La Corte Constitucional (CC) admitió a trámite nueve demandas de inconstitucionalidad en contra de la Ley Orgánica de Integridad Pública, dos demandas en contra de la Ley de Solidaridad Nacional y una en contra de la Ley Orgánica de Inteligencia, que se aprobaron en la Asamblea Nacional y están vigentes en el país.
Las decisiones de las salas de admisión de la Corte Constitucional se adoptaron entre el 7 y el 8 de agosto de 2025.
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Pese a admitir a trámite estos recursos, el organismo de control constitucional negó las medidas cautelares de todas las demandas, que buscaban suspender, provisionalmente, algunos artículos de las tres normativas.
Mientras tanto, dos demandas en contra de la Ley de Integridad Pública fueron inadmitidas. Los recursos fueron presentados por la Federación Nacional de Servidores Universitarios y Politécnicos del Ecuador y por la ciudadana Blanca Mariella Zúñiga Suárez.
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Las acciones de inconstitucionalidad aceptadas por la Corte Constitucional en contra de la Ley de Integridad Pública las presentaron:
- El abogado Adolfo Fernando Espinel
- El movimiento Unidad Popular y su director nacional, Geovanni Atarihuana
- El Frente Popular, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE), la Federación de Estudiantes Secundarios (FESE) y otras organizaciones
- El colectivo sindical Parlamento Laboral Ecuatoriano (PLE)
- El abogado Carlos Andrés Maldonado Rogel y tres juristas más
- La Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores del Ecuador (CSE)
- El abogado Andrés Rodrigo Cadena Romero
- El colectivo Fiscalía Unida y la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía General del Estado
- La Asociación de Agentes Civiles de Tránsito de Ambato
Las acciones contra la Ley de Solidaridad Nacional fueron ingresadas por:
- La Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos (Inredh)
- El Colegio de Abogados de Pichincha
En cambio, contra la Ley de Inteligencia se admitió la acción presentada por siete organizaciones sindicales, como la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Frente Popular, la Unión Nacional de Educadores (UNE) y otras.
En algunos casos, la CC decidió acumular estas demandas a otras ya presentadas, por contener identidad en el objeto y acción.
Asimismo, el organismo dispuso que se notifique a la Asamblea Nacional, a la Presidencia de la República y a la Procuraduría General para que, en el término de quince días, contados desde la notificación del auto, intervengan defendiendo o impugnando la constitucionalidad de las normas impugnadas.
La admisión de estas demandas se suman a las ya aceptadas por la CC. El 4 de agosto, el órgano admitió a trámite cinco acciones públicas de inconstitucionalidad en contra de las leyes de Solidaridad, Inteligencia e Integridad, y dispuso la suspensión provisional de 17 artículos de estas normativas.
Hasta este 8 de agosto, a la Corte Constitucional ingresaron 39 acciones públicas de inconstitucionalidad en contra de las leyes de Solidaridad, Inteligencia, Integridad y la de Fortalecimiento de Áreas Protegidas, que se dividen de la siguiente manera:
- Ley de Solidaridad Nacional: seis demandas, cinco admitidas a trámite y unificadas y una inadmitida
- Ley de Inteligencia: dos demandas admitidas a trámite
- Ley de Integridad Pública: 27 demandas, 12 admitidas a trámite y unificadas y 2 inadmitidas
- Ley de Áreas Protegidas: cuatro demandas pendientes de revisión
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