Guillermo Lasso llegó a la Presidencia de la República con varios ofrecimientos, uno de ellos era extinguir de la estructura del Estado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Pero en los primeros doce meses, al contrario de impulsar esa idea, ha tenido que entablar diálogos con sus vocales en el marco de la designación de autoridades de control.

En abril del 2021, al conocerse los resultados preliminares de las elecciones generales, Guillermo Lasso figuraba como el presidente de la República electo y en una declaración de prensa del 12 de abril de ese año aseguraba que el CPCCS “no tiene razón de existir”.

“Una democracia está compuesta por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El Consejo de Participación Ciudadana fue la piedra angular del Gobierno anterior (Rafael Correa) para abusar del poder, y como no tengo ninguna intención de abusar del poder, en su momento y de acuerdo con mi compromiso con algunos legisladores, se hará un llamado a una consulta popular para eliminar el Consejo”, manifestó en ese entonces.

Carrera en el Consejo de Participación Ciudadana por integrar comisión ciudadana que elegirá al contralor del Estado

También ha evocado su respeto a la independencia de funciones y que no interferirá en las acciones del Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, se conoce de diálogos con los consejeros que se han mantenido bajo reserva; esto por el interés de las fuerzas políticas que en la Asamblea Nacional pugnan por iniciar una interpelación a estas autoridades, mientras organizan trece procesos de selección de autoridades, entre ellos, para la selección del titular de la Contraloría General del Estado y del Consejo Nacional Electoral (CNE).

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El Gobierno ha negado este hecho, pero Alejandro Gallo, exasesor de la expresidenta Sofía Almeida, reveló que él acudía hasta el Palacio de Gobierno para reunirse con funcionarias y el consejero presidencial Aparicio Caicedo, supuestamente, para preparar las carpetas de los candidatos a las comisiones ciudadanas de selección, como de aquellos que se postulen a ser autoridad.

Gallo mencionó en febrero pasado que incluso Pedro Almeida, padre de Sofía Almeida, supuestamente habría sido parte de estas conversaciones.

Almeida se desentendió de las declaraciones de su asesor y, al contrario, declaró que el Gobierno tiene interés en la designación del titular de la Contraloría.

Esta posición de Almeida se dio después de que la nueva mayoría del CPCCS, encabezada por Hernán Ulloa, tomó el control del organismo el 9 de febrero de 2022, en una sesión que tuvo el resguardo de la Policía Nacional.

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Ahí, Almeida fue removida de la presidencia y David Rosero de la vicepresidencia, y pese a las acciones de protección que han planteado, no logran recuperar sus dignidades.

Mayoría del Consejo de Participación Ciudadana empieza a dar forma a la comisión que elegirá al contralor del Estado

Cuando se dio este hecho, el régimen divulgó un comunicado en el que reafirmaba su “absoluto compromiso con el principio de separación de poderes y el Estado de derecho”, por lo que respetaba la decisión tomada por la nueva mayoría del CPCCS, que la integran Hernán Ulloa, Francisco Bravo, Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira.

En los tres meses de gestión de Ulloa se agilizó la designación del titular de la Superintendencia de Compañías de una terna que remitió el mandatario, resolviendo la elección de Marco López.

En la administración de Sofía Almeida esto no avanzaba, pues no había acuerdos para aprobar el reglamento. Esto fue hasta que Ibeth Estupiñán decidió no apoyar la propuesta de Almeida y empezó la conformación de la nueva mayoría.

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En la víspera, está en marcha la designación del titular de la Superintendencia de Bancos, y quien encabeza la terna enviada por Lasso, Rosa Guerrero Murgueytio, estuvo a punto de ser inhabilitada porque su título de tercer nivel es de licenciada en Sociología y Ciencias Políticas, cuando el Código Orgánico Monetario establece tener título en economía, finanzas y otras áreas relacionadas.

Sin embargo, el CPCCS decidió consultar a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senescyt) si esa licenciatura se relaciona con lo establecido en la ley y la respuesta fue afirmativa. De esta forma, los cuatro vocales habilitaron su candidatura bajo la oposición de Sofía Almeida y David Rosero, quienes advierten un incumplimiento de la ley.

Mientras tanto, en la Asamblea Nacional se resuelve una posible destitución de la presidenta Guadalupe Llori con el anuncio paralelo de priorizar el juicio político a los cuatro vocales del CPCCS, el presidente Guillermo Lasso habría ofrecido asignar el presupuesto para agilizar los concursos públicos para designar autoridades, en especial, el de contralor.

Ese compromiso se había dado a inicios de mayo, en una reunión reservada entre el primer mandatario y los cuatro consejeros de mayoría.

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Luego de eso, el 4 de mayo, el pleno empezó a dar forma a la integración de la comisión ciudadana de selección y al momento está en fase de calificación de méritos de 102 postulantes.

Dentro del Gobierno se hablaba de incluir en la propuesta de consulta popular una posible enmienda a la Constitución para quitarle al CPCCS una de sus once atribuciones, que es la de designar autoridades.

Dudas sobre cumplimiento de requisitos de Rosa Guerrero y Doris Padilla, candidatas a ocupar la Superintendencia de Bancos

Ello implicaría trasladar esa facultad a la Asamblea Nacional, que está compuesta por 137 legisladores; en tanto, en el CPCCS una autoridad se puede designar por decisión de una mayoría de cuatro o por unanimidad con siete votos. (I)