Con el objetivo de reforzar los esfuerzos de su administración para combatir la corrupción en la función pública, el presidente Guillermo Lasso anunció la creación de la Secretaría de Política Pública Anticorrupción, que formará parte de la estructura orgánica de la Presidencia, y estará a cargo de su hasta ahora consejero Luis Verdesoto, exconsejero del Consejo Nacional Electoral.

El mandatario ha dicho que confía en que con la Estrategia Nacional de Integridad Pública y Anticorrupción, que la nueva entidad debe desarrollar, se logren generar alertas tempranas en sectores de alto riesgo de corrupción, como el petróleo, la energía, las telecomunicaciones, la obra pública, la seguridad social, los presupuestos, la inversión extranjera, los gobiernos provinciales y locales y la lucha contra el narcotráfico.

Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, considera que con la creación de esta secretaría lo que se ha hecho es conformar una nueva institución burocrática, que cree que no era necesario para la lucha anticorrupción.

“Para coordinar acciones preventivas respecto de la corrupción no era necesario llegar a los extremos, a lo que se está llegando, que es burocratizar la lucha anticorrupción, que es una tarea ágil, rápida, vehemente si se quiere”, apunta.

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Refiere además que al ser una secretaría técnica, es probable que su trabajo se concentre en actividades más de tipo administrativas.

“Se van a pasar haciendo documentos, paneles, mesas redondas, encuentros, talleres, etc., y la lucha contra la corrupción debe ser más expedita”, subraya.

César Cárdenas, director del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, manifiesta que no es correcto que sea el mismo Gobierno el que intente “autocontrolar la corrupción que se genera dentro del mismo Estado”.

“La secretaría lo que va a hacer es consumir recursos, dinero y no va a pasar absolutamente nada (...). La naturaleza del Estado es ser Gobierno, no un ente controlador de sí mismo”, dice.

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Cárdenas menciona que “en la sociedad civil no hay expectativas sobre esta secretaría” y que es posible que con esta nueva entidad ocurra lo mismo que pasó con la que el expresidente Lenín Moreno creó en febrero de 2019 y que tuvo tres secretarios en quince meses y fue suprimida en mayo de 2020, entre el rechazo de otras instituciones del Estado.

Rodas añade que es importante, para tener una verdadera lucha, que “se prescinda de funcionarios y elementos que vienen de gobiernos anteriores y entorpecen una buena administración publica”, pone de ejemplo el Ministerio de Salud, donde siguen existiendo casos de corrupción en compras de insumos y medicinas.

Ambos reiteran que seguirán liderando la lucha anticorrupción desde la sociedad civil, donde consideran debe darse.

“Vamos a seguir denunciando los casos, no le costamos un centavo al país y cumplimos esa tarea de forma cívica y patriótica”, dice Rodas, mientras Cárdenas expresa que “lo que el Estado debe hacer es comprometerse a no robar, a no ser corrupto y apoyar los esfuerzos de la sociedad civil”.

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En tanto, la institución que lidera Verdesoto, que aseguró asume el cargo en fiel cumplimiento de su compromiso de “devolverle a la sociedad lo que ella le ha dado”, tendrá como plazo tres meses para presentar a la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete la metodología y cronograma de trabajo que empleará para diseñar la propuesta de política de integridad pública y anticorrupción. Su cronograma deberá comprender un periodo de hasta 100 días.

Asimismo, la secretaría en coordinación con el Ministerio del Trabajo y el de Economía y Finanzas tendrá 90 días para realizar todas las acciones administrativas y de talento humano que se requieran para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 412 del 3 de mayo.

Según el mismo decreto, la institución tendrá 18 funciones que abarcan labores como diseñar la política de integridad pública y anticorrupción en el marco de los instrumentos internacionales suscritos por el país; diseñar un sistema nacional de integridad pública y anticorrupción en el sector público que contemple las funciones y competencias de cada una de las funciones del Estado y niveles de gobierno y que incluya mecanismos para identificar las áreas de alto riesgo de corrupción para generar temprana alerta.

Otras actividades relevantes serán asesorar e informar al presidente en materia de integridad pública y anticorrupción; a su vez diseñar proponer y expedir la Estrategia Nacional de Integridad Pública y Anticorrupción y coordinar su implementación y la cooperación entre las instituciones de las funciones del Estado para implementar estrategias de anticorrupción transversales.

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Otra de sus funciones más relevantes será articular con el Ministerio de Relaciones Exteriores la gestión de acuerdos internacionales en materia de integridad pública y anticorrupción y ejecutar programas o proyectos financiados por organismos bilaterales y multilaterales.

También recabar información sobre presuntas irregularidades o actos de corrupción dentro de la misma administración pública central para ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes; proponer instrumentos normativos para regular las temáticas de integridad pública y anticorrupción y ejercer como autoridad central respecto a la Convención Interamericana Contra la Corrupción y a cualquier otro organismo internacional o tratado que el presidente le encargue. (I)