El asambleísta Ramiro Narváez de la Izquierda Democrática, este 9 de febrero, presentó ante la Corte Constitucional una acción de inconstitucionalidad a varios artículos de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19, porque elimina exoneraciones y deducciones del impuesto a la renta a favor de los cantones fronterizos.

La acción de inconstitucionalidad es a los artículos 33, 39 numeral 3, 117 y 119 de la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia del COVID-19. Según el representante del Carchi, esta ley a más de golpear a los trabajadores públicos y privados, a los microempresarios, también golpea los territorios de frontera.

Esta es la tercera acción de inconstitucionalidad que se presenta en la Corte Constitucional por la vigencia de esa norma que entró en vigencia el 29 de noviembre de 2021, mediante decreto-ley suscrito por el presidente de la República, Guillermo Lasso.

Corte Constitucional admite a trámite demanda de inconstitucionalidad a la reforma tributaria

La reforma tributaria en vigencia derogó varios beneficios fiscales como exoneraciones y deducciones del impuesto a la renta a favor de los cantones fronterizos contenidos en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, así como en la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo; y, Estabilidad y Equilibrio Fiscal, explicó el accionante.

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A criterio del asambleísta Narváez, los artículos 33, 39 numeral 3, 117 y 119 de la Ley son inconstitucionales porque la Constitución en el artículo 11 numeral 8 señala que será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.

Que esos derechos y beneficios fiscales tienen como sujeto a los cantones cuyos territorios están total o parcialmente dentro de una franja fronteriza de cuarenta kilómetros; además que el artículo 249 de la Constitución es claro al señalar que recibirán atención preferencial para afianzar una cultura de paz y el desarrollo socioeconómico mediante políticas integrales que precautelen la soberanía, biodiversidad natural e interculturalidad.

En la demanda de inconstitucionalidad, el legislador de la Izquierda Democrática solicitó la suspensión provisional de los artículos impugnados, puesto que la derogatoria de los beneficios fiscales afecta a las inversiones en un momento en que el país y los cantones fronterizos atraviesan una crisis económica a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Narváez comentó que la falta de inversiones no permite inyectar liquidez a la economía local, la falta de liquidez no permite aumentar la demanda de bienes y servicios, la falta de demanda no dinamiza el mercado local, la falta de dinamismo del mercado local no ayuda a la reactivación económica y la falta de reactivación económica no permite generar trabajo. (I)