A ocho días de que concluya el periodo de campaña electoral para los comicios del 5 de febrero, la Corporación Participación Ciudadana (PC) hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral (CNE) a observar el uso de recursos públicos de los ‘funcionarios-candidatos’ que buscan la reelección.

Antes de entrar en la etapa de silencio electoral, este 2 de febrero concluirá la campaña de promoción de los 61.850 candidatos que aspiran a las dignidades de elección popular de alcaldes, prefectos, concejales, vocales de juntas parroquiales; de los 45 candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y del referéndum, que se votará en los comicios del 5 de febrero.

En ese contexto, la organización no gubernamental Corporación Participación Ciudadana observó que hay funcionarios-candidatos de dignidades seccionales que aspiran a la reelección y que estarían entregando regalos, vituallas, cervezas, entre otros elementos, para cooptar el voto del electorado.

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Ruth Hidalgo, directora de PC, exhortó al Consejo Nacional Electoral a que ejecute controles a estas actividades para que luego del proceso eleccionario los candidatos y las organizaciones políticas que los auspician expongan de dónde provienen los recursos para financiar estas entregas.

El control también lo pidió para los 45 candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, quienes están realizando recorridos por las provincias y usarían estructuras de grupos políticos para posicionar sus postulaciones.

Que el Consejo Nacional Electoral “controle el uso y origen de los fondos que están utilizándose en esta campaña electoral, porque podría ser que estén utilizando fondos públicos para ellos”, manifestó Hidalgo en una declaración de prensa que realizó este 25 de enero, durante un acto de presentación de los resultados preliminares del monitoreo de la propaganda electoral.

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Para este proceso, más de 100 candidatos a las alcaldías y prefecturas aspiran a ser reelectos y, de acuerdo con el Código de la Democracia, debieron solicitar licencia sin remuneración para efectuar actividades proselitistas.

Para regular su participación, el Código de la Democracia en su artículo 204 prohíbe a los sujetos políticos que aspiren o participen en una elección popular a entregar donaciones, dádivas, regalos a los ciudadanos.

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A su vez, el artículo 219 del Código prohíbe a los servidores, organismos e instituciones públicas la utilización de los recursos y bienes públicos para promocionar sus nombres o sus organizaciones políticas en las instituciones, obras o proyectos a su cargo.

Se prohíbe que en las instituciones del Estado se soliciten aportaciones obligatorias a favor de organizaciones políticas o candidatura alguna.

Por ello, Hidalgo pidió a la autoridad electoral exigir a los sujetos políticos (candidatos y agrupaciones políticas) “rendir cuentas” y transparentar de “dónde sacan los fondos” para promocionarse con dádivas o regalos.

El mismo llamado lo pidió para los candidatos al CPCCS que están “haciendo campaña con el uso de estructuras de organizaciones políticas”.

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Durante estos 31 días de campaña, Participación Ciudadana efectuó un monitoreo de la publicidad electoral, cuyos resultados no mostraron mayores novedades.

El colectivo observó que el CNE publicó en medios de comunicación 2.551 spots publicitarios de los 45 candidatos al Consejo de Participación Ciudadana; y, que en el caso de las franjas publicitarias para las candidaturas a las municipalidades se transmitieron alrededor de 300 spots.

En el caso de la publicidad gubernamental, PC constató pauta de instituciones como la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), del BanEcuador que sumarían casi 800 spots.

Ruth Hidalgo aclaró que a diferencia de procesos anteriores, en esta ocasión fue “significativamente” menor la publicidad oficial.

También resaltó que los partidos, movimientos y las alianzas políticas cumplieron con la inscripción del 30 % de mujeres encabezando las listas, aunque reconoció que esto se debía a la exigencia del Código de la Democracia, pues de lo contrario, se rechazaba la inscripción de los aspirantes.

Lamentó que en algunos casos aún se “cosifica” a las mujeres candidatizadas, pues no tienen una formación política ni provienen de una estructura formal de estas agrupaciones, sino que son figuras públicas de medios de comunicación. (I)