El llamado a juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, por resolución tomada este 9 de mayo, constituyó una medición de fuerzas entre el correísmo y sus aliados que buscan 92 votos para asegurar su censura y destitución. Les faltaron cuatro para consumar su propósito.

En el otro lado, el Gobierno se quedó con 49 votos provenientes de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), algunos aliados de Pachakutik, de la Izquierda Democrática y un grupo de independientes.

La Asamblea Nacional, con 88 votos, resolvió enjuiciar políticamente al presidente Lasso por la infracción constitucional de peculado prevista en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución y admitida por el dictamen 1-23-DJ/23 de la Corte Constitucional.

Los 88 votos desconocieron el informe motivado que notificó la Comisión de Fiscalización el pasado 6 de mayo al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, que recomendaba no enjuiciar al primer mandatario porque no se comprobó el supuesto peculado. Según Saquicela, no tuvo efecto jurídico ese informe porque no obtuvo al menos cinco votos de los nueve que integran la mesa de fiscalización.

Por eso convocó de manera inmediata al pleno para que se aplique el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y se resuelva si llaman o no a juicio político al primer mandatario.

Presidente Guillermo Lasso irá a juicio político por decisión de 88 legisladores

La resolución que motivó el llamado a juicio la presentó la legisladora Viviana Veloz (UNES), quien además es proponente del juicio. Ella presentó un documento de catorce páginas que en la parte resolutiva afirma que “se evidencia el desvío o distracción de los fondos que generaban anualmente estos pools de empresas con los que Flopec EP tenía relación contractual en el transporte de crudo. Precisamente, por ello, la Asamblea Nacional acusa al presidente de la República, pues junto a Hernán Luque Lecaro definieron la continuación de los contratos de transporte de petróleo en favor de terceros, conscientes de que los mismos representaban una pérdida para el Estado. Consecuentemente, el presidente de la República, conocía y sabía de la estructura de corrupción en Flopec EP. Jamás cumplió su deber constitucional previsto en el artículo 233 de la Carta Fundamental y, al contrario de remover y denunciar penalmente a los funcionarios responsables de estos ilícitos, permitió que el señor Valm. Jhony Estupiñán sea cesado ilegalmente del cargo de gerente, a pesar de que fue él quien le remitió un informe y una carta denunciando dichas irregularidades”.

Medición de fuerzas

El bloque correísta Unión por la Esperanza (UNES) fue el único que votó de manera orgánica, pues su aliado el Partido Social Cristiano (PSC) perdió este 9 de mayo la curul de la representante del Guayas, Geraldine Weber, y se quedó con doce votos.

En tanto que el bloque Pachakutik se partió en dos en el momento de votar por la moción correísta, y en la Izquierda Democrática sucedió lo mismo: unos se ausentaron y otros se abstuvieron.

El legislador correísta Fernando Cedeño admitió que esta votación de la moción para llamar a juicio al primer mandatario es un termómetro, pues se observa que hubo 21 asambleístas que estuvieron ausentes pese a que inicialmente se anotaron y sorpresivamente no acudieron a votar.

En esos 21 asambleístas existe un importante grupo de legisladores de Pachakutik donde podrían estar los votos que le faltan no solo a UNES, sino al país, “porque el principal peligro que tiene el país es la permanencia en el gobierno de Guillermo Lasso Mendoza”.

Esto es política, afirmó Cedeño, quien invitó a mirar lo que suceda en los próximos días, porque son cuatro votos que se necesitan y es una cantidad mínima, aunque dijo que el Gobierno ha jugado siempre a empañar el proceso y evitar a toda costa que se llegue al día de hoy.

El coordinador de la bancada oficialista, Juan Fernando Flores, preguntó a los correístas dónde están los 92 votos que había prometido Virgilio Saquicela, para la sesión de este 9 de mayo, para aprobar la resolución y en función de eso garantizar la censura y destitución del presidente de la República.

Dijo que el correísmo hizo un mal negocio con Virgilio Saquicela, a quien en la mañana le entregaron la silla de la presidencia del Parlamento para los próximos dos años. “Cuidado una nueva reconfiguración de fuerzas al ver que quien ofreció los 92 votos les quedó mal a las bancadas”, anotó.

Flores comentó que el correísmo celebró la aprobación de una resolución pírrica, cuando la verdadera intención fue hacer una medición sobre el juicio político. “Lo dijimos hace semanas y hoy lo repetimos al pueblo ecuatoriano: el juicio político está caído y no tienen el respaldo de los asambleístas para lograr la censura y destitución, y ahora veremos una reconfiguración de fuerzas y veremos a quienes se sentían seguros en la silla cómo los cambian”.

El representante del Gobierno en el Legislativo habló de que hubo algunas llamadas a asambleístas para ofrecer 92 votos y adelantar el juicio político. A cambio me dan la silla en la Asamblea Nacional, pero por lo visto “algunos se quedan sin silla y otros sin juicio político, y este será el primer paso de lo que sucederá el domingo cuando consolidaremos una nueva Asamblea Nacional”.

Anunció que el sector del Gobierno tendrá una reunión con la comisión política de cara a la votación que acaba de representar y en función de eso se harán los anuncios. (I)