Construcción de matrices en Word y Excel acompañadas de tensos debates marcaron la jornada para la delineación de las actas que plasmarán los acuerdos llegados en las primeras cinco mesas técnicas instaladas como parte del diálogo entre las delegaciones del Gobierno e indígenas durante estos casi dos meses.

Este viernes 9 de septiembre está previsto que las dos partes cierren con el trabajo de las cinco -de diez- mesas que se instalaron después del paro nacional de 18 días en junio, de las que se deberá conocer los acuerdos, desacuerdos y temas que quedarán pendientes.

Desde tempranas horas de la mañana de este jueves 8 d septiembre, la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) al norte de Quito era el escenario de entrada y salida de vehículos públicos y los rostros de políticos y ministros, así como de líderes indígenas del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) que salían bajo expectativa y con prudencia en sus declaraciones.

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Los acuerdos, desacuerdos y temas pendientes se manejan con reserva hasta que en una declaración oficial, los representantes del Gobierno y de los movimientos indígenas, en conjunto con la Conferencia Episcopal, como garante de este proceso se los dé a conocer.

A lo largo de estos primeros 60 días de encuentros se instalaron grupos de trabajo alrededor de la focalización de subsidios a los combustibles; control de precios de productos de primera necesidad; banca pública; energía y recursos naturales; y, fomento productivo.

En la mañana se habló de acuerdos previos que debían aún plasmarse en documentos y uno de ellos relacionados en materia de combustibles.

El presidente de la Fenocin, Gary Espinosa, hizo una breve exposición de lo que se había conversado con un resultado que se articulaba a establecer una política de focalización para sectores productivos y sociales de bajos recursos. Entre ellos, aquellos que realizan actividades de transporte público, moto taxis, fluvial, entre otros que aún deben definirse.

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La expectativa giraba alrededor de una posible reducción de los precios de la gasolina extra y el diésel por los 30 centavos y 25 centavos, en su orden.

Con ello, se analizaba que si el precio de la gasolina extra, que actualmente está por los $2,40 se reduciría a los $ 2,10; y, el diésel de $ 1,75 a $ 1,50.

Esa reducción tendría como objetivo llegar a cierto grupo poblacional, para lo que el Gobierno deberá adecuar las herramientas tecnológicas que permitan identificar a los beneficiarios.

Entre las propuestas estaría el implementar un código QR que pueda leer la información del vehículo de ciudadano en aspectos como cuántos galones subsidiados tiene como su cupo, cuántos ha consumido y si se le terminaron tendrá que pagar el precio real del galón de combustible. Es decir, sin subsidio.

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A la Conferencia llegó el ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, quien fue cauto en mencionar los posibles consensos a los que llegarán las partes.

Sí mencionó que podría iniciarse un proceso de “elegibilidad”, mediante el cual se escogería quiénes quedarán excluidos de ser beneficiarios de los subsidios.

El dirigente de la Feine, Samuel Lema, ahondó un poco más en esta materia y mencionó que la focalización estaría dirigida a agricultores, mototaxis, transportistas públicos, fluviales.

Entre los estudios técnicos, se había hablado incluso de que aquellas personas que reporten ingresos anuales que sobrepasen los $ 42.000 no podrían ser beneficiarios de estos subsidios.

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Sobre esta mesa, los acuerdos o desacuerdos definitivos se podrían conocer este viernes, pues se prevén reuniones extensas entre las partes.

Ello, tomando en cuenta que durante los 18 días que subsistieron las movilizaciones de los movimientos indígenas, el presidente de la República, Guillermo Lasso, redujo en un total de 15 centavos los precios de los derivados del petróleo.

En otros temas, como la mesa de Energía y Recursos Naturales, los principales pre acuerdos giraron alrededor de elaborar propuestas de reforma a las leyes de Minería, de Hidrocarburos, de Consulta Previa, de la Circunscripción Amazónica y, elaborar una ley específica que regule a la empresa pública Petroecuador.

Según Henry Llanes, uno de los delegados del movimiento indígena en estas mesas, se crearía una comisión que elabore estas propuestas de ley y las presente a la Asamblea Nacional bajo la característica de económica urgente.

En cuanto a la mesa de Fomento Productivo, los consensos se encaminarían a controlar los cobros por regalías de producción de flores y conformar una comisión especial que sea veedora de los acuerdos internacionales como los tratados de libre comercio para evitar que afecten a los productores ecuatorianos, campesinos y agricultores.

Alrededor de la mesa de control de precios, se estaría concretando un acuerdo para que el Ministerio de Agricultura calcule precios referenciales sobre una docena de productos, entre alimentos y otros, como jabones y materiales de higiene femenina.

La mesa de Banca Pública y Privada reportó acuerdos previos entre las partes, relacionados con la condonación de las deudas que ascienden hasta los $ 3.000; facilidades de acceso a créditos y con intereses del 1%.

Sin embargo, las organizaciones sociales esperan que el Ejecutivo concrete lo que establece las reformas a la Ley tributaria, para que la condonación se efectivice por los $ 10.000.

Debido a los álgidos temas que se tratan en estas mesas técnicas, aún no se ha informado los detalles de donde y cuando se anunciaron los consensos logrados y los temas que quedarán pendientes.

El acta por la paz que dio paso a estos encuentros, se firmó el 30 de junio pasado y logró detener los 18 días del paro nacional.

En ese documento se estableció un plazo de 90 días para llegar a acuerdos, desacuerdos e incluso temas pendientes, que las partes podrían decidir avanzar.

De las diez mesas técnicas que se acordó instalar, resta la conformación de otras cinco que tratarán temas relacionados con Derechos colectivos; Seguridad y justicia; Educación; Empleo y Salud. (I)