Consejo de Participación Ciudadana no tuvo vía libre para elegir un contralor encargado, pero tampoco avanza en designación del titular

El concurso público para designar al titular de la Contraloría General del Estado está estancado en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) , mientras la Corte Constitucional (CC) no admitió a trámite un pedido de interpretación de la Constitución para designar un contralor encargado. Después de que Sofía Almeida, presidenta del CPCCS, pidió licencia por maternidad el 26 de julio, el presidente encargado David Rosero no ha logrado instalar ningún pleno y menos aún, incluir en el orden del día el conocimiento y aprobación del instructivo al reglamento para realizar el concurso de méritos, oposición e impugnación ciudadana para elegir a un nuevo contralor. Esto, por la falta de votos que enfrenta la mayoría, que se configuraba con cuatro, de los siete vocales.La no aprobación de dicho instructivo al reglamento impide que se pueda convocar a la integración de la veeduría ciudadana y a su vez llamar a la conformación de la comisión ciudadana de selección , que llevará a cabo dicho procedimiento.Esta situación se da a la par de que el jueves último, un Tribunal de Admisión de la Corte Constitucional inadmitió un pedido de interpretación del artículo 208 de la Constitución, respecto de la atribución del CPCCS para designar autoridades de control del Estado.El Consejo de Participación Ciudadana, a través de la Función de Transparencia y Control Social, elevó este pedido a los jueces constitucionales a inicios de julio, para que le contesten si es posible designar un contralor encargado, en tanto se designa a un titular, luego de que Pablo Celi renunció a su cargo , al estar preso en la Cárcel 4 de Quito, investigado por el delito de delincuencia organizada.Para el organismo, el puesto de contralor está “vacante” y la Contraloría en “acefalía” y en ese sentido preguntó: “¿En caso de ausencia definitiva del contralor del Estado y contralor subrogante, podría el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ejercer su atribución prevista en el artículo 208, numeral 11 de la Constitución, designando un encargado de la titularidad para terminar el periodo que aún se encuentra en vigencia, mientras se culmina el trámite para designar al contralor para el periodo quinquenal correspondiente?”.El Tribunal, conformado por los jueces Enrique Herrería, Alí Lozada y Karla Andrade no lo admitieron a trámite porque se planteaba “la creación de una norma de rango constitucional que establezca una solución a la laguna normativa en torno a la suplencia” del titular de la Contraloría.Esto no está previsto en la Constitución “ni explícita ni implícitamente”, por lo que la Corte “no tiene competencia para ello; y, si accediera a la petición formulada, rebasaría su función de máximo intérprete de la Constitución y asumiría ilegítimamente la de legislador constituyente”, se concluye en el auto jurisdiccional. Desde la presidencia del CPCCS no hubo un pronunciamiento sobre el tema. Pero, los tres consejeros de minoría se pronunciaron en sus cuentas de Twitter. Francisco Bravo escribió: “Brilla la razón. La Corte Constitucional no admitió a trámite la solicitud de interpretación que se hizo con el aval de cuatro consejeros, para designar contralor encargado”.El consejero Hernán Ulloa recordó que “advirtió una y otra vez en el pleno del Consejo que la interpretación no era la vía para llenar el vacío legal que afecta la Contraloría”.Y, María Fernanda Rivadeneira indicó que dicho recurso no “es la vía que faculta al CPCCS” a designar una autoridad encargada.A esta crisis, se suma que Carlos Riofrío, actual contralor subrogante , está siendo cuestionado por los legisladores en la Asamblea Nacional por asumir dichas funciones por designación de Celi, y emitir un acuerdo en el que él mismo se ratifica como contralor subrogante.No obstante, se mantendría en el cargo mientras no exista un pronunciamiento de una autoridad competente o que el CPCCS avance en el concurso para elegir al nuevo titular, cree el constitucionalista Ismael Quintana. “La Asamblea Nacional no tiene competencia para pronunciarse sobre el tema. Tendría que ser la Función Judicial, un Tribunal Administrativo el que se pronuncie sobre si el nombramiento de Riofrío es nulo o no”, señaló Quintana.Aclaró que la CC no “ha zanjado la discusión de si se puede o no nombrar un encargo. El Consejo está en total libertad de obrar como le venga en gana y no descartaría que mañana pongan en el reglamento un artículo que diga que pueden designar un encargado”, pero el jurista advirtió que el CPCCS al no avanzar en el concurso está poniendo en “riesgo todas las acciones de control que lleva a cabo la Contraloría, en una persona que no ha podido justificar su nombramiento”. (I)

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