En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) la investigación que se abrió a la titular de la Fiscalía General de la Nación, Diana Salazar, por presuntamente «plagiar» textos de su tesis universitaria, se extendió a un artículo científico publicado en una revista jurídica.

El grupo Acción Jurídica Popular, que acusa a Diana Salazar de haber «plagiado su tesis en un 40 %», según sus datos, señaló también ante el CPCCS que habría un presunto plagio en un artículo indexado escrito por la autoridad y titulado “El fenómeno de la corrupción y su repercusión en el Estado moderno del 2021″, que en sus análisis tendría un «25 % de plagio de la tesis» de un ciudadano.

El presidente del Consejo, Alembert Vera, afirmó en declaraciones públicas que tras «presentarse denuncias por presunto plagio», estas fueron admitidas en la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y se incorporaron acciones y diligencias para convocar a las personas que conozcan de este suceso.

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Según Vera, se había solicitado una entrevista con la fiscal Salazar y con una persona de nombre «Diego Rodríguez Villamarín, que es el supuesto ciudadano que le han plagiado su trabajo».

«La fiscal no compareció y envió una carta suscrita por el fiscal subrogante (Wilson Toainga), que es violatoria, porque es una entrevista respecto de una acción personalísima, como es su tesis de grado. (…) Hemos recibido un oficio intimidatorio diciendo que no asistirá porque el Consejo no tiene cobertura legal. Lo peor es que lo firma el fiscal subrogante, esto es gravísimo porque simplemente desconocen cuál es su obligación como funcionarios de comparecer ante la ciudadanía», dijo el 27 de junio de 2023.

La agrupación Acción Jurídica Popular está integrada por Angélica Porras, un juez suplente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) Richard González, y por Priscila Schettini, esposa del exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, procesado por delito sexual.

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Schettini acusa a Salazar de publicar este artículo en el que «la mayoría del plagio está tomada de esta tesis que es del año 2020, escrito por el señor Diego Rodríguez Villamarín, y lo sorprendente es que la directora de la tesis es la hermana de la fiscal general, la señora Jazmín Salazar Méndez», denunció en una entrevista con radio Pichincha.

Agregó que «Diego Rodríguez también trabaja en la Fiscalía e ingresó en noviembre del 2019, cuando recién ingresa la fiscal, y lo ponen como auxiliar de servicios y tres meses después sigue de auxiliar, y en marzo de 2021 es un SP 5, como asistente de investigación. En marzo de 2021... en julio del 2021 Diana Salazar escribe este artículo y lo grave es que no solo le copió a este estudiante de la Universidad Politécnica, le copió a su propio empleado», reseñó.

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Los cuestionamientos a este artículo indexado suceden a la par de que el Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador (UCE) dio a conocer los resultados de su análisis a la tesis que presentó Diana Salazar en el 2005, antes de obtener su título de tercer nivel en la carrera de Derecho.

La conclusión fue que Diana Salazar «es la persona que sin duda alguna elaboró e investigó el tema expuesto en la tesis y finalmente es la persona que defiende en grado oral su trabajo de investigación realizado; en consecuencia, es la autora de este trabajo. Admitida la autoría por los examinadores en su momento, no cabe poner en duda la veracidad», se informó en un comunicado oficial.

El análisis a ese documento lo hizo una Comisión Académica por pedido de Acción Jurídica Popular y sus deducciones fueron conocidas por el Consejo Universitario de la UCE el 28 de junio de 2023 que observó, por ejemplo, que hubo «impericia» en el uso de las normas de citación de las fuentes académicas consultadas.

Entre el 1 y 2 de junio, el CPCCS activó el mecanismo de participación de audiencias públicas por pedido de este colectivo y convocó a Salazar para interpelarla porque supuestamente plagió su tesis.

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En esos escenarios, se mencionó que Salazar también habría plagiado un libro que presentó al CPCCS de transición en el 2019 en el concurso público para la designación del titular de la Fiscalía.

A ello se le sumó este artículo indexado, que según sus cuentas tendría un «25 % de plagio», se exponía en esas audiencias públicas.

El caso fue remitido a la Secretaría Técnica de Lucha contra la Corrupción del Consejo, que abrió una investigación basándose en las acusaciones hechas por los activistas.

El expediente fue conocido en un pleno reservado que mantuvieron los vocales del CPCCS este 29 de junio de 2023, aunque la resolución que tomaron se mantiene bajo reserva legal.

Sin embargo, en las redes sociales de portales digitales, los extractos de dicho informe investigativo se divulgaron.

De acuerdo con la ley que rige al Consejo, una de las obligaciones de los vocales del CPCCS es «guardar absoluta reserva sobre las investigaciones que se realicen hasta que se emitan los correspondientes informes. (…) La información reservada solamente podrá ser entregada por los consejeros a los involucrados con el fin de garantizar su derecho a la defensa y el debido proceso». Incumplir esta obligación puede provocar su «destitución».

La fiscal general, Diana Salazar, anunció que tomará acciones legales frente a estos cuestionamientos. «No permitiré que nadie y menos unos cuantos sentenciados por delitos execrables y sus allegados intenten dañar mi buen nombre», se informó en una misiva suscrita por la autoridad. (I)