Los cambios en el interior del Gobierno no solo se dieron en el gabinete, sino que se extendieron a las cúpulas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Esto sería parte de una evaluación del primer año de mandato del presidente Guillermo Lasso, quien “busca rodearse de personas que lo coadyuven a lograr su proyecto de gobierno”, explicó el secretario de la Administración Pública, Iván Correa, en una entrevista en radio Sucesos.

Esta reestructuración en la fuerza pública se da en medio del incremento de la violencia en el país que obligó al Ejecutivo a decretar el estado de excepción focalizado en tres provincias. Según las estadísticas oficiales, del 1 de enero al 25 de abril de 2022 se han registrado 1.241 homicidios intencionales, equivalente al 90 % de la cifra total del 2020; y, el 49 % de todo el 2021.

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Este fenómeno se ha observado en las zonas de Quito, Guayas, Manabí, Esmeraldas, que agrupan el 60 % de estas muertes.

Esto se atribuye a “conflictos entre distintas organizaciones que luchan entre sí por el control de la economía ilícita, esto es, el control de rutas de tránsito y de los territorios donde se realiza el almacenamiento, transporte y comercialización de drogas. La intervención del Estado reduce sus zonas de acción, por lo que se producen enfrentamientos entre organizaciones rivales”, cita el decreto 411, del estado de excepción.

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Bajo ese escenario, Guillermo Lasso intenta armar su política en seguridad ciudadana desde inicios de mayo, cuando retomó la figura del Ministerio del Interior nominando a Patricio Carrillo en ese cargo; y en el Ministerio de Defensa que designó a Luis Lara Jaramillo.

Así también, este sábado iniciará un periplo del 7 al 14 de mayo a Israel, a donde llevará una agenda económica y también de seguridad. Lo acompañará Fausto Cobo, director general del Centro de Inteligencia Estratégica; el canciller Juan Carlos Holguín; el ministro de Producción, Julio José Prado, y Roberto Salas, secretario de Alianzas Público-Privadas.

Antes de emprender este viaje, este 5 de mayo de 2022, el jefe de Estado resolvió cambios en los altos mandos de la Policía y de las Fuerzas Armadas.

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Con el Decreto Ejecutivo 422, Fausto Salinas Samaniego fue designado como nuevo comandante general de la Policía Nacional, en remplazo de Carlos Cabrera Ron, que estuvo poco más de tres meses en el cargo al que accedió el 23 de enero de 2022. A este último lo precedió Tannya Varela; con lo que en este 2022 hubo tres comandantes en la Policía.

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La selección de Salinas, general de Distrito, provino de una terna compuesta por los generales más antiguos de la Policía, y fue propuesta por el ministro Patricio Carrillo.

El patrimonio de Salinas registrado en la Contraloría General del Estado asciende a $ 1′048.912. Pertenece a la quincuagésima segunda promoción de oficiales de línea. Fue parte del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) por 16 años, informó la institución.

Se ha desempeñado como director nacional de Seguridad Ciudadana y Orden Público; comandante del Distrito de Quito, subsecretario de Policía, director de la Escuela Superior de la Policía, entre otros.

Sus títulos registrados en la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senescyt) son los de Especialista en Administración de la Seguridad y especialista en Alta Gerencia emitidos los dos de la Universidad Militar de Granada.

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En las Fuerzas Armadas, los cambios se dieron en la jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Comaco) y las fuerzas Aérea y Terrestre con el Decreto Ejecutivo 421.

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Cesó en funciones al general de División Orlando Fuel Revelo, y nominó a Nelson Proaño Rodríguez, quien ha sido agregado militar, comandante de Educación y Doctrina, director de la Escuela Militar Eloy Alfaro, entre otros, jefe del Estado Mayor del Ejército y jefe del Estado Mayor Operacional del Comando Conjunto.

El general de brigada tiene un patrimonio de $ 627.843, y ha obtenido tres títulos de tercer nivel como licenciado en Educación Física y en Ciencias Militares de la Escuela Politécnica del Ejército; y otro por la Universidad de las Fuerzas Armadas como ingeniero en Seguridad. Una maestría en Administración Deportiva y un diplomado en Gestión del Aprendizaje Universitario de la Escuela Politécnica del Ejército.

En la Fuerza Terrestre, Lasso cesó al general de brigada Luis Burbano Rivera y eligió a Franklin Acosta Yacelga, que se ha desempeñado como director general de Inteligencia del Comando Conjunto; jefe del Estado Mayor del Ejército, jefe del Estado Mayor Operacional del Comando Conjunto y otros cargos.

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La Fuerza Aérea también tuvo un relevo. Se cesó como comandante al brigadier general Geovanny Espinel y ascendió a Gabriel García Urbina, que se desempeñaba como jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea.

La Armada Nacional mantendrá a su comandante Luis Vásquez Bermúdez, quien fue ratificado en su función por disposición presidencial.

Geovanny Espinel deja la Fuerza Aérea en una coyuntura de indagaciones internas y de la Fiscalía General por la explosión que se registró al radar de Montecristi (Manabí) con el que se pretendía luchar contra el narcotráfico y que ahora está inservible.

Mientras que Proaño asume el Comaco, luego de conocerse que Ángel Nazareno (+), quien lideraba presuntas operaciones ilegales de captación de dinero conocida como Big Money había ingresado unas tres ocasiones al recinto de La Recoleta, en donde se concentran el Ministerio de Defensa y las tres ramas de la institución castrense.

En la Policía Nacional también hay denuncias de presuntos actos de corrupción en el interior de sus filas. Incluso, el inspector general de la Policía, el general Ramiro Ortega informó en radio Sucesos, que en los últimos cuatro años se ha sancionado a 680 servidores policiales por actos de inconducta e indisciplina.

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Para el analista en seguridad ciudadana y catedrático Lautaro Ojeda, la renovación de autoridades y la declaratoria del estado de excepción no resuelven a lo inmediato el problema de la inseguridad ciudadana.

“La gente cree que con la presencia de los policías y militares en las calles los delincuentes van a cambiar de comportamiento; y, sí cambia, pero en el sentido de que se desplaza a otros sectores. Eso es un fenómeno general”, dijo.

Para Ojeda este tipo de acciones no resuelven los problemas de origen, que deben ser atendidos por el Estado como es la inequidad, la exclusión y la pobreza. Adicionalmente, indicó que los grupos delictivos están “tomando fuerza”, acompañado por un “problema muy coyuntural que es la disputa de los territorios, que son estratégicos para la exportación de la droga”. (I)