Al menos tres temas concentran la preocupación de varias organizaciones políticas nacionales, a pocos meses de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) arranque con la ejecución de las fases previas hacia los comicios seccionales del 5 de febrero del 2023.

La elaboración de las listas de candidaturas con el encabezamiento de mujeres y jóvenes; estímulos para conformar alianzas electorales; pertenencia a una jurisdicción para las inscripciones, entre otras, son las inquietudes que hay entre los actores políticos.

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Su propósito es que esto sea tratado en el primer y segundo consejo consultivo al que debe convocar el Consejo Electoral antes de la fase de democracia interna, a las 263 agrupaciones políticas nacionales, provinciales, cantonales y parroquiales que están inscritas en el registro nacional y habilitadas para participar.

El calendario aprobado preveía que el primer encuentro se instale este 25 de marzo. Sin embargo, extraoficialmente se conoció que este no se realizaría, porque el organismo no ha resuelto en su pleno la agenda que se tratará, o si será presencial o virtual, en el contexto de la pandemia del COVID-19.

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Las proyecciones internas del Consejo apuntan a que, para estos comicios se registrarán alrededor de 9.000 listas, las que deberán cumplir con la equidad de género y la inclusión de jóvenes, que es justamente un tema en común de discusión entre los representantes de varias agrupaciones.

Las reformas al Código de la Democracia, vigentes desde febrero del 2020, estipulan en su artículo 99 numerales 4, 5, 6, 7 y 8, en concordancia con la disposición transitoria tercera, que de manera progresiva y hasta completar el 50 % de participación de las mujeres encabezando las listas, las inscripciones de candidaturas para estas seccionales deberán contener un mínimo del 30 %. (En las recientes elecciones generales del 2021, este porcentaje fue del 15 %).

Es así, como en el caso de las prefecturas el 30 % de los binomios en las listas que las organizaciones políticas inscriban a nivel nacional deberán estar encabezadas por mujeres; para las alcaldías y concejalías, ese valor deberá contemplar el total de candidaturas inscritas a nivel provincial.

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Para los candidatos a juntas parroquiales será el total de listas inscritas a nivel cantonal con el 30 % de mujeres. A esto se suma, que en cada una de las listas, cualquiera que sea la circunscripción, al menos el 25 % incluirá a mujeres y hombres jóvenes; el mismo porcentaje se respetará para candidaturas a nivel nacional en caso de alcaldías y prefecturas, cita el artículo 8 del Código.

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Enrique Menoscal, director nacional del movimiento Centro Democrático, señaló que en muchas localidades los actores políticos no están “conscientes de estos temas” y al momento de las inscripciones es cuando se presentan las impugnaciones a las candidaturas.

Para ejemplificar, refirió que sobre la participación de los jóvenes hay preocupación por la poca experiencia o preparación que puedan tener. Entonces, habrá movimientos que optarán por analizar “¿en dónde pierdo, en la Amazonía? Ahí ponen un joven; eso no ayudará a promover la participación”.

Así también, las suspicacias se dan alrededor de la ‘pertenencia’. En el Código se introdujo el numeral dos del artículo 95, que obliga a que un candidato debe “constar en el registro electoral del lugar al que desea representar y haber sufragado en el mismo en el último proceso electoral”.

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Para constatar ese requisito, Menoscal sugerirá al CNE que permita a los movimientos y partidos tener una clave para acceder al sistema y consultar si un candidato votó en el lugar en el que se postula y si pertenece o no a una organización política, para evitar las impugnaciones.

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Cecilia Velasque, subcoordinadora nacional de Pachakutik (PK), adelantó que exigirán aclaraciones sobre la metodología o mecanismos que se implementarán para que se cumpla con el 30 % de inclusión de mujeres en las listas. “Esa es nuestra exigencia, que nos den el mecanismo, porque no nos pueden botar a los partidos y movimientos que nos despedacemos en este proceso, porque no tenemos los mecanismos necesarios”, dijo.

Explicó que en el caso de la elección de prefectos debe haber siete provincias, cuyas listas estén encabezadas por mujeres. “En Cotopaxi son siete alcaldías y deben encabezar las listas tres mujeres”, pero lo que más hay son candidatos varones.

El presidente del movimiento Democracia Sí, Gustavo Larrea, exaltó la necesidad de que el órgano electoral estimule las alianzas electorales, debido a la “enorme dispersión” de agrupaciones al ser 265 las existentes.

“Hay que fomentar la unidad de las fuerzas políticas a través de alianzas y ese será nuestro planteamiento”, anotó Larrea, quien a su vez cree que se debería eliminar el requisito de notarizar las candidaturas porque es un gasto innecesario.

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“Notarizar 221 candidaturas para alcaldías, más de 1.000 cantonales, 8.000 parroquiales… no tiene sentido; se debería permitir que el secretario de cada organización de fe de los documentos”, añadió.

Alrededor de estos temas, el objetivo es que el CNE actualice o elabore nuevos reglamentos para facilitar los trámites electorales, anotó Javier Orti, presidente del movimiento Avanza.

“Es necesario que haya un reglamento de alianzas electorales que facilite su conformación y las incentive, porque estamos conscientes de que la dispersión electoral no va a dar buenos resultados para las ciudades y la única manera es que exista un reglamento en ese sentido”, opinó.

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Coincide con la inquietud de cómo se ejecutará la inserción de mujeres y jóvenes en las listas. “Tenemos que discutir de estos temas y estamos tratando de unificar los discursos con varias organizaciones para que el Consejo se vea presionado a emitir los reglamentos respectivos para el buen funcionamiento de las elecciones”, indicó.

A su criterio, sobre las alianzas electorales debería considerarse que si una de ellas logra la elección de un concejal, esa curul se considere en el 100 % para todos los miembros participantes y eso confluya en el cálculo para mantener la personería jurídica de los movimientos y partidos. “Hay ambigüedades y necesitamos que se nos aclare, porque sino hay este tipo de incentivos es mejor no aliarse e ir con candidatos propios, lo que al final dispersará el voto y tendremos autoridades electas con el 18 % o 20 % de la votación”, advirtió.

Geovanni Atarihuana, presidente del partido Unidad Popular, tiene un criterio similar respecto de que se pedirá a los consejeros que se actualicen los reglamentos de alianzas, de inscripción de candidaturas de democracia interna. “Debe también, quedar claro cómo se van a aplicar las cuotas de género y juventud; la pertenencia a la jurisdicción para ser candidatos, los procedimientos para facilitar las primarias y la inscripción para no entorpecer los procedimientos, dado la cantidad de dignidades a elegirse”, expresó el dirigente político. (I)

Campaña para cambios de domicilio se iniciará el 14 de abril

Este 14 de abril, el Consejo Nacional Electoral (CNE) iniciaría con la campaña de cambios de domicilio, actividad que es parte de la elaboración del registro electoral o más conocido como padrón que se utilizará en las elecciones seccionales y de vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que se realizará en febrero del 2023.

El proceso se efectuará, según el calendario aprobado por el CNE, hasta el 14 de mayo próximo.

No obstante, a pocas semanas que esta actividad arranque, el organismo no contaría con los recursos asignados por parte del Ministerio de Finanzas para iniciar con la contratación del personal, que a su vez deberá capacitarse para asistir a la ciudadanía en lugares confluidos del país.

Para las elecciones generales del 2021, este proceso se realizó mediante un aplicativo web elaborado por la institución, debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Para estos comicios, la aspiración es que sea presencial.

El Consejo Electoral aprobó un presupuesto de $ 109,3 millones, que deberá ser aprobado por la cartera de Finanzas. (I)