El exministro de Salud Juan Carlos Zevallos no compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional a presentar, este 14 de abril, las pruebas de descargo dentro del juicio político que se procesa en su contra, y remitió un documento de 59 páginas con respuestas a las doce acusaciones.

La solicitud de juicio la presentaron los asambleístas Ángel Sinmaleza (ex-SUMA) y Pabel Muñoz (RC), por irregularidades en la adquisición de vacunas, en la aplicación de un plan de vacunación, en la desaparición de cadáveres durante la pandemia, por la no aplicación de la Ley de Apoyo Humanitario para la asignación de nombramientos definitivos a los profesionales de la salud, así como por la falta de control y entrega arbitraria de carnés de discapacidad, entre otras acusaciones.

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Tras la lectura de las respuestas del exfuncionario, los dos interpelantes cuestionaron a Zevallos por su ausencia y sostuvieron que falló al país en su gestión, falló a la Asamblea Nacional al no presentarse a responder; por lo tanto, insistieron a la Comisión de Fiscalización que entregue lo antes posible el informe para que el expediente suba al pleno y se decida sobre su censura.

La presidenta de la Comisión de Fiscalización encargada, Noralma Zambrano (AP), indicó que en el proceso de juzgamiento al exministro se ha cumplido con rigor la ley para garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa, y que en los próximos días se recogerá, en el informe, todos los testimonios expuestos durante la sustanciación del juicio y las respuestas dadas por el acusado.

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Según Zambrano, la comisión está desencantada por la no comparecencia del exfuncionario, que solamente ha enviado un informe al que se dio lectura en la sesión.

En el documento presentado por Zevallos, se señala que por 20 ocasiones en once meses de pandemia respondió a la Asamblea Nacional. Que asumió el Ministerio de Salud en un “contexto horrendo”, el 21 de marzo de 2020, y que para detener la crisis humanitaria trabajó en un plan de contingencia, como el fortalecimiento del sector primario de la salud, expansión de la capacidad hospitalaria, búsqueda activa para casos de COVID-19, y que se invirtieron $ 219 millones.

Respecto a la emisión de carnés de discapacidad, el exfuncionario señaló que esas irregularidades se venían cometiendo desde el 2012, y que en su administración se tomaron medidas como la presentación de denuncias ante la Fiscalía, acciones administrativas sancionatorias a funcionarios públicos, y que se desarrolló un nuevo software del sistema nacional electrónico de discapacidades.

En torno a la aplicación del artículo 25 de la Ley Humanitaria, el exfuncionario afirma que su cartera de Estado ejecutó lo dispuesto en la normativa, que llamó a concursos para la asignación de nombramientos a los profesionales de la salud de manera equitativa; para ello distribuyó equipos para que viajen a territorio a fin de emitir lineamientos previos a la aplicación. Que estos concursos se ejecutaron en el mes de diciembre de 2020, a nivel nacional, con todas las unidades de salud; todo lo cual concluyó a finales de ese mismo mes. Que el concurso lo ganaron 5.961 profesionales de la salud.

Que la fase II implicó el concurso de méritos y oposición para los profesionales de la salud que mantenían una relación laboral a través de contratos de servicios ocasionales, que será aplicado una vez que el Ministerio del Trabajo proceda con la creación de partidas individuales; para ello, el 13 de febrero de 2021 emitió un pedido al Ministerio del Trabajo de creación de 2.390 puestos.

Además, dijo que la solicitud de certificación presupuestaria al Ministerio de Finanzas de 6.709 contratos de servicios ocasionales se realizó con base en un análisis preliminar efectuado por las diferentes coordinaciones zonales de salud de esa cartera de Estado; sin embargo, al realizar un segundo análisis de los profesionales de salud que se acogen al beneficio de la Ley de Apoyo Humanitario, la cifra asciende a 12.045 contratos de servicios ocasionales.

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Que hasta el día en que estuvo en funciones se emitió un total de 5.961 nombramientos permanentes a los profesionales de la salud de las diferentes coordinaciones zonales.

Respecto al presunto sobreprecio en la adquisición de bolsas de cadáveres, el exfuncionario informa a los legisladores que el proceso se encuentra en fase de indagación en la Fiscalía y que se han iniciado procesos de auditoría en la Contraloría, por lo que aún no existen pronunciamientos sobre las investigaciones.

Plan de vacunación

En torno al plan de vacunación, en el documento expuesto por el exministro Zevallos se remite a la Comisión de Fiscalización al hipervínculo https://www.salud.gob.ec/plan-vacunarse-2020-2021 para que ahí revisen la hoja de ruta, protocolos y puntos de vacunación.

Que el Ecuador, durante su gestión, consiguió cerrar acuerdos y adquirir 20′117.155 dosis con los laboratorios Pfizer, Covax, Sinovac, AstraZeneca y una donación de Chile.

Sobre la fase de vacunación, Zevallos señala que la ejecución del plan piloto fue positiva, que no se perdió una sola dosis. Que la fase cero que se desarrolló en las 24 provincias del país permitió calibrar la estrategia logística, potenciar los tiempos y puntos de vacunación, identificar y corregir los problemas y optimizar las seguridades y certezas para las próximas fases de aplicación de un plan de vacunación técnico, trabajado por varios meses por un equipo multidisciplinario, que incluyó a expertos en diferentes áreas, para evitar improvisaciones que atenten contra el bienestar de la población.

Que la planificación de la fase 0 y 1, al considerar grupos objetivos focalizados, requirió la construcción de bases de datos, para lo cual se estableció un procedimiento sustentado en nóminas o listas provenientes de instituciones públicas y privadas consideradas en la priorización y legalmente responsables de la información.

Reveló que se remitió una serie de invitaciones a varias instituciones para que participen en el proceso de vacunación cuando se inicien las fases subsiguientes, pero que lamentablemente fueron manipuladas políticamente.

Respecto a la vacunación establecida para el presidente de la República, su círculo cercano, ministros de Estado con más de 60 años y personajes públicos de la tercera edad, la Fiscalía General del Estado ha iniciado un proceso de investigación que se encuentra en la fase indagatoria, y no puede aportar con mayor información.

Para las fases 2 y 3, estaba prevista la vacunación masiva en Ecuador, para la cual se utilizaría la plataforma tecnológica desarrollada por el Banco del Pacífico y el área informática del MSP, con las bases de datos del Registro Civil.

En torno a los puntos de vacunación, el exfuncionario afirma que se cuenta con 2.000 centros de salud del MSP y con 1.000 de la Red Integral de Salud (IESS, ISSFA, ISSPOL). En coalición con el sector privado (academia, laboratorios, empresas, etc.) se adicionaron aproximadamente 7.000 puntos de vacunación. Estos puntos se establecerán de manera progresiva y de acuerdo al flujo de vacunas que ingresen al país. El personal que atenderá estará constituido por vacunadores de la RPIS y RPC, así como voluntarios de la academia.

Pedido de censura

Luego de la lectura del documento enviado por el exministro de Salud, el asambleísta Ángel Sinmaleza comentó que el funcionario no dijo nada sobre el mal manejo de cadáveres en la ciudad de Guayaquil.

A su criterio, no hay un plan de vacunación, lo que mostró el exministro son estadísticas de los primeros meses de pandemia sobre el número de contagiados; un plan de vacunación no es un cronograma, sino un detallado sistema con una base de datos reales. Además, afirmó que, con el documento enviado a la Comisión de Fiscalización, el exsecretario del Estado no ha justificado las acusaciones presentadas en su contra y que han sido probadas.

Que el exministro de Salud pretende distraer la atención y justificar lo injustificable, afirmó Sinmaleza ante la Comisión de Fiscalización, que incumplió sus funciones en la entrega de carnés de discapacidad, en la aplicación de la Ley de Apoyo Humanitario, así como en el mal manejo de la pandemia.

El legislador Pabel Muñoz (RC), interpelante del exfuncionario, lamentó la ausencia del funcionario y ratificó su decisión de pedir al pleno de la Asamblea Nacional que sea censurado lo antes posible, porque no se presenta a dar respuestas al país, pues sus respuestas son evasivas, generales, mientras que los ciudadanos requieren hechos.

Lo que tuvo que hacer el exministro Zevallos es presentarse y darle explicaciones al país, insistió Muñoz, y anunció que ante el pleno exigirá respuestas a un exfuncionario que a su criterio le falló al país y, por lo tanto, merece su censura inmediata.

Ante la ausencia del funcionario no se pueden formular las preguntas, añadió Muñoz, pues se necesitaba saber las normas de prevención para el control de enfermedades de riesgo y accidentes de trabajo; el número de personal médico de apoyo que se contagió de COVID-19 durante la pandemia; las normas técnicas implementadas para detener la pandemia; las metodologías que implementó para llevar un registro de las personas que fallecieron con coronavirus; en vacunación, el número y nombres de personas que se vacunaron en la fase cero; qué disposiciones emitió el presidente de la República para el proceso de vacunación, entre otras.

Con esta sesión, la Comisión de Fiscalización cierra la etapa de pruebas de cargo, y esperará diez días adicionales para aplicar pruebas de descargo en caso de que el acusado lo requiera; posteriormente, entrará a elaborar el informe final sobre el proceso en contra de Zevallos. (I)