Desde el 2021, la Corte Constitucional (CC) reguló la implementación de infraestructura pública en los manglares del Ecuador, en tanto que el Ministerio del Ambiente declara que están permitidas las actividades productivas, sostenibles y la ejecución de obras públicas o privadas en bosques protectores.

La construcción de un proyecto inmobiliario que involucra a la familia del presidente de la República, Daniel Noboa Azín, alcanza al ámbito de la Corte Constitucional, pues en uno de sus fallos ordenó la protección de los manglares.

Estos, que son considerados bosques protectores y en cuyas cercanías se edificaría un plan de vivienda de la primera dama.

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La esposa del mandatario, Lavinia Valbonesi Acosta, es accionista de la compañía Vinazin S. A., dedicada a actividades inmobiliarias y cuya gerenta general es María Beatriz Moreno Heredia, directora nacional de Acción Democrática Nacional (ADN), un movimiento político que está en proceso de inscripción en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La compañía Vinazin apareció en la esfera pública debido a denuncias de habitantes de la comuna Olón, ubicada en la parroquia Manglaralto del cantón Olón, en Santa Elena, de que se habían talado 21 árboles parte de un manglar para la construcción de un proyecto habitacional denominado Echo.

Desde el Gobierno nacional, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, comentó que este proyecto es privado y arrancó antes de que Daniel Noboa llegue a la Presidencia de la República.

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El hecho se fiscaliza en la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional y la ministra del Ambiente, Sade Fritschi Naranjo, fue convocada al pleno del órgano para explicar cómo y en qué contexto ocurrió esto.

Tras los cuestionamientos, la ministra Fritschi se pronunció en su cuenta de X, en la que afirmó que la zona en donde está el plan no es un área protegida y que intersecta con el bosque y vegetación protector natural esterillo Oloncito en un 16 %.

Que se emitió un informe de viabilidad ambiental que revela que el lugar había sido intervenido antes y que un inventario forestal dice que no existe presencia de manglar ni de especias endémicas.

Pero además, Fritschi expresa que hay normativa vigente desde el 2017 que permite hacer actividades productivas, sostenibles y la ejecución de obras públicas o privadas en bosques protectores.

No cita cuál es esa norma ni los artículos a los que se refiere.

Sin embargo, apenas dos años atrás, el 8 de septiembre de 2021, la Corte Constitucional sentó un precedente respecto de los ecosistemas del manglar a los que reconoció como titulares de los derechos a la naturaleza y tienen derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.

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Su pronunciamiento se dio al resolver una acción de inconstitucionalidad de norma, que plantearon colectivos ambientalistas en contra del Código Orgánico del Ambiente (COAM) y su reglamento, en cuanto a los manglares y los derechos de la naturaleza; las actividades productivas o de infraestructura en el manglar; los monocultivos en los ecosistemas; la participación ciudadana y la consulta previa, entre otros.

Los jueces declararon inconstitucional varios artículos por afectar la seguridad jurídica y la reserva de ley, como uno que abría la posibilidad a «otras actividades productivas» y constaba en el artículo 104 del COAM.

La Corte eliminó esa frase y dispuso que, en adelante, diga: la infraestructura pública se permitirá con autorización de la autoridad ambiental y que ofrezcan programas de reforestación.

Sobre la infraestructura pública se la consideró constitucional siempre que la construcción de un proyecto garantice el acceso a servicios públicos de las comunidades que viven en o junto a ecosistemas de manglar, y se demuestre que no interrumpe los ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos del ecosistema manglar.

Los servicios públicos, según la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y que cita la CC, son aquellos que se prestan directamente en los domicilios de los consumidores, ya sea por proveedores públicos o privados tales como de energía eléctrica, telefonía convencional, agua potable u otros similares.

En el fallo, no se alude a los proyectos privados y, es más, precisó que la mención «otras actividades productivas» tenía «alta vaguedad» y afectaba la reserva de ley, pues permite que sea la autoridad ambiental la que defina y establezca los límites que considere para la protección de los derechos del manglar.

«Permitir la construcción de cualquier tipo de infraestructura pública, o construirla de una manera no sustentable es abrir la posibilidad para realizar cualquier tipo de obra que podría afectar al ecosistema del manglar y vulnerar las normas constitucionales».

En cuanto a un artículo 278 del reglamento al Código, la alta magistratura precisó que la frase que permitía «otras actividades productivas», se aplicará condicionadamente para construcción de «infraestructura pública».

La Corte escogió este caso un 28 de abril de 2021, por la importancia de los manglares para las comunidades y para el equilibrio de la naturaleza; y, si bien resalta que el legislador incorporó como actividades productivas permitidas el turismo, las tradicionales y artesanales que no afecten al manglar, la frase «otras actividades productivas» daría paso a la afectación de esos ecosistemas.

En las últimas horas, el Ministerio del Ambiente informó que para la construcción del complejo habitacional se entregó un registro ambiental, por lo que no requería de una consulta previa, libre e informada.

Aunque, en el Código se dispone que la autoridad debe informar a la población que podría ser afectada de manera directa sobre los proyectos, obras o actividades y de los posibles impactos socioambientales.

De forma paralela a la fiscalización que se hace en el Legislativo, colectivos sociales y ambientalistas solicitaron este 10 de mayo a la Corte que active su atribución de dar seguimiento al cumplimiento de este fallo. (I)