guillermo Lasso Mendoza en mayo del 2023), a Santiago Martínez Jácome, que era director nacional de Seguridad y Protección; y, al «general Samaniego», cuyo nombre no recordó, pero era director general de Inteligencia.

En ese entonces, el comandante de la Policía era Fausto Salinas, por encargo de Guillermo Lasso.

Un día antes del crimen, el 8 de agosto, Cevallos había pedido unidades tácticas, de inteligencia y operativas y a la falta de una respuesta de la Dirección General de Inteligencia se «saltó el órgano regular».

Habló directamente con César Zapata por telefóno (que en ese tiempo era director general de Seguridad Ciudadana y Orden Público), ya que los dos mantenían una «pequeña amistad».

La conversación telefónica se hizo, pero el director Zapata no confirmó cuándo enviaría los implementos. Lo hizo el 10 de agosto, al siguiente día del asesinato.

«Teníamos una pequeña amistad y siempre estaba pasándole cómo se encontraban las encuestas. Es decir, yo me salto el órgano regular pensando que él me va a ayudar», afirmó Cevallos.

¿Qué encuestas? Le preguntó el abogado Ricardo Vanegas, patrocinador de Cristina Villavicencio, hermana y acusadora particular.

Según el policía, Villavicencio manejaba las encuestas y le pasaba para que esté pendiente de su perfil.

«Nadie lo tomó en serio. Yo suplicaba (por dotación policial), pero nunca me hicieron caso», lamentó Cevallos.

Confirmó que el 9 de agosto de 2023, el excomandante de la Policía Fausto Salinas y Samaniego estaban de vacaciones.

Ese hecho provocó suspicacias en la sala penal y el juez pidió silencio.

QUITO (31-10-2023).- General César Zapata (d), comandante general de la Policía Nacional, junto al general Fausto Salinas, comandante saliente, durante la ceremonia de Relevo de mando, en la Escuala Superior de Policía Nacional. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas.

Hugo Espín, abogado de Verónica Sarauz, viuda de Villavicencio y acusadora particular, cree que las declaraciones de Cevallos podrían conducir a una investigación por posible omisión dolosa en contra de la Policía Nacional, porque se conocía de un riesgo y las autoridades no actuaron.

«La acción por omisión es cuando alguien tiene la obligación jurídica de investigar un hecho y no lo hace. Equivale a cometerlo», afirmó el jurista, por la «secuencia de negligencias» que habrían configurado el escenario para asesinar al político.

El COIP en su artículo 28 define a la omisión dolosa como el comportamiento de una persona que, deliberadamente, prefiere no evitar un resultado material típico, cuando se encuentra en posición de garante.

Agrega que se encuentra en posición de garante la persona que tiene una obligación legal o contractual de cuidado o custodia de la vida, salud, libertad e integridad personal del titular del bien jurídico y ha provocado o incrementado precedentemente un riesgo que resulte determinante en la afectación de un bien jurídico.

A criterio de Nathalya Salazar, patrocinadora de Amanda y Tamia Villavicencio, acusadoras particulares, los hechos descritos por Cevallos podrían acarrear una responsabilidad objetiva del Estado e incluso una omisión dolosa que debería ser investigada.

El abogado Ricardo Vanegas, defensor de Cristina Villavicencio, cuestionó a la Policía Nacional por ‘pensar que estaban exagerando’ en cuanto al riesgo que enfrentaba Villavicencio.

Precisa que actualmente están abiertas dos indagaciones previas: una por omisión en contra de los miembros de la cápsula de seguridad de Villavicencio y otra en contra de los autores intelectuales.

Para Vanegas la versión de Cevallos «movió todo y la Fiscalía va a tener que darle más trámite al tema de la omisión», opinó. (I)