En la Asamblea Nacional hubo reacciones de legisladores de la oposición y del oficialismo al último proyecto de ley económico urgente para el Fortalecimiento Crediticio, que busca reformar la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) y a la Ley de la Seguridad Social.
La quinta iniciativa urgente fue remitida por el presidente Daniel Noboa al Parlamento, este jueves, 28 de agosto de 2025, y busca reformas urgentes al sistema previsional y financiero del Biess, el respeto a los derechos de los afiliados, jubilados y beneficiarios del sistema de seguridad social, mediante la recuperación, devolución y adecuada gestión de los fondos de naturaleza previsional.
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Tras el envío de esta propuesta, legisladores del correísmo se pronunciaron en sus redes sociales. Viviana Veloz, coordinadora de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), observó que “todo apunta a un intento de debilitar al Biess, y quizá incluso abrir la puerta a la privatización”.
“El Gobierno está desesperado por cumplir con sus compromisos con el FMI, y lo único que sabe hacer es cargar el peso sobre los hombros de los trabajadores y afiliados”, escribió en su cuenta en la red social X.
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Veloz también cuestionó que todos los proyectos económicos del Ejecutivo, que se han aprobado en el pleno, “benefician a los grandes grupos, condonando deudas, perdonando impuestos, blindando políticamente a sus altos funcionarios y precarizando la vida de los más débiles”.
Su ‘coidearia’ Arisdely Parrales (RC) también expresó su preocupación y rechazo al proyecto de Ley de Fortalecimiento Crediticio, pues consideró que estas propuestas de reformas al Biess y al IESS “representan riesgos para los afiliados y la sostenibilidad del sistema de seguridad social”.
La representante de la provincia de Santa Elena hizo cinco observaciones, entre ellas que la devolución de los fondos complementarios previsionales cerrados a los partícipes en solo 90 días, sin regulaciones claras, podría generar una mala gestión de los ahorros de miles de ecuatorianos; o que la flexibilidad para remover directores clave del IESS, sin criterios objetivos, permitiría la politización e inestabilidad.
A la preocupación de Viviana Veloz y Arisdely Parrales se sumaron otros legisladores de la RC como Liliana Durán, Mónica Alemán o Nanki Saant.
Desde Pachakutik también se emitieron observaciones. Mariana Yumbay, parlamentaria del ala que no ha votado con el oficialismo, sostuvo que es “imposible creer que es un proyecto de ley para proteger el dinero de los jubilados”.
“Está claro que se vienen por la privatización del IESS”, opinó.
El oficialismo, en cambio, respalda la iniciativa de Noboa. Nataly Morillo (ADN), asambleísta por Pichincha, dijo que el Ejecutivo “trabaja por las urgencias y necesidades del país, como la salud y la seguridad social”. Aunque la legisladora precisó que en el bloque gobiernista se analiza este proyecto de ley urgente.
“Estamos en la revisión. Mal haría yo en adelantarme a emitir criterios, pero lo que sí puedo decir es que es una ley que beneficia a los asegurados y a los ciudadanos en el sistema de salud también, que es lo que nos piden a diario en las calles”, dijo la legisladora.
El proyecto de ley deberá ser conocido por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). En caso de ser calificado a trámite, la mesa parlamentaria remitirá el proyecto de ley a una de las quince comisiones permanentes especializadas. Las últimas cuatro leyes urgentes fueron tramitadas en la Comisión de Desarrollo Económico.
Al ser una propuesta enviada con carácter de económico urgente, el Parlamento tiene un plazo de 30 días para su tramitación. (I)