Contratos de Progen y ATM se suscribieron pese a incumplimientos técnicos y de calidad, dice contralor en la Comisión de Transparencia

El contralor general del Estado, Mauricio Torres Maldonado, ratificó que la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) suscribió contratos con las empresas Austral Technical Management (ATM) y Progen, en plena crisis energética, en 2024, a pesar de que estas compañías no cumplían con los parámetros técnicos ni de calidad establecidos en la ley.

La máxima autoridad de la Contraloría General del Estado compareció en la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional este martes, 5 de agosto, como parte del proceso de fiscalización a estos contratos.

Torres Maldonado expuso los principales hallazgos de los informes derivados de dos exámenes especiales realizados en diciembre del año pasado.

Por ejemplo, sobre el informe del contrato de ATM para la adquisición y mantenimiento de generadores termoeléctricos terrestres de 90 MW a 150 MW, destinados a levantar la planta Esmeraldas III, de 91 MW, en la unidad de negocios Electroguayas, el contralor general reveló que los generadores tenían un rango de potencia menor al requerido y que el contrato a la empresa ATM se adjudicó pese a que no cumplió con los requisitos técnicos, económicos, pruebas de fábrica ni certificaciones de calidad.

Mientras que en los contratos para construir las centrales El Salitral, de 100 MW, y Quevedo, de 50 MW, se detectó que Celec realizó una invitación directa a un proveedor que no acreditó las capacidades técnicas para ejecutar los proyectos de generación eléctrica. Además, la resolución de inicio de los procedimientos no tuvo estudios de mercado ni certificación presupuestaria.

Otros hallazgos

En su intervención en la mesa legislativa, presidida por la oficialista Diana Jácome (ADN), Mauricio Torres puntualizó que los exámenes especiales detectaron lo siguiente en el contrato de ATM:

• La empresa entregó equipos con siete años de antigüedad.
• Se realizó la adjudicación a un oferente no idóneo.
• No se presentaron certificados de garantía del fabricante.
• La inspección efectuada por la empresa certificadora no incluyó el plan de inspección, por lo que los responsables del proceso no detectaron el uso de generadores con baja potencia, fabricados en 2016.
• Hubo problemas en los cronogramas contractuales con inconsistencias en los plazos y el inicio del proyecto.
• Hay responsabilidades penales, responsabilidades administrativas por $ 123.280 y responsabilidades civiles por $ 53 millones.
• Constan 19 personas en el informe de responsabilidad penal que se remitió a la Fiscalía General del Estado.

Y en los contratos de Progen:

• Deficiencias en la fase preparatoria que afectaron la trazabilidad e idoneidad de los proveedores sin justificación técnica.
• Solicitudes de manifestación de interés sin respaldo y sin cumplir las condiciones técnicas necesarias.
• La resolución de inicio de los procedimientos no tuvo estudios de mercado ni certificación presupuestaria.
• La forma de pago permitió que el contratista renuncie al anticipo sin exigir la garantía de su buen uso.
• En El Salitral se detectaron deficiencias al no contemplar procedimientos para la presentación de la carta del fabricante antes de realizar pagos.
• Se omitieron criterios para acreditar la experiencia de los oferentes y se usó una metodología de puntaje que impidió evaluar su capacidad técnica y legal.
• Se incluyó una cláusula de multas limitadas.
• En el acta de calificación, la comisión técnica concluyó que Progen cumplía con la experiencia requerida, aunque no se verificó la experiencia obtenida en los últimos diez años.
• Se presentó una copia de la garantía técnica con una firma que no correspondía al representante legal y una carta del fabricante que señaló que el oferente solo fabricaba generadores y no motores.
• Fueron comisionados al exterior ocho servidores de Celec para inspeccionar 29 grupos electrógenos, pero no presentaron un informe técnico de esta inspección y sus informes individuales carecieron de evidencia de la agenda ejecutada. Además, no se justificó la inclusión de un especialista financiero, por lo que el pago de $ 27.822 de viáticos y pasajes se hizo sin evidencia documental de respaldo.
• El informe con indicios de responsabilidad penal establece responsabilidades penales, administrativas por $ 130.750 y civiles por $ 69 millones.
• Constan 24 personas en el informe de responsabilidad penal que se remitió a la Fiscalía General del Estado.

Asimismo, el contralor informó que actualmente se encuentra en ejecución un examen de control de los procesos de contratación de emergencia para la repotenciación de toda la infraestructura de la central hidroeléctrica de Catamayo de la Empresa Eléctrica Regional del Sur.

En la comparecencia, asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana, como Lenin Barreto, Blasco Luna y Josefina Romero, preguntaron a Torres sobre la responsabilidad que podrían tener Inés Manzano, actual ministra de Energía y Minas, Roberto Luque o Antonio Goncalves, exministros de esta cartera de Estado, a lo que el contralor respondió:

“La delegación no exime de responsabilidad. Cuando el ministro dispone a través de una emergencia, es el gerente general de Celec el que debe hacer los contratos de adquisición de los motores, pero no lo hace y delega a los gerentes de las unidades de negocios y, por lo tanto, la responsabilidad recae en el gerente general y en los gerentes de las unidades de negocios. En el ámbito penal, las investigaciones podrán determinar quiénes adicionalmente pueden tener responsabilidades”.

Tras las respuestas del contralor Mauricio Torres, la presidenta de la Comisión de Transparencia clausuró la sesión. El proceso de fiscalización continuará en la mesa parlamentaria en próximas sesiones. (I)