En el punto exacto donde hace catorce años se produjo la llamada Operación Fénix no hay nada más que selva. Vista desde el aire, Angostura -área ubicada en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, en la frontera con Colombia- es una suerte de mar verde con algunos espacios baldíos, pues la vegetación ha sido cortada para dar paso a las parcelas de las poquísimas fincas cercanas.

Ni un solo rastro queda de lo que fue el campamento donde se refugiaba el número dos de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Luis Devia alias Raúl Reyes, quien falleció la madrugada del 1 de marzo de 2008 junto a otras 24 personas, incluyendo un cerrajero ecuatoriano y cuatro estudiantes mexicanos, en un bombardeo del Ejército colombiano.

En esa época, las poblaciones fronterizas de la provincia de Sucumbíos vivían en zozobra. En el lado colombiano, en el departamento de Putumayo, operaba el llamado Frente 48 de las FARC (una de las siete divisiones del grupo), justamente comandado por alias Raúl Reyes. Ya para entonces la guerrilla había dejado sus objetivos políticos para dedicarse al narcotráfico.

Por ello eran comunes los enfrentamientos armados entre militares e insurgentes, quienes se cruzaban a Ecuador para protegerse. También llegaban a proveerse o a ‘vacacionar’.

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El bombardeo de Colombia a un campamento de las FARC en Angostura provocó que Quito y Bogotá rompieran relaciones durante más de dos años y medio. Foto Archivo.

Hoy en día, el temor persiste, pero las amenazas tienen otros rostros. Tras la desmovilización de las FARC, que luego de largas negociaciones políticas firmó un acuerdo de paz con el Estado colombiano, los disidentes formaron organizaciones narcodelincuenciales.

Según información de las Fuerzas Armadas, en la zona del lado colombiano en la que antes mandaba el Frente 48 ahora lo hacen los grupos colombianos denominados Los Comandos de la Frontera y Carolina Ramírez, que se disputan el control de los territorios que dan al río Putumayo.

Pero también se conoce de la presencia de dos ‘protomafias’ (estructuras más grandes que los cárteles) de Brasil que se denominan Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho. Estas dos organizaciones criminales dominan las rutas de tráfico de drogas en Brasil y el Atlántico sur, que los conectan con Europa y Asia, y están ya operando en Putumayo.

“El Comando Vermelho (Rojo) ha ingresado al territorio ecuatoriano a través de Los Comandos de la Frontera, y ya comenzaron a boletear; es decir, cobrar ‘impuestos’, ‘vacunas’”, refiere el coronel en servicio pasivo Mario Pazmiño, quien era jefe de Inteligencia del Ejército cuando se produjo el ataque de Angostura. “Lo que buscan estas protomafias brasileñas es el control de los territorios donde están los cultivos de droga para poder comercializar directamente y no a través de intermediarios”, explica.

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A esto se suma que algunos integrantes de lo que fueron las FARC se están reagrupando y quieren recuperar sus espacios. “Las amenazas no se han ido. Han mutado”, sentencia el exmilitar.

El alcalde de Lago Agrio, Abraham Freire, menciona que la zona de frontera se acostumbró a convivir con las FARC. Años atrás, cuando solo llegaba la señal de televisión colombiana, podían ver noticias sobre los guerrilleros más buscados, a los que luego se topaban en las calles del cantón. Por eso, agrega, cuando se produjo el bombardeo de Angostura no les tomó por sorpresa, pues se conocía de sus visitas. “Algunos líderes venían a descansar, a tomarse un trago, cosa que no podían hacer en Colombia”, recuerda la autoridad.

Lago Agrio, capital de Sucumbíos, es una de las poblaciones más cercanas a la frontera con Colombia. Foto Víctor Gómez

Y si bien todo esto generaba miedos en los pobladores de la zona por la posibilidad de resultar heridos por los enfrentamientos de la guerrilla con la fuerza pública o ser confundidos con unos y otros, las condiciones de inseguridad en la zona actualmente son peores que hace catorce años, afirma Freire.

Esto a causa de la presencia en el lado colombiano de estos nuevos grupos narcodelincuenciales que tendrían nexos con ecuatorianos y que, según él, actúan con mayor violencia y crueldad. “Las FARC tenían cierta prudencia en sus acciones. Los delincuentes ahora no respetan nada”, afirma.

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Solo el mes pasado, refiere Freire, hubo 25 crímenes al estilo sicariato. Así, por ejemplo, según reportes periodísticos, el domingo 16 de enero hubo ocho asesinatos en los sectores de La Pantera, San Vicente, General Farfán y El Eno; y el domingo 23 de enero, seis más en Estrella de Oriente y Esmeraldas Libre. La mayoría eran ecuatorianos que tenían relación con el narcotráfico.

“Esto no ha pasado nunca en Lago Agrio, ni siquiera en la peor época de las FARC”, dice el alcalde, quien asegura que la presencia militar se redujo “a la mitad” en la zona.

También se han reportado secuestros y hasta se capturó a Juan Hernando Hurtado, alias el Paisa, cabecilla de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las FARC.

Dos dirigentes sociales de Lago Agrio coinciden en que la situación de inseguridad se ha tornado crítica en los últimos años. Y dicen sentir que la frontera está abandonada.

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Jorge Elizalde, presidente de la Federación de Barrios del cantón, considera que la delincuencia común, que se ha mezclado con estos grupos de narcotraficantes, asedia a la frontera.

“Se trata de delincuencia común sumada con el crimen organizado, pero en su esencia es delincuencia común porque son jóvenes que se dedican al consumo de estupefacientes, para satisfacer su vicio optan por robar... incluso se conoció hace poco que se estaban formando bandas en el cantón... A esto se suma la migración sin control que llega. Familias enteras de venezolanos y colombianos. Todo esto ha sido fatal para Sucumbíos: no hay inversión, nadie quiere venir a trabajar acá por el temor de ser asaltado o asesinado... Antes de Angostura tuvimos cierta tranquilidad, paz, trabajo”, indica.

Y señala que si bien hay mayores patrullajes en los límites binacionales, dentro de los centros poblados, “no mucho”. “Hasta hace unos seis años atrás había operativos intensos, contábamos con los equipos necesarios para la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas... Hoy estamos totalmente en el olvido”, agrega.

Mientras que Henry España, integrante de la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo de Sucumbíos (Forcofes), cuenta que si bien por la pandemia los pasos legales en la frontera se cerraron por dos años, los delincuentes abrieron otros por los que se han infiltrado. “Pero no pasa nada, mientras no haya otro ataque como el de Angostura, las autoridades no actuarán”, dice.

Lamenta que no se esté cumpliendo la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo, vigente desde el 2018, que establecía una serie de beneficios económicos y sociales para los pobladores de los cantones ubicados en los linderos del norte y del sur del país. El objetivo era impulsar la reactivación para erradicar la pobreza, que es la que los empuja a vincularse con estas actividades ilegales.

Desde las FF. AA., en tanto, se indica que los patrullajes son constantes y que garantizan que tienen el control de la frontera. La institución prefirió no revelar el total de militares desplegados en el sector.

El coronel Pazmiño considera que el problema de inseguridad podría atacarse con la reactivación de la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas, que se creó en el 2019 cuando el grupo Oliver Sinisterra atacó destacamentos policiales y militares en San Lorenzo, Esmeraldas. “Este grupo, con más de 12.000 hombres, hacía un taponamiento, y se ejercía un mayor control desde Esmeraldas hasta Sucumbíos con patrullajes constantes”, indicó.

Sugirió, además, retomar el proyecto Fronteras Vivas que tenía el Ejército hace algunos años y que le permitía acercarse más a la población para generar fuentes de desarrollo local y evitar que se vinculen a actividades delictivas o del crimen organizado. (I)