El próximo martes 25 de enero, el pleno de la Asamblea Nacional está convocado para tramitar en segundo y definitivo debate el proyecto de ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación.

En medio de polémicas, falta de consensos en el interior de las bancadas y con criterios a favor y en contra del contenido del informe elaborado por la Comisión de Justicia, arrancará el debate a las 09:30.

Este proyecto entró a discusión en la Asamblea tras el dictamen de la Corte Constitucional de abril de 2019 que despenalizó el aborto por violación para niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes.

En las últimas semanas de debate, la temporalidad sobre la interrupción del embarazo superó otros dos nudos críticos del proyecto relacionados con los requisitos y la objeción de conciencia.

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Inicialmente, la mesa de Justicia resolvió con seis votos a favor que la interrupción del embarazo por violación en mujeres mayores a los 18 años de edad podría darse hasta los siete meses de gestación, en tanto que para las niñas y adolescentes no se establecieron plazos, al igual que para los casos de mujeres con discapacidad.

Esa decisión recibió duras críticas políticas y sociales. Cinco días después, la Comisión reconsideró el texto y estableció como plazo 20 semanas de gestación para mujeres mayores a los 18 años, y 22 semanas para niñas y adolescentes víctimas de violación; en tanto que para las mujeres con discapacidad se observará lo dispuesto en la Guía de la Práctica Clínica denominada Atención del Aborto Terapéutico.

Haber reducido a veinte semanas de gestación la interrupción del embarazo por violación no garantiza los votos en el pleno de la Asamblea

Tanto los sectores feministas y de provida anuncian plantones a nivel nacional para el día en que la Asamblea Nacional se instale para el debate del proyecto sobre el aborto por violación. Ambos grupos preparan campañas en redes sociales y además empezaron los acercamientos políticos con miras a obtener los votos suficientes a favor de sus tesis.

José Ignacio Gómez, vocero del colectivo provida Tradición y Acción Ecuador, dijo que se mantienen firmes en contra del informe presentado por la Comisión de Justicia, no es viable el aborto en el Ecuador, porque a su criterio, la sentencia de la Corte Constitucional violó la Constitución en su artículo 45 que protege la vida desde la concepción.

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Cuestionó que la mesa legislativa inicialmente haya incluido como plazo siete meses de gestación para un aborto por violación y que luego haya reducido la temporalidad.

Sin embargo, indicó que si la Asamblea por disposición de la Corte Constitucional debe aprobar un proyecto de Ley, deberían irse por textos que menos afecten o vulneren los derechos del niño en el vientre materno.

Gómez espera congregarse en las inmediaciones del Parlamento el próximo martes, a pesar de que las sesiones del pleno de la Asamblea Nacional seguirán siendo virtuales para evitar contagios con COVID-19. Los plantones serán en las inmediaciones de la Asamblea y a nivel nacional en oposición a la aprobación del proyecto que atenta contra la vida desde la concepción.

Silvia Buendía, activista por los derechos humanos de las mujeres y abogada de temas de género, dijo que le preocupa cómo está concebido el proyecto, porque en la sentencia de la Corte Constitucional se dice que los plazos deben ser objetivos y técnicos para garantizar el acceso a la salud en el tema de niñas, adolescentes, mujeres gestantes que han sido violadas y han optado por un aborto.

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La pregunta es por qué la Comisión de Justicia cambió de 28 semanas y sin límite de plazo para niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad a lo que aprobó el domingo, las 22 semanas para niñas y adolescentes y 20 semanas para las mujeres mayores a 18 años.

Cuál es el criterio que primó para generar el cambio, la presión que se lleva a cabo, pues en la sentencia la Corte les advierte que deben cumplir con su responsabilidad legislativa, pues esto no es un tema de religión ni penal, sino de salud. “Mucho me temo que este cambio obedeció a la presión social y política, y muchos asambleístas no leen o no entienden la sentencia de la Corte Constitucional”, subrayó la activista. (I)