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Los asambleístas de Pastaza y Santa Elena quieren detalles de las cárceles anunciadas en sus provincias

Asambleístas de Pastaza y Santa Elena solicitaron información al Ministerio de Gobierno y a los municipios para conocer detalles del costo, lugar y permisos.

Desde el Palacio de Carondelet, la mañana del 11 de enero el presidente Daniel Noboa Azin presentó los diseños aprobados para la construcción de los nuevos Centros de Privación de Libertad denominados “Cárceles de Alta Seguridad”, que próximamente serán edificados en las provincias de Pastaza y Santa Elena. Foto Cortesía Segcom

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Desde el día en que el presidente de la República, Daniel Noboa, el 4 de enero pasado, anunció la construcción de dos cárceles de alta seguridad en Pastaza y Santa Elena, y que a la siguiente semana se colocaría la primera piedra, los asambleístas pidieron información y hasta el momento no reciben respuesta del lugar, costo y permisos ambientales respectivos.

El Consejo de Seguridad Pública y del Estado esa vez se reunió en Guayaquil y tras ese encuentro la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, dijo que están alistando los detalles de la colocación de la primera piedra de las cárceles de máxima seguridad que ha anunciado el primer mandatario. Lo único que se hizo a la siguiente semana, el 11 de enero, fue mostrar los diseños y señalar que es parte del Plan Fénix.

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Lo asambleístas de Pastaza, Jaime Guevara (Unidos por Pastaza) y Fausto Fernández (movimiento Semilla), así como el representante de Santa Elena, Otto Vera (PSC), no tienen certezas sobre el sitio y tampoco cuentan con información sobre la construcción de las megacárceles.

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El representante de Pastaza, Jaime Guevara, quien en la Asamblea Nacional actúa en el sector de independientes, considera que frente a la crisis de inseguridad la solución no está en poner más cárceles, sino controlar las que ya tiene el Ecuador, y reclamó porque a los asambleístas no se ha informado absolutamente nada.

Guevara solicitó información a la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, a los municipios de Mera, Santa Clara, Arajuno y Pastaza, a la Subsecretaría de Tierras, al Ministerio del Ambiente y a la Policía Nacional, sobre el lugar donde será la construcción, el terreno y los permisos ambientales respectivos, pero no se ha indicado absolutamente nada y no hay acceso a la información, reclama.

El legislador de Unidos por Pastaza pidió documentación de nueve cosas:

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  1. Estudio de prefactibilidad del centro de rehabilitación social que se piensa construir.
  2. Permisos ambientales para la construcción.
  3. Permiso de construcción y uso de suelo del municipio donde se va a construir.
  4. Certificado de propiedad del terreno en donde se construiría el centro de rehabilitación social.
  5. Conocer si el área consta de servicios básicos establecidos.
  6. Capacidad del nuevo centro de Rehabilitación Social y el nivel de seguridad.
  7. Plan de contingencia para el nuevo centro de rehabilitación social y el incremento de efectivos para apoyo a la seguridad externa de este centro carcelario.
  8. Costo financiero de la construcción y su respectivo equipamiento.
  9. Creación del reglamento para la contratación del personal, conforme la ley orgánica para la planificación integral de la circunscripción territorial especial amazónica.

Al especular sobre el sitio de la construcción de la cárcel en Pastaza y sobre lo que habla la gente en la provincia, dice Guevara, todo apunta que la nueva cárcel se pretende construir en el cantón Mera, parroquia Shell y el sector Moravía, aunque no existe información oficial.

En dicho sector el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Pastaza tenía 20 hectáreas de terreno, pero cuando erupcionó el volcán Tungurahua en el 2010, los ciudadanos de Penipe iban a ser evacuados a esos terrenos, pero nunca se utilizaron. Hoy están en un proceso de reversión, pero esa acción administrativa nadie quiere firmar y para ello esperan la llegada de una nueva directora.

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Las siete nacionalidades indígenas de la provincia de reunieron con la Confeniae y emitieron un comunicado que se oponen a la presencia de una cárcel de alta seguridad en la zona, y también los dirigentes de la junta parroquial de Shell.

Guevara dice que como legislador ha interpuesto las acciones precautelatorias ante la Defensoría del Pueblo, donde se señala que se han vulnerado derechos, y cuestiona que el Gobierno anuncia la colocación de la primera piedra. “Pero le están mintiendo al presidente de la República, porque todo el sector público para contratar sea cualquier GAD o el Ejecutivo debe tener por principio todos los estudios, incluidos los ambientales, y eso no existe. Tampoco se ha socializado ese proyecto con la comunidad”, anota.

El representante de Pastaza aclara que está apoyando al presidente de la República. Pero “dejarnos una cárcel alterará la paz, y quedarán los males de lo peor que puede tener el país, estarán los amigos, compinches y panas del crimen organizado”, dice.

El asambleísta también de Pastaza, Fausto Fernández, por el movimiento local Semilla y que hoy actúa en el bloque de Gobierno, señala que tomó por sorpresa el anuncio del presidente de la República sobre la construcción de la cárcel de máxima seguridad, porque nunca se entregó información preliminar o se consultó con la población.

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Apenas se informó del hecho, a través de los medios de comunicación, pidió una reunión con la ministra de Gobierno para solicitar más información sobre el tema, pero no fue posible.

Mejor que una cárcel, añade, hubiera sido la dotación de una infraestructura hospitalaria, porque pese a los 51 años de explotación petrolera no existe un hospital regional de tercer nivel.

Fernández dice que el Gobierno se ha limitado a indicar que es un tema delicado, reservado y de seguridad pública, en el que el presidente de la República tiene la atribución de establecer las políticas públicas y además la construcción de estos dos proyectos carcelarios que formarían parte del Plan Fénix.

En tanto que el representante de la provincia de Santa Elena, Otto Vera, y que en la Asamblea Nacional actúa en el bloque del Partido Social Cristiano, tampoco sabe específicamente la ubicación de la megacárcel que se construirá en la jurisdicción a la que representa en el Parlamento.

Aunque dice que no ha pedido información, de lo que se sabe se ubicaría en la comunidad Juntas del Pacífico, de la parroquia Julio Moreno, en el límite entre las provincias de Guayas y Santa Elena.

Insiste en que no tiene localizado el lugar, porque considera que es potestad exclusiva del presidente de la República todo lo que tiene que ver con el sistema de rehabilitación y, por lo tanto, él verá dónde será el lugar geográficamente más idóneo para construir la cárcel.

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