La desclasificación de la información reservada proporcionada por la Superintendencia de Compañías dentro de la investigación del caso denominado El Gran Padrino incluye nombres de al menos tres legisladores y otros seis exasambleístas; también constan funcionarios públicos, jueces, alcaldes, concejales.

¿Qué contienen los informes y documentos de la Superintendencia de Compañías que fueron desclasificados y que se relacionan con albaneses en Ecuador?

Los nombres de estas personas que aparecen con posibles vinculaciones societarias las proporcionó el legislador nacional de Pachakutik Ricardo Vanegas, quien aclaró que la Superintendencia informó a la Asamblea que vinieron los albaneses al Ecuador, a la provincia de Guayas, y compraron acciones a algunas empresas y se convirtieron en accionistas de esas empresas, y luego, ellos comenzaron a crear sus propias empresas, pues hay 23 compañías anónimas, entre esas aparece Dritan Gjika, que tiene relación con Fidel Alcívar y Rubén Cherres, anotó.

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Luego los albaneses, añadió el legislador, comenzaron a vender acciones de esas empresas creadas y aparecieron socios empresarios; lo cual, llamó la atención todos esos movimientos realizados en las provincias de Guayas, Manabí, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Esas empresas, según Vanegas, tienen un patrón donde intervienen algunas personas vinculadas directamente con albaneses, y otras, por la forma en que se constituyen, generan una alerta en la Superintendencia de Compañías, y aparecen nombres de personajes que estuvieron en funciones y nombres de actuales legisladores; también hay nombres de funcionarios judiciales, miembros de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas en calidad de accionistas, subrayó.

Vanegas aclaró que los nombres que aparecen, de funcionarios y de asambleístas, no quiere decir que están vinculados a una mafia, sino que la Superintendencia prendió las alertas por la manera cómo se han ido reproduciendo las empresas.

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En la lista de asambleístas aparecen, según Vanegas, Dalton Bacigalupo (ID), Xavier Santos (ID), Fernando Cedeño (UNES); los exasambleístas Tanlly Vera (CREO), Carlos Bergman (AP), + Hugo Cruz (Ruptura), Daniel Mendoza (AP), Mariano Zambrano Vera (AP) y María Cristina Álvarez Valverde.

También habló que en el informe de la Superintendencia de Compañías aparece el nombre del ministro de Transportes de Obras Públicas, Darío Herrera, quien es accionista de Montecristi Golf Club, que constituyó a través de un fideicomiso con sobreprecio de las casas al Isspol.

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Vanegas afirmó que aún falta desclasificar información como la proporcionada por el Servicio de Rentas Internas (SRI), “donde aparecen las empresas y los empresarios vinculados con los negocios en CNEL desde el año 2012, y los movimientos irregulares del dinero; y ahí van a aparecer los amigos de quienes hicieron la investigación de El Gran Padrino”.

Dijo que espera que la próxima semana, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, levante la reserva del SRI, pues tiene que abrirse todo, increpó.

Reacciones

El asambleísta Dalton Bacigalupo, de la Izquierda Democrática, fue el primero en responder a las supuestas vinculaciones societarias con personajes cuestionados como son los albaneses, y aclaró que la única relación societaria es con empresas de orden familiar por las actividades que tiene su familia por más de 60 años en el Ecuador.

Dijo que hace décadas que no pertenece, no ha fundado ni es miembro de ninguna sociedad o compañías y peor vinculada con personajes extranjeros que no conoce. “Yo no tengo amistades con gente extranjera de ningún tipo y peor con gente descalificada”, afirmó el representante de Cotopaxi.

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Bacigalupo afirmó que no sabe la razón social de las empresas donde supuestamente aparece su nombre como socio o accionista; “no puede ser, es un imposible físico y un imposible ética y legal que aparezca como miembro de compañías que no he constituido y en las cuales jamás he participado ni he suscrito un documento ante notario”.

El legislador de la ID dijo que investigará qué situación irregular se puede haber producido al momento de que se hayan constituido estas compañías e incluso habló de una posibilidad de dolo; es decir, que utilizaron su nombre, porque aquí se trata de constituir empresas fantasmas y venderlas.

Xavier Santos, de la Izquierda Democrática, también rechazó el hecho de que su nombre aparezca en las supuestas vinculaciones con los albaneses, dijo que pedirá información a la Superintendencia de Compañías donde se expliquen las razones por las cuales aparece su nombre, como lo aseguró el asambleísta Ricardo Vanegas.

Santos se mostró sorprendido de que su nombre aparezca en una información reservada, y más aún que se pretenda señalar que tiene una amistad con la mafia albanesa. Aclaró que en el 2002 creó una empresa, pero que jamás contrataron nada, y por lo demás fue gerente de una empresa de informática y que no tiene ningún vínculo con empresas. Comentó que en el 2016, cuando fue gobernador de Manabí, no tenía ninguna empresa; y nadie pudo haberse tomado su nombre para conformar una compañía.

Fernando Cedeño Rivadeneira, legislador de la bancada Unión por la Esperanza (UNES), aclaró que no posee ninguna acción con ninguna compañía en el Ecuador, que alguna vez tuvo acciones entre el 2003 a 2007, pero que se desvinculó de ese emprendimiento. La empresa se cerró en el 2009.

El representante de Manabí dio lectura a una certificación de la Superintendencia de Compañías donde se señala que luego de un barrido de empresas en Manabí, no tiene vinculaciones con ninguna.

Cedeño aseguró que hay grupos y sectores interesados que tratan de desviar la atención al caso El Gran Padrino, con información infundada.

Lo único que se investiga aquí es el caso El Gran Padrino donde está ligado el señor Hernán Luque como coordinador de las empresas públicas y su vinculación con Danilo Carrera.

El exasambleísta Carlos Bergman (AP) también negó cualquier vinculación con empresas o compañías que tengan relación con el grupo de albaneses.

Pruebas para el juicio político

Los asambleístas Gissela Garzón (UNES) y Jorge Abedrabbo (PSC) anunciaron que hasta el viernes se entregará el expediente de solicitud de juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, pero que ellos aún no conocen específicamente la causal por la cual será enjuiciado, pero que orgánicamente suscribirán la petición.

Garzón comentó que de la información reservada proporcionada por la Superintendencia de Compañías y de la Presidencia de la República se tomarán como parte de la prueba para fundamentar el juicio político contra el primer mandatario, fundamentalmente, en hechos de corrupción.

La legisladora Viviana Veloz (UNES), aseguró que las alertas sobre supuestas vinculaciones de asambleístas con los grupos de albaneses son acciones que pretenden distraer a la opinión pública con el afán de enlodar a todos los actores políticos y sostener en el cargo al presidente, Guillermo Lasso. (I)