“El servicio público es una vocación que asumí cuando ingresé a la Fiscalía General del Estado, no hace seis años, sino hace 24, como asistente de fiscal. El camino recorrido ha sido realmente gratificante: los días, las noches, las madrugadas, los impulsos, las versiones, las diligencias, los expedientes, las fojas... Nada, nada de eso tendría sentido si detrás de cada caso, de cada proceso no existiera una historia, una persona, una familia que busca justicia”.
Con esta frase, que fue parte de un video colgado en las redes sociales de la Fiscalía, la ibarreña Lady Diana Salazar Méndez se despidió del cargo de fiscal general la mañana del pasado martes, 20 de mayo del 2025.
Publicidad
El periodo para el cual fue elegida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Transitorio, presidido por el fallecido jurista Julio César Trujillo, era de seis años; pero, como al cabo de ese tiempo el actual Consejo no había culminado —y aún no lo hace— el concurso público de méritos y oposición para elegir a su reemplazo, resolvió prorrogarse en funciones, aunque se quedó solo un poco más de 40 días.
Hija de una psicóloga que era madre soltera, Salazar tiene una licenciatura en Ciencias Sociales; es abogada y doctora en Jurisprudencia, con una maestría en Derecho Procesal, y es especialista en Derecho Penal Económico y en Derechos Humanos.
Publicidad
Inició su carrera como asistente de fiscal en el 2001; cinco años después la ascendieron a secretaria; y en el 2011 ya la nombraron fiscal.
Su nombre empezó a cobrar relevancia en el 2016, cuando se le encargó el caso FIFA Gate en Ecuador y procesó por lavado de activos a Luis Chiriboga Acosta, expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
Al año siguiente investigó al exvicepresidente Jorge Glas, hallando evidencia para procesarlo en el caso Odebrecht Ecuador. La acusación la hizo finalmente el entonces fiscal general, Carlos Baca Mancheno, afín al correísmo.
Salazar participó en el concurso para fiscal general realizado por el CPCCS-T. Obtuvo la mejor puntuación dentro del proceso, con 88,17 puntos: 49 en méritos, 10 en el examen escrito y 28,17 en la audiencia oral, más un punto por acción afirmativa al ser afrodescendiente.
La exfuncionaria terminó ocupando un cargo para el que fue designado Baca Mancheno en el 2017 y que iba hasta 2023. La censura y destitución que resolvió contra él la Asamblea Nacional en abril de 2018 causó que existieran varios fiscales generales encargados antes que la titular: Thania Moreno, Paúl Pérez Reina y Ruth Palacios.
A lo largo de su gestión, la exfiscal participó en unas tres decenas de casos de alto perfil político relacionados con personajes con fuero de Corte Nacional, ya sea iniciando el proceso o continuando los que ya tenían sentencia de algún nivel. De esa lista son parte los casos Sobornos 2012-2016, Odebrecht Ecuador, Secom, Secuestro Fernando Balda, Senagua, Caminito, Hospital de Pedernales, Las Torres, Dhruv, Diezmos, Sinohydro, Celu, Vocales, China CAMC, Reconstrucción de Manabí, Liga2...
Así como los más recientes relacionados con la infiltración del poder económico, político y del crimen organizado en la justicia en distintos niveles en el país: Independencia Judicial, Metástasis, Purga, Plaga, Pantalla...
Por su labor, según ella misma cuenta en su carta de renuncia, tuvo que enfrentar iniciativas de juicio político que terminaron siendo archivadas en la Asamblea Nacional; planes para sacarla del cargo desde el Consejo de Participación y el Consejo de la Judicatura; amenazas de atentados; y hasta una denuncia sobre un supuesto plagio a la tesis doctoral, la cual finalmente no prosperó.
Sus principales detractores fueron dirigentes y militantes del correísmo, quienes la acusaban de persecución política. Y de hecho, en un comunicado emitido la noche del 20 de mayo, señalaron que ella “nunca hizo justicia” y que se quedó en el cargo unos días más para firmar el archivo “de casos clave beneficiando a los que siempre protegió”, en alusión a la investigación por supuesto peculado contra el expresidente Guillermo Lasso.
En contraste, también recibió reconocimientos, como el que le hizo la revista estadounidense Time, que la ubicó entre las 100 personas más influyentes del mundo.
En el 2024, varios sectores sociales hablaban de apoyar su candidatura presidencial. Algo que ella rechazó.
Salazar, de 43 años, culmina esta etapa de su carrera, según dice en su carta de renuncia, con “la satisfacción de haber cumplido con mi deber, de haber entregado lo mejor de mí en cada decisión y cada acción. Me retiro con mi mayor tesoro intacto: la conciencia tranquila”.
Sin embargo, afirmó: “Los mafiosos no me perdonarán haber desmantelado sus redes criminales ni haberlos desenmascarado cuando, bajo el disfraz de salvadores de la patria, en realidad la estaban saqueando”. Y como desde el inicio de su gestión afirmó haber vivido bajo amenaza constante, anunció que ha tomado “la difícil pero necesaria decisión de radicarme afuera del país”.
Se conoce que ella dio a luz a su segunda hija en Argentina, pero no ha confirmado si se mudará a ese país.
La última diligencia presencial en la que estuvo fue la semana pasada, en el caso denominado En Familia, relacionado con la exasambleísta Bella Jiménez.
Fueron los procedimientos abreviados solicitados por el hermano y la cuñada de Jiménez. A ambos los sentenciaron a cuatro meses de prisión por el delito de concusión o el pedido de dinero a cambio de un puesto en el despacho de Jiménez cuando ejerció el cargo de legisladora por Guayas. (I)