Dirigentes indígenas, líderes sociales, representantes de organizaciones ambientales y políticos constan en la lista de más de 50 personas notificadas por la Fiscalía General del Estado días atrás dentro de una investigación previa por presunto enriquecimiento privado no justificado.

Entre los señalados están Marlon Vargas, presidente de la Conaie; Gary Espinoza, presidente de la Fenocín; Ángel Cartuche, dirigente de Pachakutik en Azuay; Pacha Terán, lideresa de Otavalo y excandidata presidencial de Unidad Popular; Nayra Chalán, exvicepresidenta de la Ecuarunari; y Nanky Saant, asambleísta shuar de la Revolución Ciudadana por Morona Santiago.

La notificación también alcanza a Belén Páez, presidenta de la fundación Pachamama, quien denunció que las cuentas de la organización fueron congeladas, lo que detuvo proyectos con comunidades amazónicas.

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Geovanny Atarihuana, director nacional de Unidad Popular, menciona que esta y otras investigaciones son “parte de la política de criminalización de la protesta social” que se vive en el país.

“La Fiscalía está utilizando distintos tipos penales, paralización de servicios públicos, asociación ilícita y esta última, el enriquecimiento ilícito no justificado. Quienes son acusados en distintas partes del país son líderes de los sindicatos, de los gremios; son defensores de la naturaleza”, explica.

El político menciona que a la par de este proceso le preocupa también la investigación por otros presuntos delitos en los llevan un registro de más de 80 personas, mientras que en el de enriquecimiento ilícito conocen que serían 48.

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Atarihuana rechaza la investigación contra Pacha Terán, quien dice no ha hecho otra cosa que estar junto con su pueblo en Peguche, Imbabura.

“Las acusaciones lo que buscan es etigmatizar, criminalizar, sin prueba alguna. Vamos a organizar, por supuesto, la defensa de manera conjunta... Ya hay preocupación precisamente de relatores de Naciones Unidas en el tema de pueblos y nacionalidades indígenas, como en el tema de la relatoría sobre las organizaciones sociales”, refiere.

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Dentro de la investigación por asociación ilícita, comenta que se encuentra el subdirector nacional de Unidad Popular, Sebastián Cevallos, “por organizar la defensa de Quimsacocha”, y su dirigente nacional Paul Jácome, en Cotopaxi.

“Son varios compañeros, además de ellos, quienes están siendo judicializados por el tema del enriquecimiento ilícito”, comenta.

Por su parte, en el caso de la fundación Pachamama, la organización recordó que en 2013 enfrentó un proceso similar y rechazó lo que considera una forma de intimidación frente a su labor en defensa de la Amazonía, los derechos humanos y los derechos de la naturaleza.

En un comunicado, la fundación resaltó sus 27 años de trabajo junto con nacionalidades y pueblos indígenas en proyectos de salud, bioeconomía, conservación y turismo comunitario, así como la confianza que mantiene con agencias de cooperación internacional, universidades y entidades públicas. Asimismo, hizo un llamado a la Fiscalía General y al Gobierno nacional para revertir la medida, que asegura ha paralizado decenas de actividades en beneficio de comunidades amazónicas y del país.

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Días atrás, la Conaie alertó de que se trataría de un mecanismo de “criminalización y persecución política” en complicidad entre el Gobierno y la Fiscalía, con el objetivo de frenar el paro nacional iniciado el pasado 22 de septiembre. “Denunciamos la persecución masiva contra dirigentes, defensores de derechos humanos y de la naturaleza”, señaló en un comunicado.

La bancada de la Revolución Ciudadana expresó respaldo a su asambleísta Saant y rechazó lo que calificó como “uso de la justicia como instrumento de venganza política”. “Lo que está en juego no es un nombre ni una causa aislada: es la propia democracia”, apuntó la bancada en un pronunciamiento público.

El expresidente Rafael Correa también reaccionó en su cuenta de X, asegurando que “la Fiscalía se presta para el show” y que “el mayor criminal está en Carondelet”, en referencia al presidente Daniel Noboa. El exmandatario difundió una captura del listado pese a que la investigación está en etapa previa.

El delito por el que se estaría investigando a estas decenas de personas está tipificado en el artículo 297 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Se sanciona con prisión de tres a cinco años a quien incremente su patrimonio de manera no justificada por encima de 200 salarios básicos.

La Conaie ha ratificado que las acciones de hecho del paro nacional se mantendrán y que no cederán frente a lo que consideran un intento de deslegitimar sus demandas.

(I)