Una nueva pugna entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional (CC), y con actores colaterales, se vivió entre la tarde del viernes 19 y este sábado, 20 de septiembre, esta vez por los decretos ejecutivos con los que el mandatario Daniel Noboa envió al Consejo Nacional Electoral (CNE) dos convocatorias a consulta popular para una asamblea constituyente.
La mañana de este viernes, 19 de septiembre, Noboa envió al CNE su pedido de consulta sin pasar por el filtro de la CC, algo que no está contemplado en la carta magna vigente, según algunos constitucionalistas.
En ese documento, el mandatario plantea instalar una constituyente con 80 integrantes que se encargue de redactar un nueva constitución durante 180 días, con la posibilidad de ampliarse 60 más.
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Este cuerpo colegiado se organizaría en diez mesas de trabajo sobre diversas temáticas y podría recibir a delegaciones de sectores sociales, académicos, empresariales del todo el país. La nueva constitución se aprobaría en un referéndum.
Aparte, envió otros dos decretos más, el 147 y el 149, uno en el que se convoca a referéndum para que la gente se pronuncie sobre las reformas parciales referidas a las bases militares extranjeras en territorio nacional y otro con respecto al financiamiento de los partidos y movimientos políticos. Estas preguntas ya fueron aprobadas por la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional.
En el transcurso de la tarde y noche del viernes, grupos sociales y de juristas presentaran cinco demandas de inconstitucionalidad contra el decreto 148, las cuales fueron admitidas a trámite por los jueces de la CC en una sesión que se desarrolló esa misma noche.
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Cuando los magistrados estaban reunidos, a la sede del organismo ingresó un piquete de policías que alegó que había recibido una alerta de bomba y los desalojó. Entonces tuvieron que continuar su reunión de manera telemática.
Además de admitir a trámite las quejas, resolvieron suspender temporalmente la vigencia del decreto 148 hasta tomar decisiones sobre aquellas.
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Un poco antes, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, había llamado a una sesión del pleno del organismo en la mañana de este sábado, 20 de septiembre, para declararse en periodo electoral y así organizar el referéndum y la consulta popular 2025.
La sesión estaba prevista para las 08:00, pero esta se instaló dos horas después.
El pleno avocó conocimiento de los decretos 147 y 149 y declaró el inicio oficial del periodo electoral para ese proceso de referéndum, cuyas votaciones se desarrollarán el 16 de noviembre próximo. El calendario electoral se aprobará en estos días.
Pero no trató el decreto 148, porque recibió la notificación de la CC sobre el inicio del trámite de las demandas y la suspensión del documento.
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La sesión del CNE no fue clausurada, sino suspendida, es decir, podría instalarse en cualquier momento.
En un comunicado publicado luego de esta reunión, el CNE resaltó que era indispensable que la Corte se pronuncie con celeridad sobre las medidas cautelares interpuestas y la validez del decreto de una asamblea constituyente “para permitir, de ser procedente, la unificación de los procesos electorales y la optimización de los recursos públicos”.
Ante esta situación, Noboa decidió enviar al CNE un nuevo decreto, el 153, idéntico al anterior. Con puntos y comas.
Todo esto fue calificado como una “jugarreta contra la democracia” por el jurista y exlegislador Henry Cucalón, miembro del Foro por la Democracia, uno de los grupos que demandó el decreto 148 y que hizo lo propio con el 153.
La queja del Foro por la Democracia llegó al correo de la secretaría de la Corte Constitucional pocos minutos después de la publicación del 153 en la web de la Presidencia de la República, la tarde de este sábado, 20 de septiembre. En las siguientes horas entraron seis más de más ciudadanos y grupos sociales.
En un comunicado de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia (Segcom) se dijo que este decreto “anulaba el anterior” y que se emitía “cuando Ecuador se encuentra en periodo electoral declarado por el CNE”.
“Cualquier intento de bloque puede provocar una denuncia ante el TCE (Tribunal Contencioso Electoral)”, se indicó en el boletín, revelando de cierta forma la estrategia con la que el presidente pretende blindar su convocatoria: que el CNE destituya a los jueces de la CC si aceptan las demandas que puedan presentarse contra su decreto.
El Código de la Democracia vigente en su artículo 16 señala: “Ninguna autoridad extraña a la organización electoral podrá intervenir directa o indirectamente en el desarrollo de los procesos electorales ni en el funcionamiento de los órganos electorales. Las y los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que se encuentren asignados a la seguridad del proceso electoral, solo podrán actuar en el cumplimiento de las órdenes emanadas por los presidentes y presidentas del Consejo Nacional Electoral, de las juntas regionales, distritales, provinciales electorales y de las juntas receptoras del voto, en el ámbito de esta ley”.
Al cierre de la presente edición, el CNE no convocaba a la reinstalación de la sesión de la mañana de este viernes para conocer el nuevo decreto de Noboa.
Pero dos de sus consejeros, Enrique Pita y Elena Nájera, adelantaron luego de la sesión de la mañana que el organismo no podía tratar un pedido que no haya pasado antes por el análisis de la CC.
“Nosotros solo podemos conocer y aprobar lo que viene con una aprobación previa de la Corte Constitucional, porque así reconocemos lo que está en la ley. La hoja de ruta está establecida”, aclaró Pita. (I)
