El manejo de los bienes incautados a la familia Isaías ha pasado por al menos una decena de entidades

A lo largo de los últimos trece años, en los gobiernos de Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso, al menos una decena de instituciones ha manejado los bienes muebles e inmuebles, y paquetes de acciones de compañías que fueron incautados en julio del 2008 a los hermanos Roberto y William Isaías Dassum, expropietarios del Filanbanco.

Los Isaías plantearon, hace pocos meses, una demanda contra el Estado ecuatoriano para obtener una compensación por estas incautaciones. Piden $ 2.000 millones.

Los bienes estuvieron, primero, en manos de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), que realizó las incautaciones para cubrir un supuesto ‘hueco patrimonial’ en el banco por $ 661 millones, el cual se había determinado en una auditoría de Delloite & Touche del 2001.

Con la expedición de la Ley de creación de la Red de Seguridad Financiera, el 31 de diciembre del 2008, se dispuso la extinción de la AGD; su proceso de liquidación debía durar un año con la posibilidad de extenderse seis meses más.

La Agencia fue eliminada, finalmente, por decreto ejecutivo, el 31 de diciembre del 2009. Al día siguiente, sus atribuciones, activos y pasivos pasaron al Ministerio de Finanzas.

Pero antes, el 19 de marzo de 2009, la AGD en liquidación celebró un contrato con la Corporación Financiera Nacional (CFN) para crear el Fideicomiso Mercantil AGD-CFN No más Impunidad, al cual se encargó la administración de los bienes incautados, no solo de los Isaías sino de otros bancos quebrados.

En el Código de Planificación y Finanzas Públicas, en vigor desde el 22 de octubre del 2010, se dispuso que todo lo que asumió Finanzas pase a la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN No más Impunidad (Ugedep), que se creó el 7 de diciembre de 2010 mediante decreto ejecutivo. El titular de ese organismo fue Pedro Delgado, que huyó a Miami, Estados Unidos, y que luego fue sentenciado por peculado bancario y enriquecimiento ilícito.

Cinco años más tarde, el 25 de junio de 2015, se suprimió la Ugedep y se transfirieron todas sus funciones, atribuciones y patrimonio al Banco Central del Ecuador. Incluyendo los derechos sobre el fideicomiso.

Ese mismo año, paralelamente, Correa creó por decreto ejecutivo la Unidad de Gestión de Medios (Ugemed), con el fin de administrar las compañías de medios de comunicación incautadas, que salieron del fideicomiso. Al frente de esta entidad designó al entonces secretario de Comunicación Fernando Alvarado.

La Ugemed se eliminó en mayo del 2017 y estas compañías pasaron a la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco), entidad que se había creado también en el 2015.

Y a su vez, esta las transfirió en noviembre del 2017 a la Empresa de Medios Públicos, que se conformó en el 2016 con la fusión de EcuadorTV y diario El Telégrafo.

En agosto del 2020, finalmente, Moreno dispuso la escisión de la Empresa de Medios Públicos; quedó, por un lado, Medios Públicos EP en liquidación y la Empresa de Comunicación Comunica EP. Esta última es la que ahora administra los medios incautados.

En la Ley Orgánica para el cierre de la Crisis Bancaria de 1999, publicada en febrero del 2014, se dispuso que el Central traspase algunos bienes muebles e inmuebles al Ministerio de Agricultura y Ganadería, y a lo que para entonces se llamaba Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público o Inmobiliar, que a su vez se había creado en el 2008 con el nombre de Unidad de Gestión Inmobiliaria del Sector Público. Esta última institución también tuvo varios cambios.

Y en agosto del 2018, en la Ley de Fomento Productivo, se ordenó la liquidación del Fideicomiso AGD-CFN No más Impunidad en el plazo de un año y transferir todos sus bienes al Central. Pero esto no se cumplió. Verónica Artola, quien fue gerenta del BCE hasta el 24 de mayo del 2021, señala que fue “mucho más difícil de lo que imaginamos”.

“Había muchos bienes en el fideicomiso y se acordó que lo que se vayan subsanando pase al Central. Pero había muchísimos huecos. Y dije yo no puedo liquidar y cerrar ese fideicomiso porque las cuentas no están claras, pues lamentablemente la CFN, que es la fiduciaria, no las entregaba. Entones se alargó el proceso, solo pasó al Central lo que estaba ‘limpio’, y lo demás se quedó en el fideicomiso”, cuenta la exfuncionaria.

En la Ley de Defensa de la Dolarización, aprobada en el 2021, se introdujo la creación de una Unidad de Gestión y Regularización, adscrita a la Presidencia de la República, para que asuma estos bienes. “Yo propuse que esto salga del banco porque era un dolor de cabeza administrarlos”, sobre todo por los juicios instaurados para reclamar su propiedad.

Esta norma estableció, además, que debían hacerse auditorías que debían estar listas al 31 de diciembre pasado.

Artola comenta que al dejar su cargo entregó un informe detallado de la situación del fideicomiso AGD-CFN No más Impunidad.

Diario EL UNIVERSO solicitó por escrito información al BCE y a Inmobiliar sobre la situación actual del fideicomiso y los bienes, pero no contestaron.

En el área de comunicación del primero respondieron que están preparando la estrategia de defensa frente a la demanda de los hermanos Isaías y que por ello no podían darla.

En tanto que el titular de la segunda, Fernando Villacís, dijo en una entrevista radial, sin dar mayores detalles, que lograron vender algunos bienes hasta el 2018, año en que los exbanqueros pusieron medidas cautelares para suspender esos procesos con base en un dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el cual se indica que sus derechos fueron violentados en las incautaciones.

En el caso de Comunica EP, el secretario de Comunicación, Eduardo Bonilla, que es parte del directorio, indicó que de las ocho compañías de medios incautadas, solo una está activa. Se trata de TC Televisión. El resto está en proceso de disolución y liquidación, aunque Gamavisión sigue al aire.

De igual forma, señaló que no podían vender nada a causa de las medidas cautelares citadas, lo que ha dificultado el pago de liquidaciones a los exempleados. (I)