“Cambiamos las estrategias de resistencia pasiva y organizada a la resistencia combativa, combativa. (...) Porque tenemos que tomarnos las instituciones públicas, tenemos que cerrar los caminos...”.

Estas fueron las expresiones vertidas en una reunión en Latacunga (Cotopaxi) por el excanciller de Rafael Correa, Ricardo Patiño, que le valieron en 2019 que se lo llamara a juicio por el delito de instigación, y por las que ahora la organización Jubileo 2000 señala que el proceso penal ha violado sus derechos a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la resistencia, por lo que solicitan a la Asamblea Nacional que se amnistíe a Patiño.

Patiño fue la primera figura de importancia del correísmo que fue llevada a las cortes de justicia. A él, en abril de 2019, se lo acusó en Latacunga del delito de instigación, luego de que en un discurso llamara a tomarse las entidades públicas y a protestar en las calles en contra del Gobierno de Lenín Moreno.

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Asamblea Nacional tramita pedido de amnistía para exministro del correísmo Ricardo Patiño

Un juez de la Unidad Judicial Penal de Latacunga, Flavio Palomo, el 18 de abril de 2019, y a pedido de la Fiscalía, abrió una instrucción fiscal por instigación en la que le ordenó prisión preventiva a Patiño. Para ese momento, él ya no estaba en el país y se radicó en México, nación que meses después le extendió el asilo ante una supuesta persecución política.

Ecuador solicitó notificación roja para el excanciller y también exministro de Defensa Patiño, pero Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés) la negó.

Debido a que el delito de instigación no puede ser juzgado en ausencia, a partir del 5 de agosto de 2019, en que el juez Palomo llamó a juicio a Patiño, la etapa de juzgamiento quedó suspendida hasta que el exfuncionario del correísmo sea detenido o se entregue a la justicia ecuatoriana.

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La solicitud de amnistía hecha a nombre de la organización Jubileo 2000 por la exgerenta de la desaparecida AGD Wilma Salgado y por Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, señala que el proceso penal contra Patiño tuvo como objetivo silenciar las voces contrarias y erradicar cualquier indicio de oposición o protestas de Patiño contra el Gobierno de Lenín Moreno, violando así el derecho de todas las personas a tener sus propias convicciones políticas y expresarlas, de acuerdo con las normas nacionales e internacionales.

Sobre el tema, en su cuenta de Twitter, el expresidente Rafael Correa escribió: “A Ricardo Patiño le sacaron una orden de prisión por un discurso en un evento partidista interno, y los defensores de la ‘libertad de expresión’ hicieron mutis por el foro. Pronto acabará tanta decadencia”.

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El pedido se hace a la Asamblea con base en lo que determina el artículo 120, numeral 13, de la Constitución, norma en la que se define que el Legislativo tiene atribuciones para “conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes”.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea calificó el pasado 9 de enero la solicitud de amnistía y pasó a manos de la Comisión de Garantías Constitucionales para su tratamiento. La mesa, integrada por tres asambleístas del bloque correísta de UNES, cuatro de Pachakuitk (PK) y uno del BAN, tiene 30 días para analizar el caso y realizar un informe.

La legisladora del movimiento oficialista CREO e integrante del CAL Nathalie Arias señaló que ella se abstuvo de votar para dar paso al trámite de la solicitud, pues piensa que es necesario recordar que la actual conformación de la Asamblea ya “tropezó emitiendo amnistías”, en marzo pasado, sobre quienes no han demostrado que sus manifestaciones se dieran en el marco del derecho a manifestarse pacíficamente.

A lo que se refiere Arias son las amnistías que en paquete otorgó la Asamblea Nacional a 270 personas relacionadas con 60 causas judiciales. La madrugada del 10 de marzo de 2022, los votos de 99 legisladores de las bancadas de UNES, PK, Izquierda Democrática e independientes permitieron la aprobación del Informe de Amnistía elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales.

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Ricardo Patiño ya tiene asilo en México

La actual prefecta de Pichincha, Paola Pabón, el parlamentario andino Virgilio Hernández y Christian González, todos identificados con el correísmo, fueron parte de la lista final de 270 amnistiados por casos relacionados con la protesta social y la defensa del derecho a la resistencia. Los tres fueron llamados a juicio por el delito de rebelión ocurrido durante las protestas sociales de agosto de 2019 contra medidas económicas adoptadas por el régimen presidencial de Moreno.

En el Informe de Amnistías aprobado por 99 votos se señala que la amnistía extingue el ejercicio de la acción penal, la pena y sus efectos jurídicos, respecto a la presunción o la comisión de los delitos políticos o conexos con lo político.

En el artículo 101 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se define que, resuelta la amnistía, no podrán ejercerse acciones penales ni iniciarse proceso penal alguno por dichos delitos. Además se indica que, si con anterioridad se inició un proceso penal, la pretensión punitiva se extinguirá mediante auto dictado por el juez competente, que no admitirá consulta ni recurso alguno. Si existe sentencia condenatoria, se entenderá como no impuesta la pena y quedan cancelados todos los efectos de tal sentencia, inclusive los civiles.

De ser favorable a Patiño el informe que emita la Comisión de Garantías Constitucionales, este llegaría al pleno de la Asamblea para ser tratado. Para aprobarse el informe y otorgar la amnistía se requieren 92 votos, es decir, una mayoría calificada. (I)