Diez solicitudes de juicio político y cuatro investigaciones sobre corrupción marcaron la fiscalización en la Asamblea Nacional

E El balance de la actividad de fiscalización en el primer año de gestión del actual periodo legislativo se cuentan diez solicitudes de juicios políticos y cuatro investigaciones sobre casos de corrupción en las áreas petrolera, financiera, universidades, cuyos informes tuvieron dificultades para su aprobación, pero todos se remitieron a los organismos de control.

Fernando Villavicencio (PS-CN), presidente de la Comisión de Fiscalización, destaca que hubo apertura en la entrega de información por parte de las entidades del Estado, por ejemplo, comentó que en el caso de Petrochina y Álex Saab, el Gobierno dispuso la desclasificación de todos los documentos y con ello se accedió a información exclusiva.

En el proceso de investigación y la aprobación en casi todos los temas investigados hubo boicot de parte de los legisladores, especialmente de UNES, afirma Villavicencio, pues recuerda que el tema de los juicios políticos y en el tratamiento del caso Álex Saab hubo dos momentos complicados cuando el correísmo buscó llegar a acuerdos con los legisladores Pedro Velasco y Bruno Segovia, para destituirlo de la presidencia. Y en un primer momento la legisladora de UNES, Paola Cabezas, planteó a Ana Belén Cordero (BAN) sacarlo de la presidencia. Hubo tres intentos y la amenaza es constante, subraya.

Villavicencio aclara que no todos los procesos de investigación estuvieron dirigidos a la administración del exmandatario Rafael Correa; por ejemplo, en el caso de Flopec, que fue planteado por la legisladora Ana Belén Cordero, fue una investigación dirigida a la gerente de esa entidad del gobierno de Guillermo Lasso, y como efecto de ese informe el primer mandatario pidió la renuncia a la funcionaria.

Al término de un año, de los 58 casos de investigación que se plantearon en mayo de 2021 por los nueve legisladores, se aprobaron hasta el 14 de mayo de 2022 once, que fueron propuestos por Ana Belén Cordero y Fernando Villavicencio. En el caso de Pedro Velasco (BAN), Bruno Segovia (antes de PK) y Soledad Diab (PSC), hubo aportes, pero los legisladores de UNES no desarrollaron ningún caso de investigación que ellos plantearon en la agenda.

La representante de UNES en la Comisión de Fiscalización, María Gabriela Molina, dice que en tema de los juicios políticos trabajados en la mesa hubo suficiente información para los informes, pero relata que su sector político tuvo serías divergencias con Villavicencio, por cuanto no acoge sus posiciones en los informes finales como lo dispone el reglamento de las comisiones.

También cuenta que no se adjuntan los borradores de informes en las convocatorias, tampoco se da paso a las peticiones de cambios en los órdenes del día e inclusive algunas veces se cierran los micrófonos impidiendo el uso de la palabra. Todas esas acciones fueron denunciadas al interior de la comisión, pero según Molina, hay una mayoría gobiernista que prefiere el silencio cómplice. Que se han visto obligados a presentar informes de minoría, porque “los informes de mayoría cambian de versiones que los comparecientes dan al interior de la comisión, como ocurrió en el caso Foglocons, universidades emblemáticas”.

Molina insiste que es evidente que el presidente de la comisión tiene un afán de posicionar su agenda personal, por eso prioriza el tratamiento de temas que ya se ventilan en la justicia y ya tienen sentencia, dejando de lado temas de relevancia para el país. “Su obsesión en contra del ex presidente Rafael Correa lo hace caer en un discurso reiterativo y desgastado”, subraya la legisladora de UNES, quien dice que recuerda que solo una vez apelaron la presidencia porque no daba paso a que se incorpore las observaciones de la bancada UNES, en los informes.

Para el legislador Marco Troya (BAN), después de ver el desempeño de la Asamblea en el último año, la Comisión de Fiscalización tiene una imagen más rescatable ante la comunidad, más allá de los problemas y diferencias políticas presentadas hubo coincidencias en el interior de la mesa. Se definieron juicios al contralor, defensor del Pueblo, ministro de Energía, superintendentes; así como también se realizaron investigaciones, cuyos procesos se fueron a la Fiscalía.

Lo que debe hacer la Comisión en este nuevo año de actividad es articular un poco más con los organismos de justicia para que se facilite la información. Y cuestionó que se retiren juicios políticos para poder acelerar otros, porque se quita la seriedad de los juicios.

Fueron diez solicitudes de juicio político los que tramitó la Comisión de Fiscalización en un año, de los cuales a tres destituyó y censuró, a dos exfuncionarios censuró y tres procesos se archivaron. Están en trámite cuatro procesos de interpelación, uno de ellos, el del contralor subrogante, Carlos Riofrío, cuyo informe que recomienda el juicio político ya lleva más de un mes en espera de una decisión en el pleno. Respecto a las investigaciones tramitó los casos Flopec, Petrochina, Sucre-Saab y universidades emblemáticas.

Caso Flopec

Se trata de una investigación sobre el cometimiento de tráfico de influencias en el transporte de hidrocarburos en Flopec, y se determinó que varios intermediarios petroleros y compradores de crudo ecuatoriano se beneficiaron a costa de pérdidas millonarias para el Estado en la contratación de remolcadores y lanchas de la empresa. Se detectaron irregularidades en los contratos.

Se aprobó el informe y se remitió a la Contraloría, Fiscalía del Estado y al Ejecutivo, lo cual ocasionó la separación de funcionarios. La Contraloría determinó un perjuicio de $ 6 millones.

Caso SUCRE-Saab

La investigación se inició tras la detención de Álex Saab en Cabo Verde y su posterior traslado a Estados Unidos, y se determinó que el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) fue utilizado como un mecanismo de lavado, pues se incluyeron empresas fantasmas y ventas ficticias que movieron alrededor de $ 189 millones, lo cual afectó las reservas de libre disponibilidad ecuatorianas.

El informe se aprobó con cinco votos y fue remitido al Ejecutivo, Fiscalía y al Senado de Colombia, del cual se aperturó una investigación en ese país, y por el cual Piedad Córdoba fue llamada a declarar ante un juez.

Se aperturó una investigación previa en la Fiscalía General del Estado y por la cuál se le notifico al ex presidente Rafael Correa, entre otros por el presunto delito de peculado.

Caso Universidades Yachay

La investigación sobre las universidades emblemáticas, en el caso de Yachay ha representado una inversión de recursos públicos de más de $ 602 millones en sus ocho años de existencia, en los que se ha graduado a 450 profesionales hasta el 2021.

El informe que no pudo ser aprobado en la Comisión de Fiscalización por falta de votos lo llevó a presentar desde su despacho, obteniendo las siguientes acciones.

Se analizó la situación de otras cuatro instituciones de educación superior: la Universidad Regional Amazónica, la Universidad Nacional de Educación, la Universidad de Artes y el Instituto de Altos Estudios Nacionales.

Como resultado de esta investigación, Héctor Rodríguez presentó una denuncia por calumnias en contra de la asambleísta Ana Belén Cordero en la Corte Nacional de Justicia.

Caso Petrochina

Este proceso se aprobó con el voto dirimente del presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio. El informe relata la trama de corrupción llevada a cabo por las intermediaras petroleras y determina que en complicidad con la empresa estatal Petroecuador, Flopec y decretos emitidos por el Ejecutivo, permitieron la reventa del petróleo y un perjuicio al Estado ecuatoriano por casi $ 5.000 millones.

La Fiscalía General del Estado añadió el informe dentro de la investigación previa número 08-2017, que no había sido atendida por parte de la Fiscalía. Al momento se realizan diligencias y cuenta con la asistencia penal internacional derivada de los casos que lleva a cabo la justicia norteamericana en la Corte de Nueva York, específicamente de los casos Vitol, Gunvor y Antonio Peré.

El Gobierno recibió el informe y dispuso el cambio de la política de petróleo y como resultado de esta transformación se realizaron dos licitaciones.

Casos en trámite

En las próximas semanas saldrán los informes sobre las investigaciones de los casos Coca Codo Sinclair e INA Papers, que se fusionarían en uno solo y se llamará Coca-INA, solo se espera una reunión con la Procuraduría del Estado porque el caso está en arbitraje y un criterio final para incluir en el informe.

Otro de los temas que están por salir es el caso del proyecto Eólico Minas de Huascachaca; igualmente está avanzada la investigación sobre el proyecto Toachi-Pilatón. Otro tema que está en camino de conocerse los resultados es la investigación que realizaba el asambleísta Bruno Segovia sobre el tranvía de Cuenca.

También se investigará el caso Carlos Pólit y una denuncia de Corporación Financiera Nacional que por disposición de la Presidencia de la República se remitieron más de 500 documentos sobre los créditos por más de $ 500 millones impagos, otorgados en el gobierno de Rafael Correa. (I)

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