Comisión ciudadana se prepara para aprobar el informe final que definirá al nuevo defensor público

Una denuncia penal, una acción de protección y un postulante con impedimento para ejercer cargo público rodean las últimas horas del concurso para la elección de la autoridad de la Defensoría Pública. La noche de este 11 de junio de 2024, a las 19:00, la comisión ciudadana, que es la encargada de organizar el concurso para la selección de la primera autoridad de la Defensoría Pública, prevé reunirse para aprobar el informe final de los candidatos mejor puntuados y sobre el cual, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) deberá resolver la designación.Tras cerrar la etapa de impugnación, el CPCCS descalificó a cuatro de los ocho candidatos participantes. Los cuatro que quedaron obtuvieron los siguientes puntajes:Los descalificados fueron Jorge Ballesteros Ballesteros, Inés Romero Estévez, Byron Guillén Zambrano y Guillermo Ortega Caicedo.El lunes último, los miembros de la comisión sesionaron y conocieron varias resoluciones del CPCCS y escritos de los concursantes. Uno de ellos fue el de Ricardo Morales Vela, el primero de los cuatro candidatos que quedaron con alto puntaje y que registra un impedimento para ejercer cargo público reportado por el Ministerio del Trabajo.En su oficio detalló que como ayudante judicial de la Corte Nacional de Justicia se acogió a un procedimiento de retiro voluntario y recibió una indemnización contemplada en la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), lo que le impediría su participación y, por tanto, ser designado en el cargo.Morales había pedido al Ministerio del Trabajo un criterio jurídico y este le respondió que podría reingresar siempre que devuelva el valor que percibió por su indemnización.«Es factible el reingreso al servicio público bajo la figura de nombramiento de periodo fijo para el cargo de defensor público, siempre que previamente se devuelva la indemnización percibida o, en su defecto, suscriba un convenio de pago», señala un documento del ministerio y suscrito por la subsecretaria, María Picho, el 3 de junio.Sobre esa base, el postulante sugirió al CPCCS que, en el caso de que sea designado para esa función, devolverá los valores que recibió.Este asunto deberá resolverlo la comisión ciudadana o el Consejo en su pleno, tomando en cuenta que el proceso está a horas de finalizar luego de casi dos años de su organización.El reglamento que rige el concurso público determina que una vez que concluya la fase de impugnación corre un término de dos días para que la comisión elabore el informe final que contiene el listado de candidatos con sus notas de méritos y de sus pruebas escritas y prácticas. Ese plazo termina este 11 de junio. Dicho informe tiene el carácter de vinculante para el pleno del CPCCS, por lo que no podrá alterar las valoraciones.Luego, hay otro término de dos días para que se reúna el Consejo de Participación Ciudadana y designe a la autoridad que haya obtenido la más alta calificación, según el informe de la comisión.De cumplirse con los plazos -tras la notificación respectiva- es posible que el jueves o viernes el CPCCS designe al defensor público.No obstante, hay expectativa por conocer una resolución judicial respecto de la solicitud de una medida cautelar en una acción de protección planteada por la expostulante Inés Romero Estévez, quien fue descalificada por el CPCCS.La acción recayó para trámite de la jueza Mónica Freire Cuesta, de la Unidad Judicial de Contravenciones Penales de Tránsito de Tumbaco, en Quito y a eso de las 15:00 de este martes negó las medidas cautelares, por lo que no suspendió el concurso.Fijó la audiencia para tratar la acción de protección el próximo 17 de junio a las 12:00. Romero pidió a la justicia ordinaria que se suspenda cualquier convocatoria a sesionar que haga la comisión para elaborar el informe final.Además, que se deje sin efecto la resolución del Consejo de Participación Ciudadana con la que se le descalificó; garantías de no repetición; disculpas públicas por la afectación a sus derechos; y, la reparación económica por los gastos administrativos y honorarios de abogados.Finalmente, surgió un tercer interesado en el concurso: el abogado Andy Cabrera Carrión, quien presentó una denuncia penal en la Fiscalía de Pichincha en contra del coordinador jurídico del CPCCS, David Soria Tamayo, acusándolo de presunto fraude procesal. El denunciante señala que Soria elaboró el informe jurídico que sugirió al CPCCS descalificar a Inés Romero por su decisión en una causa judicial.Asegura que Soria omitió alertar al pleno del CPCCS de que las resoluciones judiciales emitidas por los jueces no pueden ser objeto de revisión o interpretación por organismos administrativos o políticos. (I)

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