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Debate por acciones de la Contraloría y la Fiscalía en medio de la organización de los comicios presidenciales

Las dos entidades quieren investigar el sistema informático del CNE, después de denuncias de un presunto fraude electoral planteado por Pachakutik

En exteriores del CNE en Quito se registraron protestas en reclamo al peritaje al sistema informático del ente electoral que anunciaron la Fiscalía y la Contraloría. Foto: API

Las acciones de la Fiscalía General y de la Contraloría del Estado para investigar el sistema informático del Consejo Nacional Electoral (CNE) abren el debate de si se configuraría una infracción electoral por una posible intromisión en el periodo electoral, en la organización de las elecciones nacionales, rumbo a la segunda vuelta electoral del 11 de abril.

La madrugada de este 21 de febrero, el pleno del CNE proclamó resultados “definitivos” de la elección de Binomio Presidencial, en los que Andrés Arauz de la alianza UNES y Guillermo Lasso de CREO-PSC “pasan” a la segunda vuelta electoral.

Horas antes de este hecho, las denuncias que presentó el 11 de febrero, el candidato presidencial de Pachakutik (PK), Yaku Pérez, en las dos instituciones tuvieron efecto.

Yaku Pérez calificó como “resultados electorales fraudulentos” la proclamación del CNE sobre la elección de Binomio Presidencial

El contralor Pablo Celi solicitó al CNE que apruebe una resolución que le posibilite iniciar una auditoría informática antes de que se realice el balotaje, para “coadyuvar a la generación del ambiente de confianza en el actual proceso electoral”, cita el escrito remitido a los consejeros.

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Celi reconoce que el organismo está en periodo electoral, pero aseguró que los resultados estarían listos en 20 días.

Esta solicitud se dio pese a que la misma Contraloría emitió un acuerdo en septiembre pasado disponiendo la suspensión de plazos para hacer examenes especiales a la Función Electoral por encontrarse en periodo de elecciones.

A la par, en horas de la noche del sábado, se conoció que el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Luis Rivera autorizó a la Fiscalía a proceder al “registro y la retención de la base de datos que reposa en el servidor (equipo informático)” del CNE. La “información se ceñirá al proceso electoral efectuado el 7 de febrero; así como al reconocimiento, exhibición y extracción de la información que fuere obtenida de la antes referida diligencia”.

Andrés Arauz rechaza “intromisión” de la Contraloría y la Fiscalía en proceso electoral y exige que se respete fecha de la segunda vuelta

El “acto urgente” es para recolectar contenido digital y hacer una pericia informática forense. Se preveía realizarla a las 07:30 de ayer, pero hasta el cierre de edición, no se realizó.

La Fiscalía aclaró en una misiva que la diligencia atendía una denuncia planteada por Bruno Segovia y otros representantes de Pachakutik, y que solo pretende registrar y retener la información de la base de datos del CNE, pero no la “incautación”.

La investigación previa se abrió el 18 de febrero, y el magistrado autorizó el 20 de febrero que se dé paso a las prácticas de investigación en base a los artículos 282 del Código de la Función Judicial y 442, 444, 475 y 500 del Código Integral Penal.

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Se indicó que estas habían sido “debidamente coordinadas” con la presidenta del CNE, Diana Atamaint, y que no incurrían en una interferencia en los comicios.

Pero Atamaint, en horas de la madrugada del domingo, antes de proclamar resultados alertó en un tuit que el artículo 16 del Código de la Democracia dispone que ninguna autoridad extraña puede interferir directa o indirectamente en la organización del proceso electoral.

Analistas consultados por este Diario tienen distintos criterios sobre la posibilidad de realizar estas acciones, y si ello configuraría una infracción electoral grave que debe ser tramitada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

El analista y catedrático Esteban Ron cree que no puede configurarse una interferencia en el proceso electoral ni una infracción, pero “no es el tiempo para hacerlas”.

“Son malas temporalidades escogidas. Las auditorías de la Contraloría se hacen terminado cualquier evento, y el mismo contralor pide que se le autorice para no configurar una infracción. Y, la investigación de la Fiscalía no interrumpe el proceso, porque tiene una facultad investigativa”.

A su criterio el CNE debería brindar las facilidades porque es solo una fase investigativa, lo que está prohibido anotó: es que los consejeros sean procesados penalmente.

El constitucionalista Stalin Raza explicó que la Contraloría no puede hacer una auditoría y por eso “pide al CNE que emita una resolución autorizando”.

“En periodo electoral ninguna autoridad puede interferir con el proceso. La Fiscalía sí puede investigar posibles delitos electorales, lo que no puede es, procesar penalmente a ninguno de los miembros del CNE”, apuntó.

Afirmó que la Fiscalía se debate en una “delgada línea: entre investigar un delito e interferir en el proceso”. No obstante, enfatizó que el órgano judicial puede solicitar información al CNE y este enviarle. “Pero no puede incautar sistemas, vulnerar las seguridades porque eso no es investigar sino interferir y poner en riesgo las elecciones. No puede retener y tomar control del sistema informático porque le pertenece en este lapso al CNE. Solo puede pedir información y que el Consejo le entregue. Deben tener mucho tino la Contraloría y la Fiscalía con lo que están haciendo”.

Antonio Gagliardo, exfiscal y exjuez de la Corte Constitucional, opinó que la Fiscalía puede practicar su investigación pero no interferir en las funciones del CNE.

“Puede investigar, pero sin ir más allá de sus atribuciones”, dijo y advirtió que la autorización de que se registre y retenga información del sistema informático del Consejo “es un asunto muy delicado”.

“La Fiscalía puede investigar la denuncia, siempre y cuando no interfiera en el proceso electoral, es decir que su presencia no intervenga en los resultados. Puede llamar a declarar a Yaku Pérez, a los consejeros, pedir copias certificadas de las actas, pero ingresar al sistema informático es muy delicado”.

Para Paúl Salazar, exvocal electoral, no se podría realizar esta auditoría porque se podría interpretar como una injerencia de otros organismos dentro del proceso electoral.

“El CNE si cree conveniente puede denunciarlo al TCE como una infracción electoral muy grave. No es el momento oportuno para que la Contraloría y Fiscalía intervengan en algo que está llevándose a cabo, como es el proceso”, subrayó.

Planteó que en el “peor escenario” en el que la Fiscalía decida retener información, el CNE puede implementar un nuevo centro de cómputo de contingencia para procesarla y evitar se detenga el desarrollo de las elecciones.

“El CNE debería funcionar con el sistema de cómputo de contingencia y rearmar un nuevo centro de cómputo de contigencia. No hay argumentación que valga para suspender alguna actividad del proceso electoral. Siempre hay salidas, aunque no es momento de que las instituciones realicen estos procedimientos”, afirmó.

Gonzalo Silva, penalista, tiene una opinión distinta y aseguró que ninguno de los entes de control pueden interferir en el proceso electoral.

“No pueden hacer nada hasta que no se termine el proceso electoral y se proclamen los resultados definitivos de estas elecciones. Yo creo que no va pasar nada, están solo haciendo ruido”, comentó. (I)

Redacción
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