Con casi 45 minutos de retraso se instaló la mañana de este miércoles, en el Complejo Judicial Norte, en Quito, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de asesinato ocurrido contra el policía Froilán Jiménez y los militares Darwin Panchi y Jacinto Cortez, durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010.

La audiencia está a cargo de la jueza penal de Pichincha Luz María Ortiz, mientras que el dictamen acusatorio contra los nueve procesados de parte de la Fiscalía lo realizará la fiscal Claudia Romero. Las defensas de las partes procesales han acudido de manera presencial a la audiencia que en su cuarta convocatoria se instala. La diligencia arrancó con la fase de presentación de vicios de nulidad que puedan afectar lo actuado en el caso.

Uniformados enfrentarán audiencia por la muerte de un policía y dos militares durante la revuelta del 30-S

Este caso arrancó con la formulación de cargos por el delito de homicidio contra los oficiales en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas Luis Castro, Paúl Guzmán, Jorge Merino, Jorge Peña y Hegel Peñaherrera, pero tres meses después, la Fiscalía reformuló cargos y pasó a investigar un delito de asesinato cometido bajo la modalidad de ejecución.

Casi al cierre de la instrucción fiscal se vinculó a los militares activos Fernando Castro, Marco Cano, Luis Orozco y Patricio Guadalupe.

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Para la fiscal Romero, todos tendrían participación en las muertes de Jiménez, un policía del Grupo de Intervención y Rescate (GIR); de Panchi, un soldado del Ejército; y de Cortez, un cabo del Ejército. Estos fallecimientos se dieron en los alrededores del hospital de la Policía Nacional, en el norte de Quito, zona en la que se produjeron los actos más violentos de la revuelta del denominado 30-S y en la que al final de la jornada se rescató al entonces presidente Rafael Correa, quien estaba en dicha casa de salud.

Los oficiales en servicio pasivo procesados habrían cumplido varias funciones durante la denominada Operación Rescate, que estuvo a cargo de las Fuerzas Armadas la tarde y noche del 30-S: Castro fue el director del operativo militar para sacar del hospital de la Policía al presidente Correa; Peña fue el director de Operaciones del Comando Conjunto de las FF. AA.; Peñaherrera fue el comandante de la Primera División Shyris; Guzmán, el comandante del Grupo Especial GEO; y Merino, el comandante del Grupo Especial de Comandos.

María Teresa Torres, abogada del oficial Paúl Guzmán, arrancó la primera etapa de la diligencia asegurando que aunque existen “múltiples y graves violaciones al debido proceso, esa defensa desiste de presentar alegaciones de nulidad respecto de los mismos.

“Han transcurrido casi once años de investigación y no se ha resuelto el tema de fondo dentro de este caso, es decir, es necesario que dado el tiempo existan un pronunciamiento y una decisión judicial que sobresea o ratifique la inocencia de los oficiales que hoy están siendo injustamente procesados, que se reconozca a todas las víctimas del 30 de septiembre y que se condene y procese a los verdaderos culpables de estos hechos”, apuntó Torres.

Fiscalía reformula cargos y busca vincular a cuatro personas más a caso que investiga tres muertes ocurridas durante el 30S

La defensa del general en s.p. Hegel Peñaherrera, Paúl Ocaña, no presentó alegaciones de prejudicialidad, pero sí señaló que existen dos nulidades respecto al procedimiento: la falta de notificación y el no incorporar información de descargo de dos expertos. Solicitó que se declare la nulidad de todo lo actuado desde las fojas 5043, este es el impulso 10 de fecha 19 de julio de 2019; y, además, pidió que se defina la nulidad a fecha 21 de enero de 2021, pues se afecta al principio de igualdad probatoria.

Pese a que este caso ha durado muchos años, la defensa del coronel Patricio Guadalupe reconoce que hasta ahora no se han acercado a la verdad y aclara que si se sigue en la misma línea tampoco lo harán. El abogado del oficial aseguró que no tienen alegaciones de prejudicialidad, ni de competencia, pero si, dijo, tiene tres alegaciones, entre ellas, de procedibilidad.

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La defensa de Guadalupe pidió que la jueza Ortíz declare la nulidad desde mediado de enero pasado y habilite cinco días de instrucción fiscal para que se pueda realizar el ingreso de información que no ha sido desclasificada por el Consejo de Seguridad Publica y del Estado (Cosepe), el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, respecto a la Operación Rescate 30-S.

“Fiscalía ha sostenido que hay información que no se ha desclasificado y que esta información eventualmente sería uno de los pilares o haría presumir la culpabilidad de los procesados tanto de los oficiales en servicio pasivo como activo. Lo que implica que no se cuente con esta información, a pesar de que reconocemos que se han realizado más de 17 pedidos por parte de Fiscalía al Estado ecuatoriano”, explicó el abogado del coronel Guadalupe.

La mayor parte de los abogados de los nueve procesados por el delito de asesinato de un policía y dos militares durante la revuelta policial del 30-S acudieron de forma presencial al Complejo Judicial Norte, en Quito. Cortesía/El Universo. Foto: El Universo

La defensa del oficial recordó que ya hicieron un pedido en enero de 2021 para que se disponga se haga una inspección ocular técnica y de reconocimiento por parte de la Fiscalía a los archivos del Cospe o del Comando Conjunto donde se encuentra información de suma importancia para todos en el caso. " Es un derecho no solo de las víctimas y sus familiares, sino también es un derecho de los procesados”.

Según el abogado de Guadalupe, dentro de la información que se ha desclasificado y que es parte del expediente no constan al menos tres anexos con datos valiosos. Recordó el abogado a la jueza que existe una pronunciamiento público del presidente Guillermo Lasso sobre que se desclasifique toda la información relacionada al 30-S e incluso, informó, ellos ya han presentado una petición formal para que se concrete ese anuncio.

El que se anexe esa información que no ha sido desclasificada para varios abogados significaría que podrán hacer una adecuada defensa.

Al momento la audiencia se suspendió hasta las 15:00 de este miércoles. Ya concluyeron las primeras intervenciones de los abogados de los nueve procesados y la diligencia se reinstalará para que la fiscal Claudia Romero rechace cada una de las alegaciones de nulidad expuestas y de la misma forma intervendrán los abogados de las víctimas del delito de asesinato.

Terminadas las exposiciones de los sujetos procesales, la jueza Luz María Ortiz realizará una evaluación de los elementos entregados y deberá decidir si encuentra algún vicio de nulidad que afecte lo actuado por la Fiscalía hasta esta parte del proceso o declara válido todo lo actuado y pasa a la etapa preparatoria de juicio.

Para la defensa de la familia Jiménez, Edwin Romero, esta es la segunda vez que participa de una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por la muerte de Froilán Jiménez.

En mayo de 2019, dentro de la investigación por el delito de ejecución extrajudicial dada contra Froilán Jiménez, la jueza Ximena Rodríguez declaró nulo todo lo actuado en el proceso desde el 20 de septiembre de 2018, dejando en vigencia lo realizado en los primeros quince días de la instrucción fiscal que se abrió solo por el asesinato de Jiménez.

Romero dijo que llama la atención a la defensa de las víctimas es que los abogados de los militares procesados estén alegando nulidades de procedimiento relacionadas a que el propio Ministerio de Defensa “al ocultar información, al no remitir información”, en beneficio de sus representados, ha vulnerado el derecho a la defensa.

“Esto quiere decir que existen enraizados funcionarios públicos de los cuales se ventilarán los nombres y apellidos en esta audiencia para que sean investigados por obstrucción a la justicia. La audiencia se reinstalará a las 15:00 y existirá el pronunciamiento de la Fiscalía General del Estado y sabremos si también se pide la nulidad, por cuanto no dieron cumplimiento a 17 requerimientos el Ministerio de Defensa Nacional para poder dar con el autor material, por ejemplo, de quien mató a Froilán Jiménez”, sostuvo Romero. (I)