En la audiencia de inconstitucionalidad en contra de la Ley Orgánica de Inteligencia, que se desarrolla en la Corte Constitucional (CC), abogados de organizaciones de derechos humanos alertaron de que la normativa podría vulnerar derechos constitucionales, como la protección de datos personales, la seguridad jurídica o el derecho a la intimidad.
La diligencia se lleva a cabo de manera telemática y se instaló a las 10:21 de este lunes, 1 de septiembre de 2025.
Entre los accionantes en contra de la norma están gremios sindicales, como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), y otros; el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y otras organizaciones de derechos humanos; los abogados defensores de derechos Ana Cristina Vera y Fernando Bastias; y el Centro de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).
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En la presentación de las pruebas, las abogadas de Inredh Ariadne Celi, Dayuma Amores y Andrea Toapanta alegaron que la Ley de Inteligencia vulnera derechos constitucionales, como el derecho a la protección de datos personales, intimidad e inviolabilidad de correspondencia, así como el derecho al debido proceso.
Las juristas resaltaron que la norma “define las amenazas de una forma abierta, lo cual las convierte en un criterio subjetivo que da apertura al uso discrecional del ‘aparataje’ de inteligencia, permitiendo una posible persecución selectiva de diversos grupos, sobre todo a los que son incómodos al poder”.
Asimismo, Inredh observó artículos que facultan la vigilancia tecnológica, la intervención de comunicaciones sin una orden judicial y sin limitaciones al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que son contrarios al artículo 66 de la Constitución de la República.
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“Señores jueces, es innegable el momento de crisis que atraviesa el país, pero bajo ninguna circunstancia es aceptable que se pretenda usar de pretexto combatir la inseguridad para emplear una ley que (permite) acceder con total libertad a todo tipo de información personal sin autorización judicial y sin control administrativo”, dijo Andrea Toapanta.
Por su parte, Angélica Porras, abogada del FUT, y Edwin Bedoya, presidente de esta organización, sostuvieron que la Ley de Inteligencia atenta contra la división de poderes de pesos y contrapesos, viola derechos como la reserva de ley y “abre las puertas a la persecución política y sindical”, con facultades como la interceptación de comunicaciones.
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En tanto que Vivian Idrovo y Fernando Bastias, defensores de derechos humanos, consideraron que la normativa fue creada de manera discrecional por parte del Ejecutivo, vulnerando el derecho a la seguridad jurídica, en relación con el principio de separación de poderes, ya que concentra en el Ejecutivo, a través del ente rector de inteligencia, “todo el poder para acceder a todo tipo de información confidencial y personalísima sin ningún control”.
Al igual que el resto de accionantes, los abogados resaltaron que el sistema nacional de inteligencia restringe estándares internacionales de derechos humanos, como el de reserva legal o el control de proporcionalidad.
“La norma propone un permanente estado de excepción, un vaciamiento del derecho a la inviolabilidad y la correspondencia. Es decir, no vamos a conocer en qué momento se nos accede a información de carácter confidencial y no podremos activar mecanismos judiciales”, enfatizó Bastias.
Otro de los accionantes, José Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la PUCE, sostuvo que la Ley de Inteligencia deroga una disposición de la Ley de Seguridad Pública y del Estado que establecía un procedimiento para la clasificación y desclasificación de la información de organismos de seguridad.
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“Para la desclasificación de la información se establecía la competencia de la Corte Constitucional para conocer demandas de desclasificación de información cuando existan presunciones de violaciones de derechos humanos, por lo que esto resulta regresivo e inconstitucional”, dijo Valenzuela.
Asimismo, coincidió en que esta norma afecta al derecho a la seguridad jurídica, vinculada al derecho al acceso a la información en caso de graves violaciones a los derechos humanos.
Los accionantes resaltaron que la Ley de Inteligencia, que se aprobó en la Asamblea Nacional el 10 de junio con 77 votos, es regresiva y solicitaron que se declare la inconstitucionalidad por el fondo de los artículos demandados y que sea expulsada del ordenamiento jurídico.
Tras la intervención de los abogados, jueces como Alejandra Cárdenas (ponente), Jhoel Escudero (presidente), Jorge Benavides y Claudia Salgado realizaron preguntas a las defensas antes de iniciar la presentación de los argumentos de descargo o defensa de la Presidencia de la República y Asamblea Nacional. (I)
