Cuatro meses después de haberse anunciado dentro del Consejo de la Judicatura (CJ) que existía la necesidad de ir hacia una auditoría para que cada dirección provincial se encargue de analizar por muestreo los procesos de asignación de causas por sorteo, las direcciones nacionales de Gestión Procesal, de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial y de Transparencia de Gestión presentaron el informe de auditoría interna del proceso de sorteo de causas a escala nacional.
El informe entregado aclararía que el sorteo de demandas, denuncias, solicitudes y cualquier acto de proposición que dé inicio a un proceso judicial es atribución exclusiva de cada dirección provincial a través de los técnicos de ventanilla o quien cumpla esas funciones.
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La auditoría fue dispuesta por la presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, días después de que se informó del inicio de procesos administrativos disciplinarios y la suspensión provisional de seis funcionarios judiciales que habrían participado en dos acciones constitucionales presentadas por Jorge Yunda, para evitar ser removido del cargo de alcalde de Quito, en cuyos sorteos existieron irregularidades que son investigadas de forma penal.
Según un comunicado del Consejo de la Judicatura, el informe ratificaría que es responsabilidad de los técnicos de ventanilla o quien cumpla sus funciones la selección correcta de la opción por la que se realiza el ingreso de los procesos según su naturaleza, el registro de los datos generales de los mismos (materia, tipo de acción y asunto/delitos) y de los sujetos procesales, con base en el contenido de la petición inicial.
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En el caso de las acciones planteadas por Yunda, la acción de protección que recayó en la jueza María Belén Domínguez, de la Unidad Judicial Especializada Quinta de Violencia contra la Mujer del Complejo Sur, en Quitumbe, ingresó como un tema de violencia intrafamiliar; mientras que el pedido de medidas cautelares en materia constitucional ingresó al despacho del juez Carlos Soto, de la Unidad judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Veintimilla, en el norte de Quito, como un procedimiento verbal sumario de cobro de honorarios de abogado.
Tras la auditoría se refiere que el buen uso de las herramientas informáticas proporcionadas por el CJ y la pertinencia de los cambios efectuados en la información de los procesos judiciales deben cumplirse en estricto apego a la norma legal vigente y en función de los procedimientos administrativos previamente definidos.
Para realizar el informe se habrían auditado de forma aleatoria un total de 5.238 causas correspondientes al periodo comprendido entre el 29 de julio y el 10 de septiembre de 2021.
Dentro del análisis se determinó que la Dirección Provincial del CJ de Loja reportó una acción irregular en el proceso de sorteos por parte de un técnico de ventanilla; mientras que la Dirección Provincial de Guayas registró también la existencia de dos expedientes investigativos iniciados de oficio debido a presuntas irregularidades registradas en el proceso de sorteo de causas.
El Consejo de la Judicatura informó que la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión tiene once procesos en investigación, de los cuales diez corresponden a causas del 2021, en las que hubo cambio de materia luego de haberse realizado el sorteo.
Al momento María Belén Domínguez y una asistente de ventanilla han sido separadas definitivamente de la Función Judicial, y solo sobre la jueza existe una instrucción fiscal abierta por el delito de tráfico de influencias. (I)