La tarde del 20 de julio de 2011 Emilio Palacio y los directivos de Diario EL UNIVERSO se enteraban de una sentencia que se fraguó en la madrugada, que los mandaba a prisión por tres años y ordenaba pagarle $ 40 millones al entonces presidente Rafael Correa, que se decía afectado en su honra por un artículo de opinión. Diez años después, ahora ellos se presentaron como querellantes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que este martes 15 de junio escuchará los alegatos finales antes de hacer un pronunciamiento definitivo.

El caso llegó a esta última instancia internacional después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que el proceso judicial en Ecuador estuvo plagado de vicios y que el Estado ecuatoriano vulneró los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión y al principio de legalidad y retroactividad del periodista y de los directores del medio.

Correa ya no es presidente, está prófugo, ya no tiene barras que hostiguen a sus demandados afuera de los tribunales donde siempre ganó, mientras gobernó. “Recién perdió una causa contra un periodista, Martín Pallares, cuando dejó el poder”, informó a los jueces de la Corte IDH el perito Juan Pablo Albán.

Palacio recordó lo duro que fue renunciar, vivir en el exilio en Miami sin poder ejercer como periodista, dependiendo del trabajo de su hijo y de su esposa, de la ayuda del Gobierno norteamericano, todo desde que un juez ‘golondrina’ dijo que era culpable de injuria calumniosa contra Correa por el artículo de opinión, ‘No a las mentiras’, que hacía referencia a la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010.

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Golondrina es el término que usó la entonces presidenta de la Corte de Justicia de Guayas, María Leonor Jiménez, para referirse a Juan Paredes, “el juez que en apenas 33 horas salió de un banco de suplentes, se posesionó, nos sentenció y volvió al banco de suplentes”, contó César Pérez, subdirector del medio que está por cumplir 100 años de fundación.

“Mi hija pequeña me preguntaba cómo íbamos a hacer para ir todos a la cárcel, creía que todos (en la familia) estaríamos presos”, recordó.

Su relato sobre la velocidad de Paredes no fue una exageración. Consta en los archivos del sistema judicial el ingreso de su usuario a la medianoche, por eso no pudo negarlo: “Ayer, una vez que concluyó la audiencia, me vine al despacho y me quedé trabajando hasta la 5 de la mañana. Como esa es mi responsabilidad dictar la resolución lo voy a hacer”, dijo el juez cuando fue interrogado por la velocidad con la que dictó sentencia aquel día, hace ya diez años.

Él debía enterarse del caso, leer más de 4.000 páginas de argumentos, “pero luego supimos que lo único que leyó fue un pendrive” donde ya estaba redactada la sentencia “y solo le cambió unas cositas”, recordó Pérez, citando las palabras de Paredes que quedaron registradas en un video grabado por una funcionaria judicial que no quiso participar en la causa judicial.

“No tuvimos jueces imparciales, tuvimos jueces sometidos que luego fueron ascendidos”, dijo Pérez.

Mientras a Jiménez le costó el puesto llamarlo Golondrina, el Consejo de la Judicatura con miembros afines a Correa sacó a Paredes de la temporalidad y le adjudicó un puesto con nombramiento definitivo mediante un concurso que tuvo señalamientos de irregularidades.

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Pérez recordó también el ascenso de Antonio Gagliardo, el fiscal que pasó a ser juez de la Corte Constitucional después de que archivó la demanda contra el juez Paredes.

“Correa se estaba llevando el patrimonio familiar con una sentencia corrupta”, indicó el directivo a la Corte IDH.

“El perdón de Correa no sirvió de nada”

Emilio Palacio y César Pérez recordaron ante la Corte IDH que en 2012, luego de la casación, Correa perdonó la condena, pero la sentencia sigue vigente, consta en sus antecedentes penales. Pero más allá de la repercusión en lo personal, esa acción seguida en tribunales provocó autocensura en la prensa ecuatoriana, dijeron.

El perito Juan Pablo Albán dijo que el nuevo Código Penal, vigente desde 2014, no ha dejado de lado la figura de la calumnia, que aún es usada por políticos para acallar a sus críticos. Aunque no lo nombró, se refería al ex asambleísta y ex alcalde Loja, José Bolívar Castillo.

“En Ecuador nada ha cambiado”, dijo en su momento Palacio, al explicar porqué no ha regresado al país, a pesar de la remisión de la condena por parte de Correa.

La representante de la Procuraduría ecuatoriana, Amparo Esparza, dijo a su turno, en la audiencia, que “el Estado ya reconoció su culpa en este caso”, pero Palacio le replicó que la sentencia no ha sido dada de baja. “Sigo siendo culpable”.

Además, le recordó que en su momento Correa arremetió contra la CIDH por emitir medidas cautelares. “Correa dijo que él no estaba obligado a acatar las órdenes de la Comisión y junto a Venezuela pidió cambios al sistema de Derechos Humanos”.

“Correa tenía un problema personal conmigo pero también un problema político. Debía demostrar que supuestamente era necesaria una Ley de Comunicación que había sometido a consulta popular”, recordó Palacio.

Esa Ley, a criterio de Pérez, se usó “después de la sentencia vergonzosa” en reemplazo de los tribunales de justicia.

“La Ley de Comunicación legalizó la persecución a los medios, (Correa) suplantó los tribunales penales por la Superintendencia de Comunicación, ahí nos multaban, ahí buscaban quebrarnos. Desde allí venía el hostigamiento, desde allí nos abrían procesos hasta por caricaturas o nos mandaban diagramados espacios que imponían colocar en las páginas como rectificaciones”, contó Pérez.

Ahora la Corte debe determinar cuán grave fue el perjuicio causado a las víctimas, que hoy esperan una sentencia reparatoria, que marque jurisprudencia, “que en el futuro disuada a cualquier mandatario que quiera volver a atentar contra la libertad de expresión”, dijo Pérez, una sentencia que logre lo que hace diez años no obtuvo: justicia. (I)