Surge una nueva observación a los procesos de elección de autoridades que realizó el extinto Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Transitorio, pero esta vez desde la Contraloría General del Estado.

De entre los más de trece concursos públicos de designación de autoridades del Estado que realizó el CPCCS Transitorio, se cuestiona su decisión de ‘blindarlas’ y no elegir a un nuevo contralor tras la renuncia de Carlos Pólit en el 2017, y ratificar a Pablo Celi en su remplazo como contralor subrogante.

Ello ha generado una crisis en la Contraloría, al ser Celi procesado por presunta delincuencia organizada y luego designar a dos subcontralores para que lo sucedieran: Valentina Zárate, que renunció, y Carlos Riofrío, quien se encuentra actualmente en funciones.

Consejo de Participación Ciudadana convoca a integrar la veeduría ciudadana para elegir al nuevo contralor del Estado

Ahora, la misma Contraloría realizará un análisis preliminar en el Consejo de Participación Ciudadana, cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de los requisitos de quienes fueron los miembros de la Comisión Calificadora que seleccionó a los actuales nueve jueces de la Corte Constitucional (CC).

Publicidad

Extraoficialmente, fuentes del organismo de control dijeron que se solicitó al CPCCS información sobre la base normativa que se hizo para el nombramiento de los integrantes de la Comisión Calificadora conformada en octubre del 2018 por el Transitorio.

Además, que se informe sobre cuáles eran los requisitos que debían cumplir los comisionados, y los informes de revisión de esos requisitos e inhabilidades con los que se contó para verificar la información entregada.

La disposición la habría dado el contralor subrogante, Carlos Riofrío, días atrás, y de la información que se obtenga del CPCCS se analizará si es necesario realizar una acción de control.

En octubre del 2018, cuando se inició el proceso de selección de los jueces constitucionales, hubo alertas de que cuatro de los seis miembros de dicha Comisión no habían presentado su declaración juramentada para posesionarse en el cargo.

La designación de esta Comisión se hace de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución, en el que la Presidencia de la República, la Función Legislativa y la Función de Transparencia y Control Social deben proponer a dos personas de fuera de su seno para que elijan a los jueces constitucionales.

Así, el 24 de octubre de 2018 se posesionó en el cargo a profesionales como Rafael Oyarte, Amanda Páez, Ramiro García, Alberto Wray, Ernesto Albán y Vanesa Aguirre.

Publicidad

Un informe de la veeduría ciudadana que realizó la Fundación Ciudadanía y Desarrollo observó que, de los seis miembros, cuatro no presentaron la declaración juramentada, requisito legal para ocupar una función pública.

“De los seis comisionados designados por el Consejo Transitorio, tan solo Rafael Oyarte y Amanda Páez presentaron la declaración juramentada de bienes para ejercer su cargo; los cuatro restantes no lo hicieron”, señaló el informe.

El constitucionalista Ismael Quintana alertó también de esta situación. “En ese entonces, se señaló que los comisionados ejercen una función pública, porque la Constitución les entrega la potestad de nominar; y como dispone el artículo 231 de la norma, todo funcionario debe presentar ante la Contraloría, al inicio y al final de su función, una declaración juramentada de bienes y patrimonio. Planteé que eso podría generar un vicio de nulidad de origen de la designación de la actual Corte”, recordó Quintana.

Esta acción previa de la Contraloría se da a puertas de que se inicie el concurso de méritos, oposición e impugnación ciudadana para la renovación de tres de los nueve jueces del máximo organismo de control constitucional.

Elección de tres nuevos jueces de la Corte Constitucional arrancará el 20 de agosto

El pasado 5 de agosto, el presidente de la CC, Hernán Salgado, solicitó a la Presidencia de la República, a la Asamblea Nacional y a la Función de Transparencia que le remitan en el término de diez días los nombres de dos personas (cada Función) para la conformación de la Comisión Calificadora que elegirá a los tres magistrados.

El plazo para presentar sus postulantes vencería el próximo 19 de agosto; para que en los próximos cinco días, es decir, el 26 de agosto, se posesionen ante la Función de Transparencia e inicien sus funciones de “inmediato”, según el artículo 179 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales.

Quintana espera que en la conformación de esta nueva instancia se cumpla con la verificación de requisitos.

“Con la experiencia pasada en el Transitorio y la anterior Comisión, la función de Transparencia, que es ante la cual deben posesionarse estos funcionarios, les exijan la declaración juramentada”, opinó.

André Benavides, constitucionalista, también aspiró a que se propongan personas que cumplan con los requisitos que establece la Constitución y la ley, y que “conozcan derecho constitucional y no respondan a los designios del poder de turno”.

En ese sentido, recordó cómo en el 2012 fue parte de la primera Comisión Pamela Martínez, exfuncionaria del gobierno de Rafael Correa. Ella fue elegida jueza de la misma Corte; y tras investigaciones de la Fiscalía se la procesó en el caso Sobornos 2012-2016, por el cual fue sentenciada como coautora del delito de cohecho pasivo agravado.

“Esperemos que sean ecuatorianos probos los que vayan a conformar la Comisión, que finalmente va a dar trámite al procedimiento de selección de tres jueces”, dijo Benavides.

Recordó que las mismas tres instituciones deberán remitir los nombres de nueve candidatos (cada una) para que concursen por las tres magistraturas de la Corte, por lo que deberían ser “candidatos idóneos, para que se pueda seguir el trámite de las causas pendientes”. (I)