La directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, expresó su preocupación por el bloqueo de cuentas bancarias de líderes y organizaciones sociales en Ecuador, ocurrido en el contexto del paro nacional convocado por movimientos indígenas y sociales en septiembre de 2025.
“Manifestamos preocupación por los recientes bloqueos de cuentas bancarias que afectan a líderes y organizaciones sociales. Es esencial que se garantice transparencia sobre los motivos que justificaron estas decisiones y se respete el derecho a la defensa”, escribió Goebertus en su cuenta de X (antes Twitter).
Ecuador 🇪🇨 | Manifestamos preocupación por los recientes bloqueos de cuentas bancarias que afectan a líderes y organizaciones sociales.
— Juanita Goebertus (@JuanitaGoe) October 29, 2025
Es esencial que se garantice transparencia sobre los motivos que justificaron estas decisiones y se respete el derecho a la defensa. https://t.co/HYfPIALKhV
Su pronunciamiento se produjo después de que la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos denunciara públicamente que varias entidades sociales sufrieron el congelamiento de fondos durante las movilizaciones nacionales, una medida que —según los colectivos— ha limitado su capacidad operativa y vulnera el derecho a la libre asociación.
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De acuerdo con reportes de medios, como Fundamedios y Wambra, entre las organizaciones afectadas se encuentran Alianza Ceibo y fundaciones vinculadas a la defensa ambiental y de derechos colectivos. Estas entidades denunciaron que los bloqueos se ejecutaron sin notificación previa ni justificación formal, lo que impide su acceso a recursos esenciales para su funcionamiento.
Los bloqueos se habrían dado en el contexto del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y otras agrupaciones sociales en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y otras medidas económicas.
En ese marco, varios dirigentes denunciaron también persecución y criminalización de líderes comunitarios y defensores de derechos humanos por el inicio de investigaciones judiciales.
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