En la pregunta 4 de la consulta popular que impulsa el Ejecutivo se plantea un cambio en la forma de calcular el número de asambleístas nacionales, provinciales y del exterior.

“¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios: 1 asambleísta por provincia y 1 asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes; 2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes; y 1 asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior (...)?”, señala la propuesta.

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En la Constitución actual la fórmula es la siguiente: quince elegidos en circunscripción nacional, dos por cada provincia o distrito metropolitano y uno más por cada 200.000 habitantes o fracción que supere los 150.000, de acuerdo con el último censo nacional de población; las circunscripciones especiales del exterior elegirán un total de seis asambleístas distribuidos así: dos por Europa, Oceanía y Asia, dos por Canadá y Estados Unidos y dos por Latinoamérica, el Caribe y África; y cada una de las regiones elegirá dos representantes a la Asamblea.

El anexo de la citada pregunta plantea que se elija un asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior, “de acuerdo con los datos poblacionales del organismo rector en materia de movilidad humana”.

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Con la propuesta de reforma constitucional sobre el número de asambleístas, estos se reducirían a por lo menos 120 en los comicios del 2025

Y la segunda disposición transitoria dice: “En el plazo máximo de 45 días contado desde la publicación de los resultados del referéndum constitucional en el Registro Oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana emitirá las directrices para garantizar que exista un registro de la población ecuatoriana en el exterior. El registro deberá ser funcional a 365 días contados desde la aprobación de las directrices”.

Este Diario consultó por escrito a la Cancillería sobre cómo se elaborará dicho registro. Y contestó, de la misma forma, lo siguiente:

“Una vez que las preguntas cuenten con el dictamen de la Corte Constitucional y la consulta popular sea oficializada, la Cancillería coordinará con las entidades encargadas, conforme los tiempos programados, el ámbito de las competencias y en estricto cumplimiento a la Constitución y la ley.

En la actualidad, esta cartera de Estado cuenta con la información del registro voluntario de los ecuatorianos en el exterior, que los consulados de Ecuador recaban de acuerdo a su circunscripción. De igual forma, se trabaja en coordinación con el Consejo Nacional Electoral (CNE), institución encargada de los temas electorales, para el éxito de los comicios que lleva adelante el país.

Con relación al registro de los conciudadanos que no deseen brindar su información, se debe destacar que el artículo 62 de la Constitución de la República establece que el voto será facultativo para ‘las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior’, por lo que el registro de los compatriotas en el exterior es voluntario”.

La Cancillería no proporcionó a EL UNIVERSO la información del citado registro voluntario que poseen los consulados.

Pero el CNE elabora el padrón de los migrantes ecuatorianos que sufragarán en el exterior con base en el registro voluntario que manejan los consulados y que les entrega la Cancillería.

Para los comicios del 5 de febrero del 2023, los migrantes votarán solo por los vocales del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS). Están habilitados 409.250, según el CNE. Es decir que, si se considerara esa información solamente, no alcanzaría ni para un legislador.

En este proceso electoral se desarrollará el voto telemático en 50 zonas electorales del exterior que ha definido el organismo electoral. Los que vayan a sufragar deben registrarse en este enlace: www.voto-telematico.cne.gob.ec, que está habilitado desde agosto y hasta el 5 de febrero.

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Fabián Bacuilima, de la fundación Crea tu Espacio, cree que este conteo de migrantes que se le delegaría al Ministerio de Relaciones Exteriores no es viable. Actualmente solo existe el registro que hace el CNE, que sirve para visibilizar a los ecuatorianos que ejercen su derecho al sufragio en el exterior.

“Se calcula que hay unos tres millones; podríamos llegar a cuatro millones de ecuatorianos en el exterior, pero muchos de los ciudadanos que se hallan sobre todo en Estados Unidos y parte de Europa están indocumentados y no pueden acceder a ese registro para ejercer su derecho al voto, porque les piden cierta información que no pueden dar. Además, muchos se han ido por rutas de riesgo, sobre todo a EE. UU. Entonces, algunos han tenido, incluso, que cambiar sus datos o han obtenido otras identidades”, refiere.

El activista señala, asimismo, que la mayoría de migrantes está en Estados Unidos y parte de Europa, y menos en países de América Latina, Asia y Oceanía. Desde esa perspectiva, habría que buscar una manera de establecer la representatividad de manera equilibrada, porque podría haber más legisladores por un lado y ninguno por otro.

William Murillo, dirigente de la agrupación 1800-Migrantes, recuerda que el artículo 8 de la Ley de Movilidad Humana vigente ya menciona que “las personas ecuatorianas en el exterior podrán inscribirse en el Registro Único de Ecuatorianos en el Exterior en línea o de forma presencial en las misiones diplomáticas u oficinas consulares del Ecuador”, pero que dicho registro no es una condición para acceder a los servicios consulares.

Existe, señala, el portal www.consuladovirtual.gob.ec, pero asegura que este solo se usa para registrar a los migrantes que desean beneficiarse de la rebaja de impuestos en el envío de la paquetería; pero que, si no se registran, no pueden acceder a este. Y de paso, el sitio está fuera de servicio hace semanas, agrega. “Si ya tienen este registro, que nos digan dónde está”, cuestiona.

A su criterio, este conteo de migrantes debería estar a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que justamente está realizando el censo de población en estos días. Pero indica que lamentablemente no se los ha considerado.

De darse este cambio constitucional, considera el dirigente, se estarían afectando sus derechos de participación. “Esto es una burla. El presidente se equivocó con este tema”, opina. (I)