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Demandas contra tres Estados por la muerte de estudiantes mexicanos en Angostura avanzan en la CIDH a ritmos diferentes

Los padres de Juan González, Fernando Franco, Verónica Velázquez y Soren Avilés niegan que hayan sido guerrilleros.

Familiares de los mexicanos muertos en el bombardeo de Angostura visitaron el país en marzo del 2013. Foto Archivo

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El primer día de cada mes, durante ocho años, las familias de los cuatro estudiantes mexicanos que murieron en el bombardeo de Angostura, en Sucumbíos, el 1 de marzo de 2008, hicieron plantones en la Embajada y en el Consulado de Colombia en México para exigir justicia y reparación. Luego decidieron hacerlos solo una vez al año en la fecha de aniversario. Pero eso no quiere decir que se hayan rendido.

Agrupados en la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, los papás de Juan González del Castillo, Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Fernando Franco Delgado y Soren Ulises Avilés Ángeles siguen reclamando celeridad en los procesos judiciales que se abrieron en Ecuador y México para esclarecer las muertes de sus hijos en el denominado Operativo Fénix, que ejecutó el Ejército colombiano para ‘dar de baja’ a alias Raúl Reyes, uno de los líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se refugiaba en un campamento clandestino. Una quinta mexicana que se hallaba en el lugar, Lucía Andrea Morett Álvarez, resultó herida pero no murió.

A la par, el gremio impulsa demandas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra los tres Estados: México, Ecuador y Colombia.

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En diálogo con este Diario desde México, Álvaro González, papá de Juan, aclara de entrada que su hijo y sus compañeros no eran guerrilleros. Que estaban en el campamento de Angostura haciendo investigación académica para graduarse en la Universidad Autónoma de México. Por ejemplo, afirma, Juan y Lucía elaboraban sus tesis sobre la música y el teatro en las FARC, respectivamente.

Explica que hay dos procesos por asesinato en curso en la justicia ordinaria. Uno en Ecuador y otro en México.

En Ecuador, la Fiscalía General inició la investigación de oficio al día siguiente del bombardeo; en principio, se formularon cargos contra altas autoridades colombianas, entre ellas el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, que luego llegó a la Presidencia de ese país, y los excomandantes de las Fuerzas Militares y el de la Policía, Freddy Padilla y Óscar Naranjo, respectivamente.

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Tres años después, en marzo del 2011, Santos fue sobreseído y los demás llamados a juicio. Se fijó la audiencia de juzgamiento para septiembre de ese año, pero como no se presentaron los acusados se declaró fallida.

En el 2015 se declaró la nulidad del caso, pero la Fiscalía apeló y logró la revocatoria de esa medida en el 2016. Sin embargo, aún no se realiza la audiencia de juicio.

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En México, en tanto, pusieron una denuncia contra el Gobierno de Colombia. González cuenta que las autoridades le han dicho que el caso no avanza porque ese país no responde a sus pedidos. Agrega que no han tenido apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana.

Mientras, la estrategia jurídica internacional es manejada por dos oenegés: la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), de Ecuador, y la Liga Mexicana de Derechos Humanos (Limeddh).

Luisa María Villacís y Adrián Ramírez, sus voceros, explican que en marzo del 2014 se planteó una sola demanda contra los tres Estados con diferentes alegaciones, pero que la CIDH las separó.

A los Estados colombiano y ecuatoriano se los acusó de violentar el derecho a la vida y a la integridad y de no haber impulsado debidamente las investigaciones. Del Estado mexicano se dijo que violó el derecho a la tutela judicial efectiva, porque a pesar de que los jóvenes fueron asesinados en Ecuador por las Fuerzas Armadas de Colombia, debieron tener protección de su país.

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Dentro del trámite de querellas establecido por la Comisión hay varias etapas, explica Villacís. Primero está la de admisibilidad, en la que el organismo internacional analiza si las acepta. En este momento notifica al Estado sobre el caso, el cual debe responder por qué es o no admisible. Luego se abre la de fondo, en la que se investiga y se hace un informe sobre los hechos denunciados y se generan recomendaciones.

Ramírez dice que cada uno de los procesos se halla en momentos diferentes.

1. México no respondió a las notificaciones en la etapa de admisibilidad. Por ello, la CIDH resolvió unificarla con la de fondo. Las familias ya enviaron sus alegatos, pero el país tampoco ha contestado.

2. Con Ecuador están en la etapa de admisibilidad; la Comisión envió el caso al Estado ecuatoriano, que ya respondió. “Estamos esperando un informe de admisibilidad. Esperamos que sea favorable”, señala Villacís.

3. En tanto que con Colombia ya se hallan en la etapa de fondo. El pasado 9 de diciembre, la Comisión notificó a las partes que el caso se había admitido. Desde esa fechan tienen seis meses para enviar sus pruebas y documentos de cargo y descargo.

“Sabemos que la Corte no dará una sentencia a los asesinos de nuestros hijos, pero dará recomendaciones que pesarán a nivel internacional si reconoce que lo que hubo en Angostura fue una masacre... No estamos en plan de venganza, queremos justicia y que no se repita”, dice González.

Ramírez señala que el camino será largo. Pero agrega que no es el único y que las familias tienen otras opciones, como llevar su caso a la Comisión de la Verdad y a la Jurisdicción Especial de Paz, ambas en Colombia, que investigan crímenes asociados con la guerrilla, y hasta a la Corte Penal Internacional. (I)

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