La Defensoría del Pueblo es otra institución que enfrenta una crisis interna, generada por la disputa de dos mujeres que reclaman ser las defensoras subrogantes, ante la ausencia temporal del titular, Freddy Carrión, que está preso investigado por el delito de abuso sexual.

Esto empezó el 17 de mayo pasado, cuando Carrión fue detenido después de participar en una reunión en la casa del exministro de Salud Mauro Falconí, cuya pareja lo denunció por abuso sexual.

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Entonces, lo subrogó Zaida Rovira, quien fue nominada por él en julio del 2020 como vicedefensora.

Carrión se acogió a 30 días de vacaciones mientras estaba en la cárcel 4 de Quito y el 17 de junio emitió una resolución con la que cesó a Rovira y nombró a Tania Castillo como subrogante. Aunque en los últimos días se difundió una carta que sería escrita a mano por él, en la que niega haber firmado electrónicamente.

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En esta polémica, los consejeros David Rosero, Javier Dávalos, Sofía Almeida e Ibeth Estupiñán, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), decidieron intervenir y aprobaron una resolución el 23 de julio, en la que instan a la justicia a garantizar la presunción de inocencia de Carrión y en los considerandos apuntan que Rovira fue cesada de su cargo y remplazada por Castillo, que ejerce como defensora en el Carchi.

Piden que la Fiscalía agilice la investigación en contra de Rovira por el delito de usurpación de funciones, al no haber acatado la disposición de su cesación.

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Carrión lleva preso 76 días y el 17 de agosto se cumplirían tres meses en los que se configuraría una ausencia definitiva si no vuelve al despacho.

La Ley de la Defensoría del Pueblo en su artículo 15 establece que, en caso de ausencia definitiva del titular, el CPCCS encargará “a una persona quien ejercerá las funciones por el periodo que dure el proceso establecido para la selección y designación” de una nueva autoridad.

Solo si Carrión renuncia y la Asamblea Nacional lo acepta, asumirá el cargo la vicedefensora por el tiempo que dure el concurso público para elegir al titular.

“En caso de ausencia temporal del defensor, lo reemplazará quien ejerza la Vicedefensoría. Se considerará ausencia temporal la enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor que le impida ejercer su función durante un periodo máximo de tres meses, o la licencia concedida por la Asamblea Nacional. Luego de vencido el plazo de tres meses, la ausencia se considerará definitiva”, dice la ley.

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Con base en ello, Rovira aseguró que lo subrogó, y si Carrión no regresa a los tres meses y se configura su ausencia definitiva, ella se irá para que el Consejo resuelva la situación.

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“Estoy esperando que pasen rápido los días y las horas, porque esto ha resultado desgastante. Si tengo que irme, lo haré con la convicción de haber servido”, expresó.

La Defensoría tiene como misión ser la “Institución Nacional de Derechos Humanos que garantiza la dignidad del ser humano, promueve y protege los derechos humanos y de la naturaleza y previene sus vulneraciones”.

En su rendición de cuentas del 2020, se detalla que atendió a 836 personas con discapacidad, 16.031 casos en materia de género, 514 vulneraciones de personas en movilidad humana, 1.001 casos para la protección de niños, a 1.360 personas adultas mayores y, entre otras acciones, 3.269 vulneraciones a pueblos y nacionalidades indígenas.

Pero, por encima de sus tareas, Rovira cree que el interés por este organismo “es personal y político” para beneficiar a Carrión.

Detalló que pese a ser vicedefensora, él la mantuvo un año sin funciones. Y cuando asumió la subrogación, su primera decisión fue separar la Defensoría del caso de Carrión. “No iba a permitir que se manchara la institución poniéndola al servicio y defensa del titular. Haber tomado esta decisión causó esta violencia política”.

Narró que le ordenaron hacer una una “vigilancia del debido proceso” del caso de Carrión que se negó a cumplir. Dicha orden había venido del “hermano del defensor”, cuyo nombre prefirió no mencionar, pero recalcó que “hay una intervención familiar terrible”.

Del otro lado está Tania Castillo, quien dijo que Carrión tiene aún 30 días más para solicitarlos como vacaciones y mantenerse como titular; y a la vez, reclama ser la defensora subrogante amparándose en la resolución del CPCCS.

“El Consejo de Participación Ciudadana dice que la resolución del 18 de junio es legal, por lo tanto, quien es la defensora subrogante soy yo. No sé qué quiere Rovira”, cuestionó en una entrevista con radio Sucesos.

A su criterio, la resolución emitida por el defensor desde la cárcel y que la nombra subrogante fue válida, ya que “el artículo 15 de la Ley de Comercio Electrónico permite el uso de la firma electrónica a una tercera persona, en este caso el abogado particular de Carrión, y ese documento no fue elaborado desde la cárcel. La resolución es válida y (la firma electrónica) no fue utilizada desde la cárcel 4. Eso lo puedo asegurar”, anotó Castillo.

El constitucionalista André Benavides cree que si bien Carrión sigue siendo el titular, estaba suspendido en sus funciones administrativas y no podía hacer nombramientos. “Esa decisión sería nula, porque dentro de un centro de privación de libertad no se pueden usar dispositivos electrónicos”.

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Para Benavides, hay “intereses políticos” y al CPCCS “le interesa más que esté Castillo que Rovira” en el puesto.

Luis Ávila Lizán, constitucionalista, también se inclina porque esta disputa es política.

“Hay grupos que están intentando tomarse la Defensoría por una razón: el informe de los sucesos de las protestas de octubre del 2019. Quieren bloquear lo que Carrión iba a hacer, que era presentar una denuncia por delitos de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional”.

Agregó que el CPCCS, que está “gobernado por los socialcristianos (PSC)”, intervino porque quiere bloquear la consulta popular que ofreció convocar el presidente Guillermo Lasso para eliminarlos.

“Ellos están protegiendo sus espacios de poder, quieren ejercer autoridad y mejorar su capacidad de negociación. Como están organizando el concurso para elegir al titular de la Contraloría del Estado, le están diciendo a Lasso que ‘lo que quiera hacer, negocie con nosotros’. Ellos quieren de alguna manera entrar en el juego político defendiendo sus espacios”, agregó.

Mientras se aproxima el 17 de agosto, Rovira y Castillo batallan por sus designaciones.

Rovira pidió a la Asamblea Nacional, apelando a sus facultades de fiscalización, que convoque a los cuatro consejeros del CPCCS a su seno, porque se están “arrogando funciones”.

Castillo presentó una denuncia penal contra su opositora por usurpación de funciones y pidió a la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, que disponga personal de la Policía Nacional para ingresar a las oficinas de la Defensoría y tomar posesión del cargo. (I)