Consejo de Participación Ciudadana apura contrataciones, pero los concursos de elección de autoridades no progresan

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no ha conformado ninguna de las seis comisiones ciudadanas para designar a las autoridades de control del Estado, pero tiene asignados contratos para servicios logísticos, en los que en uno hasta entregó el 70 % del anticipo.El organismo lleva adelante la organización de los concursos públicos para designar a los titulares de la Defensoría Pública, de la Contraloría General del Estado, la renovación de dos vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), de los miembros del Consejo Pluricultural e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa), de los miembros del Comité de Desarrollo Fronterizo, y de los delegados de la sociedad civil de los Consejos Nacionales de Igualdad (CNI). En ninguno de los casos se ha concretado la conformación de las comisiones ciudadanas que serán las encargadas de elegir a las mencionadas autoridades.Sin embargo, se han agilizado las contrataciones para servicios logísticos , que comprenden el arriendo de inmuebles para que trabajen los comisionados ciudadanos, para que los catedráticos elaboren las preguntas para los exámenes que rendirán los postulantes a las diferentes dignidades, y espacios para que estos rindan dichos exámenes.El administrador de los contratos para los procesos d e Defensoría Pública y Contraloría es Manuel Balda (hermano del activista político Fernando Balda), subcoordinador de Gestión Administrativa del Consejo y también delegado de la Función de Transparencia a ser comisionado ciudadano para designar al defensor público.La primera adjudicación realizada el 9 de diciembre de 2021 fue por $ 63.160 más el IVA a un ciudadano de Guayaquil, de nombre Ricardo Eduardo Silvera Chóez, que en el Sistema de Rentas Internas (SRI) tiene registrada como actividad la “creación e inserción de anuncios de radio”.El proveedor, según el SRI, registra 0 de pago de impuestos en el 2020 y del 2021 no ha presentado aún su declaración.En la Superintendencia de Compañías , Silvera Chóez consta como gerenta de una empresa denominada Predetto S. A., que estaría en disolución. En su perfil en la red LinkedIn, Silvera reseña la administración del programa Diálogo deportivo de radio Caravana de Guayaquil.A él, el CPCCS le desembolsó el 70 % del anticipo de la contratación (alrededor de $ 44.000) pese a que la comisión no está conformada, pues aún falta por escoger mediante sorteo público a los 30 mejor puntuados, de los que se escogerá a los cinco comisionados en representación de la ciudadanía.El coordinador administrativo del Consejo, Jack Ochoa, confirmó al pleno, el pasado 14 de enero, que se le entregó el anticipo porque tenían temor de que, al no ser utilizados los recursos asignados por el Ministerio de Finanzas, les fueran retirados. Y que la entrega del anticipo no es el pago, sino que está asegurado por una póliza.Añadió Ochoa que esa empresa había cumplido los requisitos, incluso uno sobre acreditar “la experiencia específica en organización de veedurías y observatorios electorales a nivel internacional en el sector público y privado en los últimos cinco años”. La contratación del servicio logístico tuvo un primer proceso en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) que fue declarado desierto.Ochoa afirmó que ello pasó porque se detectaron inconsistencias en los términos de referencia y los pliegos.Esta contratación fue observada en la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional a la que fueron convocados los siete consejeros el miércoles último, para explicar cómo avanzan las designaciones.El asambleísta Juan Fernando Flores (CREO) llamó la atención a la presidenta Sofía Almeida de que se estaba contratando a una empresa de Guayaquil por $ 63.000 para el concurso de Defensoría Pública, cuando había otras que ofrecían menores costos.Almeida le respondió que un primer proceso se “cayó” porque no cumplía los requisitos legales. Que desde julio del 2021 pidieron a la Secretaría de Gestión Inmobiliaria (Inmobiliar) que les asignen espacios, pero no tuvieron respuesta.Además, que ella conoce del tema, pues fue auditora de la Contraloría y que es más, ya tenía un equipo de auditoría analizando los contratos. Que convocaron a 10.000 empresas para que presenten sus propuestas económicas, y quedó la oferta “más baja”, que en este caso fue la de Silvera por $ 63.000.Otro contrato asignado el 17 de diciembre fue también para el servicio logístico para la designación del titular de la Contraloría General del Estado por $ 63.120 más IVA. La proveedora es Estefanía Páez (excoordinadora de Comunicación del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio), que deberá entregar oficinas para el funcionamiento de la comisión ciudadana, espacios reservados para los catedráticos y otro para que los candidatos a esa dignidad rindan el examen.En el caso de esta contratista, el CPCCS no le ha asignado ningún valor por anticipo.Una de las exigencias planteadas en los dos contratos por parte de los equipos técnicos del CPCCS es que se busquen inmuebles en el centro, norte y los valles de Quito, pero de preferencia en los valles por cuestiones de privacidad. Los proveedores deberán prestar sus servicios por 150 días, es decir, alrededor de cinco meses en los que funcionarán las comisiones ciudadanas.Otros contratos adjudicados fueron por $ 238.000 a Merpubli (Mercantil Publicitaria), para realizar las publicaciones en medios de comunicación de las convocatorias de las diferentes etapas de los concursos públicos, que disponen los reglamentos.A Serpin, por $ 63.000, para la producción y difusión de publicaciones legales y reglamentarias para la primera renovación parcial de los vocales del Consejo Nacional Electoral.El CPCCS demanda del Gobierno nacional la asignación de recursos para proceder con la organización de estos procesos, y de lo que se conoce, el Ministerio de Finanzas aprobó en agosto del 2021 un incremento de $ 393.895 para el concurso público de elección del contralor.También, en el gobierno de Lenín Moreno se había asignado un presupuesto de $ 694.000 para que se avance en ellos. (I)

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