A los tres años de que se declaró el estado de emergencia sanitaria en Ecuador por la pandemia de COVID-19 o coronavirus, y de que se empezaron a conocer actos de corrupción en el sistema público de salud por insumos médicos, medicinas con sobreprecio y fundas para cadáveres con irregularidades, el 90 % de los 179 casos abiertos en la Fiscalía aún se mantienen en la etapa preprocesal y reservada de investigación previa.

Casas de salud a nivel nacional del Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en marzo de 2020, no solo fueron el epicentro del combate al virus que había llegado al país, sino también se transformaban en lugares donde se engendraban grandes negocios ilícitos que aprovechaban la emergencia y la escasez, para vender productos a precios desorbitantes.

A nivel nacional, al 31 de diciembre de 2022, la Fiscalía General registra que 162 casos siguen en investigación previa, es decir, no se han conseguido elementos contundentes para hacer que la causa avance a una formulación de cargos y se dé el inicio de un proceso judicial como tal.

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Los 17 casos restantes, para completar el total de 179 causas abiertas, se mueven entre la instrucción fiscal (cinco), la etapa de evaluación y preparatoria de juicio (tres) y la etapa procesal de juicio (nueve), es decir, solo el 5 % de los casos están a la espera de que se realice una audiencia de juzgamiento o ya fueron juzgados.

Fiscalía crea unidad especial que tendrá a cargo 45 investigaciones abiertas por contratos de salud con supuestas irregularidades durante emergencia

Fuerza de tarea

En junio de 2020, con el fin de garantizar la objetividad en las investigaciones, unificar procedimientos investigativos, evitar la impunidad y blindar los procesos de presiones políticas y conflictos de intereses que se puedan generar en las provincias, la fiscal general Diana Salazar, conformó una Fuerza de Tarea con fiscales especializados para conocer exclusivamente los casos penales que se generen a raíz de la emergencia sanitaria de COVID-19 en Ecuador.

La Fuerza de Tarea liderada por Salazar y coordinada por la fiscal, Ivonne Proaño, coordinadora de la Unidad de Transparencia, Lucha contra la Corrupción y Antilavado de Activos, arrancó su trabajo con 45 investigaciones: 2 que se encontraban en etapa de instrucción fiscal y 43 en fase de investigación previa. Los expedientes de todos los casos pasaron a Quito a la Fuerza de Tarea desde ese momento.

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El coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), Germán Rodas, sostiene que en medio de un momento tan doloroso y complejo como la epidemia se dio todo un “proceso de asalto” al país por parte de “bandas delincuenciales” que aprovecharon esta circunstancia, particularmente en la venta de insumos, en la adquisición de medicamentos e inclusive en construcciones de Gobiernos autónomos descentralizados a pretexto de infraestructura sanitaria.

Ciudadanos esperan para realizarse pruebas PCR para la detección de COVID-19 en Quito (Ecuador), en una fotografía de archivo. EFE/José Jácome Foto: José Jácome

Para el coordinador, a los tres años del inicio de la pandemia, lastimosamente todo se resume a un denominador común: las investigaciones no avanzan. Este estancamiento en el proceso de descubrir a los responsables de los delitos cometidos, desde su perspectiva responde a que existe ineficiencia en ciertos funcionarios de justicia, hay un grado de complejidad en los hechos investigados, pero también el entorpecimiento de los procesos por parte de los sospechosos y sus abogados.

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Rodas recuerda que la CNA en plena pandemia de manera formal entregó al ministro de Salud de la época información sobre casos, personas y empresas relacionadas con irregularidades en la venta de insumos, medicamentos, entre otros, pero, dice, parece que lo que se hizo es pasarle todo a la Fiscalía y hasta ahí llegó la diligencia.

“Lo que esperábamos es que en el propio MSP se tomen medidas, que signifique hacer una limpieza en el interior de la estructura de la salud pública, orientar de forma adecuada para que no se siga con contratos y concursos inadecuados, pero todo se resumió en tomar el camino más fácil. (...) Seguimos a la expectativa de estos procesos, pero la lentitud en el manejo de la cosa pública es evidente”, anotó.

Estancamiento

Entre los nueve casos que han llegado a la etapa procesal de juicio, pero que no avanzan de la audiencia de juzgamiento, está el relacionado con el cesado alcalde de Quito, Jorge Yunda, y trece personas más acusadas del delito de peculado y en el que son procesados el expresidente de la República Abdalá Bucaram, su hijo y tres personas más investigadas por el delito de delincuencia organizada.

Desde octubre de 2021, el proceso por un peculado que habría ocurrido en la adquisición de 100.000 pruebas para detectar COVID-19, por parte de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito, no avanza de la etapa de juicio por una serie de recusaciones y otros temas judiciales. Al momento el Tribunal de Juzgamiento sigue sin estar integrado para por segunda ocasión iniciar desde cero la presentación de la prueba de cada una de las partes.

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Daniel Salcedo Bonilla fue sentenciado a trece años de prisión por el delito de peculado en la compra de insumos médicos en el hospital Los Ceibos del IESS

En cambio, para junio próximo está definida la quinta convocatoria a audiencia de juicio contra el expresidente Bucaram, su hijo Jacobo y dos personas más. Una quinta persona también fue llamada a juicio, pero se encuentra en calidad de prófuga en Perú a la espera de que pueda ser traída al país. Aquí la Fiscalía investiga supuestas irregularidades en la comercialización en plena pandemia de mascarillas y 21.000 pruebas rápidas para diagnosticar COVID-19.

Abogados consultados, quienes tiene relación con estos casos, pero que prefieren no ser nombrados, creen que la Fiscalía no avanza en la mayoría de casos no solo porque no ha podido recabar elementos contundentes que den forma a sus “equivocadas presunciones”, sino porque también, en el caso de existir un ilícito, los casos están mal armados y direccionados a personas que no tienen nada que ver con los hechos.

Según la Fiscalía, peculado con 118 casos, tráfico de influencias con 39 causas y delincuencia organizada con seis casos, son los tipos penales por los que más ha abierto investigaciones la Fiscalía. También se analizarán delitos como asociación ilícita, cohecho y concusión, con tres casos cada uno; y con un solo caso tipos penales como defraudación tributaria, falsificación de firmas, falsificación y uso de documento falso, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, obstaculización de tareas sanitarias, uso doloso de documento falso y apropiación fraudulenta por medios electrónicos.

Foto de la audiencia dentro de la investigación que se lleva en la provincia del Guayas sobre irregularidades en la adquisición de fundas para cadáveres en la que se indaga a Daniel Salcedo Bonilla. Foto: Carolina Pimentel.

Fabián Salazar, exfiscal de Pichincha, ve una ventaja en que la mayoría de los casos investigados sean por peculado, pues es un delito imprescriptible. En este tipo de hechos analizados, el exfuncionario público no cree que sea complicado demostrar el ilícito, pero resalta que la carga procesal es excesiva tanto en la Fiscalía como en las judicaturas.

Pese a ese panorama, Salazar cree que tres años es tiempo suficiente para que un fiscal tenga el criterio suficiente para que se formulen cargos o para que se archive una causa. “Se deben obtener elementos fidedignos que llevan a tener una respuesta certera, porque a veces en este tipo de delitos termina siendo acusada una persona, posiblemente la que menos culpa tiene, o no tenemos una claridad y buscamos solo un culpable. Lo idóneo es que en Fiscalía se llegue a entender y demostrar quién abusó de las arcas fiscales”.

Casos en Guayas

Guayas es la provincia, de las 23 que registraron novedades durante la pandemia, en la que más casos se han abierto, 38 exactamente. Le siguen Pichincha con 19, Santa Elena con 18, Cotopaxi con 15, Chimborazo con 12... Cañar, Galápagos y Zamora Chinchipe son las zonas en las que no existen procesos abiertos por temas relacionados a la pandemia.

Uno de los pocos casos que han concluido con una sentencia condenatoria es el que se siguió contra Daniel Salcedo Bonilla por peculado. Fiscalía investigó, desde mayo de 2020, la adjudicación de 4.000 fundas para cadáveres con sobreprecio en el hospital Los Ceibos del IESS, en Guayaquil, y encontró a Salcedo Bonilla y otras seis personas culpables del delito y las condenó a trece años de cárcel.

Salcedo Bonilla no solamente mantiene el proceso por peculado, el cual está en fase de apelación, sino también tiene otra causa por delincuencia organizada que no pasa de la etapa de juicio. Aquí lo procesan por supuestas irregularidades en la comercialización y venta de insumos médicos a hospitales de Guayaquil.

Por los temas de pandemia, al momento Salcedo Bonilla no se encuentra recluido en ninguna cárcel del país. Salió de la Cárcel 4, de Quito, en diciembre pasado, al beneficiarse de medidas cautelares otorgadas por un juez de Paján, en Manabí. (I)